Un operario realiza adecuaciones en las redes de energía en un sector de la ciudad de Barranquilla.
Un operario realiza adecuaciones en las redes de energía en un sector de la ciudad de Barranquilla. Luis Felipe De la Hoz

Tres cláusulas en Ley de Financiamiento llevaron a posponer proceso de Electricaribe

Superservicios ratifica que el “impacto” para las firmas sería de $500 mil millones. Gobierno nacional seguirá “administrando” la empresa si fracasa la subasta.

Barranquilla

Superservicios ratifica que el “impacto” para las firmas sería de $500 mil millones. Gobierno nacional seguirá “administrando” la empresa si fracasa la subasta.

La tasa nominal de renta, la tasa de las megainversiones y la deducción del IVA pagado en la adquisición de bienes de capital son los tres artículos incluidos en la Ley de Financiamiento que propiciaron un nuevo aplazamiento, hasta febrero de 2020, de la subasta para la escogencia de un nuevo operador para el servicio de energía eléctrica en la región Caribe.

Así lo ratificó Natasha Aveñando, superintendente de Servicios Públicos, quien durante una visita a Barranquilla explicó que estos aspectos tienen un “efecto relevante” en el proceso.

“Esas tres cláusulas son las que más afectaban a la inversión en este proceso. Por eso tomamos la decisión de esperar a tener certeza de las normas tributarias que deben aplicar los inversionistas y, en base a eso, serán sus cálculos de los activos de la compañía y podrán ofertar en febrero”, aseguró la funcionaria, quien participó en el foro ‘Superservicios en las regiones: Construyendo control social’.

La funcionaria también aseguró que la decisión fue tomada para que las seis firmas precalificadas puedan tener el tiempo necesario para estudiar la situación y poder presentar su oferta, teniendo en cuenta que el impacto podría ser cercano a los $500 mil millones.

“Se espera que la Ley de Financiamiento esté aprobada a finales de diciembre y la subasta estaba presupuestada a principios de ese mes. Nos daba la incertidumbre que el inversionista debe hacer los cálculos con las normas vigentes y no con una ley en trámite. Ese es un riesgo muy alto para los inversionistas o el Gobierno teniendo en cuenta cualquiera que sea la decisión”, sostuvo.

Indicó que la Ley de Financiamiento es un “proyecto integral”, por lo que no es posible separar “a pedazos a conveniencia de intereses particulares del Estado”, por lo que el Gobierno nacional tomó la decisión de presentar un nuevo proyecto al Congreso a los pocos días de que la Corte Constitucional declarara dicha ley como inexequible.

“Se presentó casi el mismo proyecto, debido a que la decisión de la Corte fue por un tema formal en el trámite legislativo. Ahora se busca que se subsane, pero con la convicción de que las normas que aprobó el Congreso de la República son las que se necesitan para impulsar el crecimiento económico del país durante los próximos años”, agregó.

Avendaño ratificó que el Gobierno nacional tiene el “compromiso” de seguir administrando la compañía, en el caso de que se declare desierta la subasta.

“En ese momento habrá que estudiar y anunciar las decisiones que se pueden tomar para el futuro. Tiene que quedar muy claro que el Gobierno se compromete con mantener la operación”, explicó.

Además, la superintendente de Servicios Públicos explicó que no se ha analizado en detalle la propuesta de que cada departamento cree una empresa para la prestación del servicio de energía eléctrica: “Precisamente de ahí partió lo que es Electricaribe, fue la suma de las electrificadoras que había en la región Caribe”.

 

“El Gobierno ratifica su compromiso con el proceso”.

Inversiones

El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano De la Rosa, sostuvo que no es posible mejorar la calidad del servicio de energía eléctrica en la región sin que se hagan inversiones por el orden de los 8 billones de pesos tras concretarse el nuevo operador.

“Estamos en la vía para escoger al nuevo operador. Los tres años de intervención han cambiado el panorama, pero es necesario que se hagan dichas inversiones para que haya un cambio sustancial”, indicó.

El mandatario reveló que las interrupciones están en el orden de 100 al año por usuario: “Eso no lo podemos ocultar. No tenemos la calidad que tienen otros sectores del país. Se requiere un proceso de inversiones que dura alrededor de 5 años, contemplado en la construcción de nuevas subestaciones y la renovación de una red con más de 20 años y a la que no se le hace el mantenimiento adecuado”.

El gobernador Eduardo Verano explicó que el presidente Iván Duque ha mostrado interés en que el proceso se finalice exitosamente en el menor tiempo posible.

“Si no tenemos claridad en la Ley de Financiamiento, las bases del conjunto cambia. Es pertinente que haya claridad en ese aspecto”, ratificó.

Por último, Verano indicó que, en el caso de que no sea posible escoger a un nuevo operador, se debe pensar en la nacionalización de la empresa para así poder buscar los recursos necesarios para invertir en las redes y optimizar la prestación del servicio.

“Se requieren inversiones para mejorar el servicio”.

Compromiso para la prestación del servicio

Natasha Aveñando, superintendente de Servicios Públicos, indicó que el Gobierno nacional se encuentra “comprometido” con este proceso y el mejoramiento de la prestación del servicio de energía eléctrica en la Costa Caribe.

“Este proceso lo hemos llevado con mucha seriedad para garantizar que sea exitoso, con la responsabilidad fiscal y financiera del Estado para garantizar el servicio a través de la figura de la intervención”, indicó.

Agregó que la compañía ha contado con un importante número de recursos para garantizar la compra de energía e inversión en las redes.

“Alrededor de $300 mil millones se han puesto para inversiones, aunque el grueso de recursos para inversiones han empezado a fluir desde este año a través de los documentos Conpes, por el orden de $860 mil millones”, explicó la funcionaria, quien aseguró que esperan que la ejecución pueda terminarse el próximo año.

La superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios también expresó que han recibido cerca de 80 mil quejas por la mala prestación de servicios públicos en los departamentos de la región Caribe.

“Una gran cantidad de esas quejas, alrededor del 70%, se han registrado por el servicio de energía eléctrica en la Costa Caribe”, puntualizó Avendaño.

Tasa nominal de renta

El artículo 80 de la Ley de Financiamiento contempla que las empresas recibirán una disminución en la tarifa nominal y el descuento de otros impuestos que actualmente elevan la tarifa efectiva con la que graban su actividad.

Para este año, la tarifa del impuesto sobre la renta y complementarios se encuentra en 33% y se busca reducirla hasta el 30% al año 2022. Dichas disminuciones se harán anualmente y serán de un punto porcentual hasta llegar a la meta deseada.

Asimismo, la medida estará acompañada de la eliminación progresiva de la renta presuntiva que será de 3,5% en 2019, 3% en 2020, 2% en 2021 y 0% en 2022.

Tasa de megainversiones

El artículo 67 expone que habrá beneficios para los contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios que generen, al menos, 2.500 nuevos empleos directos y nuevas inversiones dentro del territorio nacional con valor igual o superior a USD345 millones (30.000.000 UVT) en cualquier actividad industrial, comercial y/o de servicios (excepto actividades extractivas).

Uno de los incentivos tributarios contemplados en dicho aparte de la norma está relacionado con la tarifa del impuesto sobre la renta y complementarios para estos contribuyentes, la cual será del 27% sin perjuicio de las rentas provenientes de servicios hoteleros, que estarán gravadas a la tarifa del 9%.

Deducción del IVA

El artículo 83 de la Ley 1943 de 2018 modifica el artículo 258-1 del Estatuto Tributario para permitir que el 100 % del Impuesto al Valor Agregado

(IVA) que se cancele al momento de adquirir, construir, formar o importar bienes de capital pueda utilizarse como un descuento al impuesto de renta. Este descuento procederá también cuando los activos fijos reales productivos se hayan adquirido, construido o importado a través de contratos de arrendamiento financiero o leasing con opción irrevocable de compra.

Además, el IVA no podrá tomarse simultáneamente como costo o gasto en el impuesto sobre la renta ni será descontable del Impuesto sobre las Ventas (IVA).

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