El secretario de Desarrollo Económico de la Gobernación del Atlántico, Anatolio Santos, asegura que el actual desuso de la planta despulpadora en la vereda Socavón del corregimiento de Pendales, jurisdicción de Luruaco, es responsabilidad de la Agencia Nacional de Tierras y no de la Administración Departamental, como algunos le atañen.
Tanto Santos como el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, han argumentado que el Departamento no fue consultado para esta iniciativa, impulsada desde 2015 por el Consejo Comunitario del grupo étnico de Matamba, representado legalmente por la asociación Aprosol, y asesorado por la Fundación Gaia.
La directora ejecutiva de esta organización, Claudia Marcela Sánchez, afirmó a EL HERALDO que hoy es necesario un tendido eléctrico trifásico (sistema generador de 3 tensiones) para que funcione la maquinaria, superior a la difásica que actualmente hay en la vereda.
'Ni la Gobernación ni la Alcaldía son responsables del proyecto, pero la red trifásica ya le corresponde a la Gobernación. Los servicios públicos domiciliarios son función del Estado, invertir en este tipo de redes', indicó.
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Tal como lo dio a conocer este medio en la edición de ayer, habitantes y productores frutícolas del corregimiento denuncian que están perdiendo toneladas de mango en la actual cosecha porque la empresa privada no da abasto con la 'superproducción' generada por las lluvias del año pasado y la despulpadora no funciona desde el día que fue anunciada su inauguración, el primero de noviembre de 2016.
'Esto lo montan a espaldas de la Gobernación del Atlántico, no aportamos plata ni nos invitaron a la socialización del proyecto que montan sin facilidad de energía, ni agua ni vías. Ahora le achacan a la Gobernación y la Agencia Nacional de Tierras no da respuesta sobre eso', enfatizó Santos.
Luego de que este hecho trascendiera a los medios de comunicación, Verano designó a la secretaria de Planeación, Mercedes Muñoz, para ver 'qué posibilidad hay de meter la parte eléctrica'.
¿Inauguración?
Según un comunicado publicado el primero de noviembre de 2016 en la página web de la Gobernación, a las 5:21 de la tarde, el proyecto se llevó a cabo con el aporte de $675 millones del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder, hoy la Agencia Nacional de Tierras. Además de $70 millones que habría entregado la Alcaldía de Luruaco y la misma comunidad para la adquisición del predio donde se construyó la planta. Los pendaleros obtuvieron los recursos a través de rifas, bingos y otras actividades, además de brindar la mano de obra necesaria para la adaptación del lugar.
Ese día el gobernador sostuvo una cinta tricolor en el portón de la bodega donde hoy permanece la despulpadora, en compañía del alcalde de Luruaco, Antonio Roa, mientras el director de la Agencia Nacional de Tierras, Miguel Samper Strouss, cortaba la cinta. Formalizaban una inauguración que dejó una foto para el recuerdo. 'Ese día montaron una planta eléctrica. Por eso el gobernador ve que la planta está funcionando, pero se acabó la inauguración y se llevaron la planta', evocó Santos.
Sánchez ve la misma situación desde otro contexto. Afirmó a EL HERALDO que ese día 'realmente no hubo una inauguración, sino una avanzada'.
'Incoder dio los recursos a la comunidad y pasó a la Agencia Nacional de Tierras. Esta lo que hizo fue recibir. En ese momento se fue a revisar lo que estaba recibiendo, un acto protocolario', argumentó la directora.
En ese mismo comunicado Verano detalló que son inicialmente 50 familias las que se beneficiarían con la despulpadora, pero la idea es que los productores del corregimiento de Santa Cruz y el municipio de Santa Catalina (Bolívar) también pudieran traer sus cosechas para su transformación y posterior comercialización.
La directora ejecutiva de la fundación puntualizó que hoy mucha gente de Pendales está confundida, porque 'creen que es un beneficio para toda la comunidad' y solo es para las 50 personas afrodescendientes, y que están individualizadas en una resolución ya expedida por la Agencia.
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'Matamba por ser comunidad étnica y estar asociada, es decir que tiene personería jurídica, accedió a este beneficio. Es la primera comunidad étnica con titulación colectiva en el departamento del Atlántico', explicó.
El predio
A diferencia de lo que anunció la Gobernación en el comunicado del primero de noviembre, Hermes Pugliese, el terrateniente que vendió una hectárea de su parcela para el proyecto, dijo que su compra fue por $25 millones y no $70 millones. Sánchez también habló de la misma cifra e hizo la salvedad de que la Alcaldía de Luruaco no puso un peso en su momento, como también informó la Administración Departamental en el comunicado.
El alcalde municipal, Antonio Roa, manifestó a EL HERALDO que 'nosotros estamos indagando y hasta ahora no hemos determinado que la Alcaldía haya puesto dinero para el proyecto'.
