Muertes por desnutrición infantil subieron 36% en 2018

Trabajo infantil, drogadicción y atención a la primera infancia, fueron algunos de los  temas abordados en la comisión de DD. HH. del Senado que sesionó ayer en el Concejo.

Luis Felípe De la Hoz
Miembros de la Comisión de Derechos Humanos sesionando en el recinto del Concejo de Barranquilla. Luis Felípe De la Hoz
Barranquilla

Trabajo infantil, drogadicción y atención a la primera infancia, fueron algunos de los  temas abordados en la comisión de DD. HH. del Senado que sesionó ayer en el Concejo.

Los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos y Audiencias del Senado de la República sesionaron ayer en las instalaciones del Concejo de Barranquilla. 

Durante la audiencia se trató el tema de la protección integral de los derechos de la niñez y la definición de una política pública en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022.

La comisión estuvo presidida por el senador Alexander López Maya, del Polo Democrático, quien  presentó una propuesta enfocada en un plan nutricional que garantice la alimentación de los niños, teniendo en cuenta que las cifras sobre muerte por desnutrición infantil “son alarmantes e impactan principalmente a departamentos como Atlántico y La Guajira”.

“La falta de agua, de salud y la corrupción influyen en esta barbarie que está afectando a niños y adolescentes”, indicó López Maya.

Ante este hecho, la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar,Juliana Pungiluppi, dijo que las cifras nacionales que ha entregado el Instituto Nacional de Salud (INS) son preocupantes.

“El reporte dice que hubo un aumento en el último año del 36%, quiere decir que el número de casos confirmados en el 2017 era de 252 y en el 2018 fueron 346, todos asociados a  mortalidad infantil por desnutrición aguda”, dijo Pungiluppi. 

Además del Icbf, en la audiencia estuvieron senadores,delegados de la Unicef, Defensoría del Pueblo, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Fiscalía y representantes de los ministerios. 

En la jornada, que se extendió por seis horas, cada uno de los congresistas tuvo 10 minutos para presentar su propuesta.

Entretanto, la senadora  del partido Mira, Aydeé  Lizarrazo, dijo que en el sector rural la práctica de trabajo infantil ha alcanzado niveles “preocupantes”. 

A su turno, Claudia Castellanos de Cambio Radical dijo que “Colombia no cuenta con una política migratoria que permita garantizar los derechos de los niños”. 

Mientras que la senadora Sandra Ramírez, del partido Farc, manifestó que “se deben priorizar las medidas de atención integral para la niñez en zonas de sustitución de cultivos y zonas afectadas por el conflicto”. 

La senadora del Centro Democrático Paloma Valencia hizo un llamado al Icbf  para que tenga en cuenta a las familias y responda a las necesidades que tienen las madres cabeza de hogar. 

Senadores de diferentes bancadas coincidieron esta vez en que lo más importante es que la comisión se mantenga para darle continuidad a los procesos en los que se avance junto a la autoridades y ONG para garantizar los derechos fundamentales de los menores.  

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) también hizo su aporte en la sesión y se refirió a través de su representante, Blanca Patiño, a las cifras de trabajo infantil. La funcionaria indicó que en la región el 5.3% de los menores trabajan. 

Para el presidente del Concejo de Barranquilla, Juan José Vergara, este debate realizado en la capital del Atlántico es “importante” porque ayuda a visualizar los efectos que ha causado la migración de niños venezolanos y a contrarrestar las cifras de desnutrición en la ciudad y el departamento. 

Casos de reclutamiento infantil 

Mario Gómez, fiscal delegado para la violencia de niños y niñas, dijo que la Fiscalía adelanta 2.500 investigaciones sobre reclutamiento por parte de grupos armados ilegales. De las cuales se han logrado 600 condenas en ese plazo. “Se ha ido aumentando el nivel de denuncias frente a ese delito en lo que tiene que ver con prácticas asociadas a grupos de narcotráfico”, indicó Gómez. Por su parte, la directora del Icbf señaló que el número de casos, aunque no se compara con el reclutamiento que había antes del acuerdo de paz con las Farc, el flagelo continúa siendo muy preocupante. Los nuevos casos —dice la funcionaria— se le atribuyen al Eln, las disidencias de las Farc y a otros grupos al margen de la ley. “Estamos trabajando en programas de prevención de la mano de organizaciones como la Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito”, manifestó Pungiluppi. 

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