CGR inició actuación especial en Triple A por el caso del excontralor
El gerente general de la empresa, Guillermo Peña, aseguró que pese a la caída del recaudo durante la pandemia la compañía siguió operando.
En total fueron 51.135 usuarios a los que se les garantizó el suministro de agua potable durante la pandemia, tras estar suspendidos por mora o fraude. Así lo confirmó el gerente de Triple A, Guillermo Peña, en diálogo con EL HERALDO.
Frente al impacto económico, el directivo explicó que se registró una disminución del 16% del recaudo con relación al promedio, esto equivale a un total de $48 mil millones hasta el mes de julio. Mientras que los costos de reconexión de los usuarios fueron por más de $500 millones.
“A pesar de esto la compañía siguió operando, no tuvimos ningún tropiezo de liquidez o falta de recursos para la operación”, dijo Peña.
Para evitar reducción en el flujo de caja que pudiera afectar y poner en riesgo la prestación del servicio, la empresa recibirá mediante líneas de crédito dispuestas por el Gobierno, a través de Findeter, un desembolso de $15 mil millones.
“Tuvimos un cupo de 26 mil millones para los estratos 1 y 2 que es un crédito sin intereses para pagar en 36 meses. Adicional salió una línea de crédito para los estratos 3 y 4 que ya nos autorizaron por 7. 800 millones de pesos”, detalló el directivo.
El consumo residencial de los estratos 1,2 y 3 representa el 70% de los usuarios de Triple A. Precisamente en estos sectores fue donde más aumentó el consumo y se redujo el recaudo. Sin embargo, las cifras no fueron suficientemente altas para afectar las finanzas de la empresa, que también puso a disposición de los usuarios distintos convenios de pago.
En el caso del sector comercial, que sufrió grandes consecuencias con la crisis sanitaria, bajó el consumo y por ende el recaudo.
“La tendencia en el mes de agosto mejoró, superamos el recaudo del 80% cuando estuvimos en el 76%”, puntualizó el gerente.
Asume aseo
En medio de la emergencia sanitaria, Triple A asumió el reto de la operación del servicio de aseo en Barranquilla. La empresa no solo adquirió nuevas compactadoras y vehículos adicionales que disminuyen en un 20% las emisiones de CO2, sino que generó 250 nuevos empleos.
“Este proceso empezó en agosto de 2019, la Junta Directiva nos autorizó asumir directamente el servicio de recolección y transporte de Barranquilla. Teníamos un contratista que estuvo 22 años haciendo esta labor, a ellos se les prorrogó el contrato mientras se definía cuál era el modelo ideal de negocio ”, explicó Peña.
Después de surtir varios trámites, finalmente el pasado 1 de julio se hace oficial la operación que convierte a la ciudad en la más moderna en cuanto a flota de recolección de residuos del país.
Las nuevas compactadoras contribuyen a mejorar los índices de la calidad del aire y aportan a la disminución de la contaminación auditiva, ya que generan bajos niveles de ruido.
La actividad de barrido de la ciudad quedó adjudicada a cuatro contratistas desde el 1 de agosto.
Abastecimiento de agua
Más de 9 mil metros cúbicos de agua potable, equivalentes a unas cuatro piscinas olímpicas, fueron entregados a comunidades de Piojó, Puerto Colombia, Tubará y Baranoa.
Dentro de las acciones preventivas, la empresa de aseo suma 111 áreas públicas desinfectadas. Los lugares escogidos son de gran afluencia en varios municipios del Atlántico.
El gerente recordó la decisión de la Superintendencia de Sociedades que ordena a la Cámara de Comercio de Barranquilla que se realice una modificación en el registro mercantil de la empresa Triple A, para que conste la inexistencia de la situación de control por parte de la española Canal Isabel II –a través de su filial Inassa– desde el 3 de octubre de 2018.
La Contraloría General de la República asume una actuación especial que se prolongará hasta el mes de diciembre sobre la denuncia presentada por Triple A debido a una serie de peticiones y ofrecimientos que el excontralor distrital Jesús María Acevedo Acevedo habría hecho de manera directa al gerente Guillermo Peña.
La petición de trasladar el caso a la Contraloría General en Bogotá fue solicitado directamente por la compañía. “Esperamos que todo salga bien y estaremos dispuestos a entregar toda la información que se requiera”, anotó el gerente.
La denuncia por el delito de concusión en contra el jefe del órgano público fue interpuesta en julio pasado ante la Fiscalía General de la Nación.
El gerente explicó que todo el lío empezó cuando recibieron varios requerimientos por parte de la Contraloría distrital que eran contestados de acuerdo a lo expuesto en la ley. Ante las investigaciones frecuentes que no entendía, decide reunirse con el contralor quien le ofreció para su defensa una firma de abogados, que coincidencialmente era la misma compañía de la empresa familiar de abogados que tiene el excontralor.
Sobre esta situación el gerente general de Triple A dijo que ha recibido amenazas.
Dentro del balance que entregó el gerente de Triple A, también informó sobre la notificación de una multa que fue interpuesta esta semana por la Superintendencia de Servicios Públicos por $6 mil millones.
La investigación que se abrió en el 2018 tiene relación con cobros de asistencia técnica y por gastos que, según la Superservicios, no debieron ponerse en esas cuentas. Adicionalmente se avisó de una nueva multa por $500 millones por la omisión de información que debía ser notificada en el Sistema Único de Información de la Superintendencia en el periodo comprendido entre el 2015 y el 2018.
“Indudablemente esto tiene unos recursos y vamos a apelar a ellos, teniendo en cuenta la proporción de la sanción”.
Peña confirmó que esta investigación no incluye su periodo de gerencia.
