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La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) informó este miércoles 6 de mayo la imposición de sanciones contra la Corporación de Abastos de Bogotá S. A. (Corabastos) y dos personas naturales relacionadas, luego de establecer incumplimientos a la Ley 155 de 1959. La decisión tiene efectos relevantes sobre el funcionamiento del principal centro de abastecimiento de alimentos del país.

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Según la entidad, se identificaron acciones encaminadas a limitar la competencia en el mercado de bienes agroalimentarios y en los servicios asociados que operan dentro de la central mayorista.

La importancia del caso radica en que Corabastos concentra el mayor movimiento de alimentos al por mayor en Colombia, al canalizar más del 30 % del suministro nacional de productos, de acuerdo con datos del Dane.

Durante la investigación administrativa se determinó que en 2022 la corporación introdujo cambios a su reglamento interno con la finalidad de restringir el ingreso de ciertos comerciantes, lo que fue considerado por la autoridad como una “barrera artificial” que redujo la posibilidad de participación de nuevos actores en el mercado.

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Este tipo de restricciones no solo tuvo repercusiones en los comerciantes, sino también en los consumidores, al afectar dinámicas de competencia que influyen en precios, calidad y variedad de los productos disponibles en tiendas, plazas y pequeños negocios.

En su pronunciamiento, la SIC señaló que,”se vulneró el derecho de la ciudadanía a elegir libremente entre diversas opciones de oferta de productos agroalimentarios. Asimismo, la restricción impuesta habría impedido a proveedores actuales o potenciales contar con una mayor diversidad de demandantes al interior de la central”.

Como resultado del proceso, el organismo impuso sanciones económicas que incluyen multas por $71.288.570 a las personas naturales involucradas y una sanción de $260.063.219 a la Corporación de Abastos de Bogotá S. A.

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Además de las multas, la Superintendencia ordenó la eliminación inmediata de las prácticas consideradas anticompetitivas y exigió la modificación de las normas internas de Corabastos para garantizar condiciones de acceso más equitativas y el cumplimiento del régimen de libre competencia.

La entidad destacó que Corabastos es una infraestructura estratégica y difícil de reemplazar, ya que allí se forman los precios de referencia que impactan todo el sistema de distribución de alimentos en el país, desde grandes superficies hasta tiendas de barrio.

Finalmente, la SIC reiteró que la vigilancia sobre posibles abusos en el sector agroalimentario es clave para proteger la seguridad alimentaria nacional. La decisión aún no está en firme, por lo que las partes sancionadas pueden interponer recurso de reposición ante la Superintendente de Industria y Comercio.

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