Por medio de una publicación en su cuenta de X, el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, criticó la decisión tomada por el Gobierno nacional de trasladar a cárceles del Atlántico a Jorge Díaz, alias Castor y jefe de Los Costeños; y Digno Palomino, jefe de Los Pepes.
“¡Increíble el actuar del Gobierno nacional! En lugar de enviar refuerzos a nuestra fuerza pública, nos trasladan a peligrosos criminales como Digno, Castor, el ‘Negro Ober’ y 40 delincuentes adicionales a estas cárceles que no cuentan con condiciones de seguridad para albergar a estos criminales, ignorando también el dolor de nuestra gente", se lee en mensaje del alcalde Char.
En respuesta, el Ministro de Justicia, Andrés Idárraga, le manifestó al alcalde a que “no tergiverse: aquí no hay ‘premios’”, y aseguró que estas decisiones buscan resultados frente a una crisis de violencia que la administración local no logró contener.
Asimismo, Idárraga recordó que, “el Gobierno nacional asumió decisiones difíciles para frenar el desangre y logró que, a través de diálogos de paz, ‘Los Pepes’ y ‘Los Costeños’ acordaran una tregua, lo que permitió reducir un 57% los homicidios y un 84% la extorsión a finales de 2025, según el Ministerio de Defensa”.
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Además, resaltó que la ciudad llegó a estas cifras de violencia después de años de crecimiento criminal, en 2024, Barranquilla registró 487 homicidios, el año más violento, y la extorsión había aumentado un 458 % entre 2021 y 2023.
“Las cifras de la Policía no son opinión, y su discurso no las cambia. El Gobierno nacional asumió los problemas que usted no ha podido controlar incluso con millonarios recursos”, señaló Idárraga, recordando la pregunta clave sobre los 78.000 millones de pesos recaudados del impuesto a la seguridad en el Atlántico y su relación con la violencia en la ciudad.
Finalmente, Idárraga expresó que “la lucha contra la criminalidad exige institucionalidad unida, con responsabilidades claras y de frente a la ciudadanía. Por ahora, el traslado de estos cabecillas está suspendido. El pueblo barranquillero merece antes una coordinación institucional entre el INPEC, la Policía Nacional y las autoridades locales: Alcaldía de Barranquilla, autoridades del Atlántico, para garantizar vigilancia estricta y control permanente”.
