Debido al incumplimiento de la orden de demolición del edificio Michel –ubicado en la carrera 61 con calle 66, en zona patrimonial del barrio Bellavista de Barranquilla– se solicitó la apertura de un incidente de desacato.
El abogado Víctor Manuel Ríos aseguró que la solicitud fue hecha teniendo en cuenta que en los fallos de primera y segunda instancia se determinó que la edificación de cinco pisos deberá ser demolida tras haber incurrido en una falta grave en términos urbanísticos por la destrucción previa de una casa considerada patrimonio de la Nación.
“Las acciones de las autoridades se han quedado en simples requerimientos a particulares. No hay un apersonamiento eficaz o inmediato para materializar esta orden judicial”, sostuvo el jurista.
Indicó que recientemente fue notificado de una disponibilidad presupuestal de $250 millones por parte del Distrito de Barranquilla para materializar dicha orden. Sin embargo, hasta el momento no se ha ejecutado y por ende inició un incidente de desacato.
“Debo destacar que la acción popular va encaminada solo y exclusivamente a la demolición y a la restitución”, manifestó.
Ríos indicó que la defensa de la propietaria del edificio ha interpuesto “innumerables” acciones de tutela y derechos de petición para dilatar la demolición del inmueble. Eso ha incluido indebidas asesorías a los arrendatarios y una indebida información a los vecinos.
“Son asesorías sacadas de los cabellos, donde inclusive ya hay un abogado comprometido disciplinariamente en estos asuntos que ya fue denunciado ante el Consejo Superior de la Judicatura y obviamente aparecen denuncias penales en contra de este profesional del derecho y en contra de la persona o de las personas más bien que se han sustraído de cumplir esta orden judicial”, sostuvo Víctor Ríos.
Expuso que, ante este panorama, se estudia la posibilidad de que el caso sea llevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con el fin de solicitar una veeduría especial que permita la materialización de las órdenes judiciales.
Las acciones del Distrito
En un documento conocido por EL HERALDO, la Oficina de Procesos Urbanísticos de la Secretaría de Control Urbano hizo una relación de las actuaciones que se han venido adelantando desde el año 2022 para dar cumplimiento a la orden judicial.
Desde la administración distrital se solicitó recientemente que la propietaria del edificio entregara un informe sobre los contratos de arrendamiento vigentes que involucren al inmueble, así como se requirió la remoción de las torres de comunicaciones que operan en ese lugar.
En septiembre del año anterior ya se había comunicado a los residentes, arrendatarios y propietarios del edificio Michell la decisión tomada por los juzgados y se solicitó que se abstuvieran de renovar los contratos de arrendamiento.
En ese mes se llevaron a cabo una serie de reuniones preparatorias para dar cumplimiento al fallo de la acción popular. Eso conllevó a requerir información sobre los permisos y las vías para realizar dichas solicitudes ante las autoridades competentes.
Asimismo, en mayo de 2023 se informó que era necesario contratar un estudio especializado para la valorización arquitectónica del edificio y de los inmuebles colindantes “a fin de determinar con exactitud las características técnicas tipológicas, estado de construcción, patologías y las posibles afectaciones en la eventualidad de una demolición”.
El año anterior, la administración distrital indicó a EL HERALDO que se avanzaba en la construcción de un plan de intervención para garantizar el cumplimiento del fallo sin ocasionar mayores afectaciones a inmuebles aledaños. Todo esto, dado que ocho predios de la zona, que son patrimoniales, están en posible riesgo.
También puso de presente en su momento que ya se había adelantado la caracterización, levantamiento técnico, actas de vecindad, informes de riesgo, y se adelantaban consultas con expertos en conjunto con el Ministerio de Cultura.
Lo que dicen los vecinos
Son muchas opiniones las que tienen vecinos del edificio Michel con relación a su demolición. Algunos ciudadanos creen que este proceso permite frenar la vulneración de derechos colectivos, puesto que la casa que derribaron para construir la edificación era un patrimonio histórico y cultural de la ciudad.
Rubén Darío Rocha aseguró que la decisión “es buen ejemplo para ciudad”, en temas de conservación cultural.
La misma posición es compartida por la abogada Tatiana Mendoza, quien con añoranza recuerda los días en que junto a sus amigos del barrio jugaban en la terraza de esa casa y sus dueñas les brindaban jugo o gaseosa.
“Muchos de los que fuimos vecinos no estuvimos de acuerdo, porque se supone que cuando un inmueble es considerado patrimonio no se puede modificar”, indicó.
Mientras que la ciudadana Sosnelly Romero, por su parte, cuestionó que se vaya a demoler el edificio tras más de 14 años: “No sé qué consiguen con eso. Eso debieron hacerlo desde un principio, no ahora”.
Antecedentes
Cabe anotar que la construcción del edificio fue suspendida en el año 2010 por no contar con los permisos correspondientes. La dueña del inmueble procedió, después de un tiempo, a violar la orden de suspensión y levantó los sellos para continuar con la construcción.
En su momento se le impuso una multa por $62 millones, así como se ordenó la demolición del inmueble y su reconstrucción para restituirlo al inventario de patrimonio histórico de la ciudad.
Empero, la suma de dinero no fue cobrada mediante cobro coactivo, ni la decisión se logró materializar.
No hay respuestas de la propietaria
Para conocer su opinión frente a este caso, EL HERALDO consultó a Auristela Mendoza, la propietaria del edificio. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición no se ha conocido respuesta alguna de su parte a las preguntas que le fueron enviadas.
