Una acción popular será presentada para frenar el cobro de la valorización a los predios ubicados en la zona de influencia de la Vía al Mar y la Circunvalar de la Prosperidad.
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El anuncio fue hecho por el senador Carlos Meisel, quien indicó que tomó la decisión de presentar este recurso para evitar un “nuevo atropello” al Caribe colombiano.
Recordó que este martes presentó una proposición de control político a la ministra de Transporte, María Constanza García, para que rinda explicaciones con relación al cobro de este tributo.
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“Es muy probable que en el Congreso no se logre nada, por lo que vamos a hacer uso de todas las opciones legales para tumbar ese despropósito. Invito a toda la sociedad civil para que nos respalde, para que nos acompañe con firmas. Vamos a tumbar este nuevo atropello contra el Caribe”, recalcó el congresista del Centro Democrático.
Cabe recordar que el senador Mauricio Gómez también convocó la realización de un control político a la nueva ministra de Transporte, María Constanza García.
“El cobro de valorización afectará no solo a los habitantes y comerciantes de los barrios del noroccidente de Barranquilla como Miramar y Villa Santos, sino también a la gente de los municipios de Puerto Colombia, Piojó, Juan de Acosta y Tubará, así como también a Soledad, Malambo y Galapa, al tener estos últimos jurisdicción en esta zona costera a través de la Prosperidad”, sostuvo Gómez Amín.
En su momento, el congresista liberal indicó que este gravamen es “injusto” e “imparcial”, teniendo en cuenta que “la carga financiera recaería desproporcionadamente sobre los residentes y comerciantes locales, obstaculizando el desarrollo económico y social de estas comunidades”.
Inconformismo en el Caribe
El anuncio hecho por el Ministerio de Transporte de que en las “próximas semanas” se iniciará el cobro de valorización en los predios ubicados en la zona de influencia del eje vial Cartagena – Barranquilla, que comprende la Vía al Mar y la Circunvalar de la Prosperidad cayó como un “baldado de agua fría”.
Efraín Cepeda, presidente del Comité Intergremial del Atlántico, aseguró que este cobro se constituye en una “amenaza de confiscación” de los predios que están ubicados en un radio de 5 kilómetros desde el eje de dichas vías.
“Eso significa que serán gravados casas, apartamentos, lotes y todo tipo de predios de prácticamente todo Puerto Colombia, incluyendo la sectores como Villa Campestre, Lagos de Caujaral, Portal de Genovés, entre otros. En Barranquilla, buena parte de la zona norte y noroccidental con sectores como La Castellana, Buenavista y Miramar, y a nivel departamental serán afectados los municipios de Luruaco, Piojó, Juan de Acosta, Tubará, Galapa, Soledad y Malambo”, recalcó el líder gremial.
Puso de presente que, en un principio, el Gobierno nacional proyectaba recaudar $724.544 millones, sin embargo, se incrementarían los ingresos debido a que “ya no hablan de 60 mil predios, sino de una base gravable de 240 mil predios. O sea que multiplican por cuatro veces la base gravable inicial”.
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Además, enfatizó que “es muy grave porque al registrar el cobro en el folio de la matrícula inmobiliaria de los predios afectados por la derrama de dicha valorización, prácticamente estaríamos sometidos a una confiscación”.
