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Mininterior tiene la última palabra sobre desmonte de placa

La solicitud fue hecha por abogados barranquilleros que dicen que se incumple con  el decreto 2759 de 1997.

Dos abogados barranquilleros interpusieron un derecho de petición al presidente de la República, Iván Duque Márquez, a la Alcaldía Distrital de Barranquilla y a la Gobernación del Atlántico, para que sea retirada la placa instalada hace un año en el puente Pumarejo, dado que se estaría incumpliendo la normatividad.

Luego de que la abogada Marla Gutiérrez, lograra que el Tribunal Administrativo del Atlántico ordenara quitar la placa instalada en la entrada del Túnel de la Línea, inaugurado por el presidente Duque el pasado 4 de septiembre, los abogados Roberto Tapia y Fernando Borda presentaron un derecho de petición para que la misma decisión se aplicara en el caso del puente Pumarejo.

Los abogados argumentan que el Artículo 01 del Decreto 2759 de 1997 prohíbe “la colocación de placas o leyendas o la erección de monumentos destinados a recordar la participación de los funcionarios en ejercicio, en la construcción de obras públicas, a menos que así lo disponga una ley del Congreso”.

“Hicimos la petición al presidente de la República y nos respondió y la pasó al Ministerio del Interior, donde ya están dándole respuesta. Ellos saben que si ya hay una sentencia que lo ordenó en otro caso, tienen que también quitarla, se la pasamos a la Gobernación y la Alcaldía porque también aparecen”, dijo el abogado Tapia en diálogo con EL HERALDO.

En dicha placa inaugural aparecen los nombres del presidente Iván Duque Márquez, la vicepresidenta de la república, Marta Lucía Ramírez; la ministra de Transporte, Ángela María Orozco; el director general de Invías, Juan Esteban Gil; el gobernador del Atlántico en ese año, Eduardo Verano; la gobernadora del Magdalena de ese momento, Rosa María Cotes; el alcalde de Barranquilla de la época, Alejandro Char, y el alcalde de Sitionuevo, José Manuel Gómez.

Así mismo, explicó que en la ciudad son varias las placas instaladas que van en contra de lo que se establece en el decreto mencionado anteriormente, lo cual es considerado como “prevaricato”.

“Cuando tú haces un hecho o un acto administrativo contrario a la ley, estás prevaricando a sabiendas que lo estás haciendo. Les estoy dando la oportunidad de que la quiten sin que un juez lo ordene. Hay que acabar con el culto a la personalidad, los dineros que se invierten en las placas son dineros de los ciudadanos, no son dineros de los bolsillos de los funcionarios”, expresó.

Según los juristas, durante su investigación encontraron alrededor de 25 placas instaladas en diferentes obras de la ciudad, en las que no solamente aparecen nombres, sino -además- fotos de funcionarios, por lo que también presentaron un derecho de petición a la Alcaldía y a la Gobernación el pasado 26 de noviembre.

“Todavía no he podido presentar la demanda porque estoy esperando que se me venza el término”, manifestó.

Finalmente, informó que también presentaron un derecho de petición a la Secretaría de Hacienda, para que rinda un informe del costo para la producción e instalación de esas placas, porque “si eso es así, las personas que aparecen en esas placas, deberán devolver ese dinero a los ciudadanos, porque es plata que no ha debido invertirse en algo que está totalmente contrario a la norma”.

Por su parte, la Secretaría Jurídica Distrital manifestó que el derecho de petición se encuentra en trámite y que se le ha comunicado a la ADI y a la Secretaría de Deportes, entidades que pudieran tener competencia para atender la solicitud del retiro de las placas en parques y canchas de la ciudad.

“Estamos evaluándolo todavía, hay que tener en cuenta que la decisión que se ha mencionado en el escrito es una decisión de primera instancia que está en apelación en el Consejo de Estado. Hay que mirar las particularidades de cada una de las situaciones, ahora mismo estamos en valoración en evaluación y estamos próximos a preparar una respuesta”, dijo Adalberto Palacios, secretario Jurídico.

Placa conmemorativa ubicada en el puente Pumarejo. Luis Rodríguez
El caso del Túnel de La Línea

La abogada Marla Gutiérrez, en diálogo con EL HERALDO, contó que junto al Instituto de Pensamiento Liberal, se dieron a la tarea de investigar sobre la placa del Túnel de la Línea y fue así como se dieron cuenta que se estaba violando una norma del año 1997.

En ese sentido, “lo primero que hice fue elevar una petición a presidencia para que fuera retirada la placa, una petición para configurar renuencia, que es diferente al derecho de petición. Pasados 10 días no me respondieron, al final logré una respuesta y dijeron que la culpa era de Invía. Ante el incumplimiento de ellos de no retirarla, me presente ante el tribunal administrativo del Atlántico para pedir que se cumpliera la norma”, explicó Martínez.

El tribunal determinó en noviembre que la abogada tenía razón, por lo cual ordenó a presidencia retirar la placa, pero Invías, la Gobernación del Tolima, el Ministerio de Transporte y Presidencia, impugnaron la decisión, de tal manera que actualmente se está a la espera del fallo que va a confirmar o desestimar la sentencia del Tribunal Administrativo del Atlántico.

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