La decisión final de la instalación del peaje en Arroyo de Piedra, contemplado en el proyecto de conectividad vial Barranquilla - Cartagena, queda en manos de las comunidades. El vicepresidente de Planeación, Riesgos y Entorno de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Guillermo Toro, sostuvo que se busca –en mesas de trabajo– definir y llegar a acuerdos con los habitantes de la zona de influencia para concretar la ejecución de las obras de este corredor.
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'En este momento está previsto dentro del contrato la instalación del peaje en Arroyo de Piedra, así debería hacerse, sin embargo como lo hemos hecho en otras concesiones del país será el acuerdo con las comunidades quienes definan finalmente si el peaje se instalará exactamente dónde se tiene previsto, se accederá a tarifa diferencial o se reubique en otro punto', dijo.
El alto funcionario hizo, en su visita a Barranquilla, un llamado a los alcaldes y a la gobernadora del Atlántico para que se pueda acceder a las comunidades y lograr socializar el proyecto y sus beneficios.
'Nos hemos reunidos con la gobernadora, los alcaldes y congresistas del departamento para contarles cómo avanza este proyecto y las dificultades que hemos venido presentando en su financiación. Es importante que desde las comunidades podamos acceder a socializar este proyecto, la importancia e impacto que va a tener favorablemente en empleos, inversión, en encadenamiento productivo para el territorio y finalmente mejorar las condiciones competitividad y calidad de vida de todos los atlanticenses', aseveró Toro.
Señaló que actualmente hay unas demandas de las comunidades en torno a la instalación del peaje de Arroyo de Piedra, por lo que se está –dijo– revisando los mecanismos que permitan llegar a acuerdos y establecer soluciones a esas comunidades que han venido demandando la atención de la Nación para que el proyecto pueda seguir adelante.
'Este proyecto contempla siete peajes, de los cuales actualmente están seis existentes y uno que se prevé nuevo en Arroyo de Piedra que aún no ha podido construirse porque allí tenemos una estrategia diferenciada para manejarla más adelante con las comunidades. Actualmente se encuentra suspendido el peaje de Turbaco y los otros cinco peajes se encuentran en operación', contó.
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De acuerdo con el funcionario de la ANI, el proyecto contempla alrededor de 70 kilómetros de doble calzada, variantes, 16 puentes peatonales y el mantenimiento de operación de 253 kilómetros de vía durante los próximos 30 años.
'Lo más importante es que hemos recibido el apoyo de todos los alcaldes y la gobernadora del Atlántico de que este es un proyecto que necesita el territorio por los empleos que va a generar que son más de 30 mil al año, son además $6 billones de inversión en el departamento del Atlántico y Bolívar, de $26 billones que está invirtiendo en proyectos carreteros la Agencia Nacional de Infraestructura y sería muy desafortunado que este proyecto por condiciones de iliquidez pueda llevarse a una eventual terminación anticipada', puntualizó.
Tras la reunión, la gobernadora Elsa Noguera reiteró su desacuerdo con la instalación del peaje en Arroyo de Piedra como está planteado en el proyecto de la ANI.
Igualmente, señaló que se están revisando diferentes alternativas, incluyendo que se retomen las obras sin el cobro del peaje para generar confianza entre los ciudadanos.
Del mismo modo, señaló que estas reuniones con los alcaldes continuarán hasta lograr la mejor salida para las comunidades.
El alcalde de Malambo, Rumenigge Monsalve, reconoció que esta iniciativa impulsa el desarrollo vial del departamento, pero advirtió que también se tiene que mirar el impacto de las comunidades por el cobro de los peajes.
'No estamos en contra de las inversiones que deba realizar esta concesión pero estamos solicitando una tarifa justa o preferencial para la comunidad', advirtió Monsalve.
El burgomaestre enfatizó que la instalación de esa caseta debe ser socializada con la comunidad y establecer realmente cuáles son los beneficios que le traerá a ese sector del Atlántico.
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Por su parte, el alcalde de Sabanagrande, Gustavo De la Rosa, le insistió a la ANI en la necesidad de establecer tarifa diferencial para que las comunidades no se vean impactadas en su economía.
Aseguró que la comunidad está muy molesta por lo que se podrían producir nuevas manifestaciones en contra del cobro del peaje por parte de Ruta Caribe II.
Entre tanto, la representante a la Cámara Ana Monsalve resaltó la necesidad de los dos peajes, el de Turbaco y el de Arroyo de Piedra, con una doble calzada que mejore el tránsito entre los departamentos. Dentro de la mesa se contempló una tarifa diferencial, y el no cobro de peajes durante un tiempo determinado.
'Esta es una inversión que nuestro territorio necesita. Nosotros como Representantes buscamos que se garantice el progreso, pero con la tranquilidad de que se haga en forma concertada con la comunidad, para que no les genere afectaciones', aclaró.
