Un balance agridulce fue entregado por los miembros de la bancada legislativa del Atlántico tras la reunión realizada este martes con la ministra de Transporte, María Constanza García, para analizar una posible suspensión del cobro de valorización en la Vía al Mar y la Circunvalar de la Prosperidad.
En el encuentro, que se llevó a cabo en Bogotá, se dieron a conocer nuevos detalles del cronograma de aplicación del gravamen. Uno de ellos corresponde a que los primeros pagos se deberán realizar, a más tardar, en marzo del próximo año.
Efraín Cepeda, presidente del Congreso, aseguró que no existe un proceso de concertación con las comunidades de Atlántico y Bolívar alrededor de este proceso, que se constituye en una especie de “castigo confiscatorio” contra la región.
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“Esta valorización no cumple con el principio Constitucional de no retroactividad de los tributos, este es un cobro ilegal, pues la obra se entregó antes de la entrada en vigencia de la modificación de la ley”, expuso el congresista conservador.
A su turno, Carlos Meisel, de Centro Democrático, no ocultó su inconformismo por la decisión del Gobierno de seguir adelante con el cobro de la valorización, sin tener en cuenta la realidad financiera de los habitantes del Caribe.
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“Esto es algo que está muy mal hecho. El Gobierno ha dispuesto unos plazos y no estamos de acuerdo con eso. Por eso vamos a seguir adelante con la acción popular, porque eso no puede seguir adelante”, indicó.
El liberal Mauricio Gómez también expresó su descontento con las conclusiones del encuentro y anunció que coadyudará las demandas de nulidad que han sido presentadas por Camacol y la Alcaldía de Cartagena contra este proceso.
“Hemos pedido que este proceso se aplace mientras se soluciona el problema de la energía eléctrica, que los bolsillos de los ciudadanos en el Caribe tengan un respiro, pero no ha sido posible. Vamos a pasar de la discusión política a la judicial, Porque no es justo que se escoja como piloto a una de las regiones más golpeadas en el país”, enfatizó.
Armando Zabaraín, representante a la Cámara por el Atlántico, enfatizó en la necesidad de que se entregue más tiempo para “digerir” lo que propone el Gobierno, así como se puedan responder todas las inquietudes en el plano legal.
“Lo que queremos es que se evalúe con detenimiento y determinar si es pertinente avanzar en este proceso, teniendo en cuenta el impacto social que puede generar”, anotó el congresista conservador.
Por su parte, el senador Pedro Flórez, del Pacto Histórico, resaltó que se estableció el compromiso de trabajar de forma conjunta con los gobernadores para concretar la matriz de los proyectos que están en el Plan Nacional de Desarrollo con impacto regional para definir la inversión de recursos en los territorios que pagarán la valorización.
Exclusión de municipios
El gobernador Eduardo Verano destacó que se han logrado varios avances que beneficiarán a las comunidades más vulnerables del Atlántico y Bolívar. Aseguró que este gravamen no afectará a las familias de los estratos 1, 2 y 3, así como se retira del cobro a las unidades agrícolas familiares y a los hogares que hagan parte de las categorías A y B del Sisbén.
“Se ha definido, además, que el total del recaudo sea invertido en nuestro territorio. La ministra insiste que sea en el Caribe, pero estamos insistiendo para que se invierta en nuestro departamento”, expuso.
Recalcó que es “inconveniente” que el cobro se aplace indefinidamente, teniendo en cuenta que puede generar afectaciones: “Según ese sistema, las primeras facturas estarían en abril. Se hará una reunión en Barranquilla para concretar los grandes acuerdos en este tema”.
Por su parte, Pedro Lemus, secretario General de la Gobernación, destacó que –con los nuevos criterios de exclusión– no se haría el cobro a los habitantes de los cascos urbanos de Piojó, Juan de Acosta y Tubará, así como a gran parte de Malambo y Soledad.
“Esto genera mayor tranquilidad a nuestras comunidades. En este último trimestre del año, el Ministerio se encargará de la socialización de la medida de cobro y los propietarios de los inmuebles sujetos al cobro tienen la oportunidad de presentar reclamos y demostrar que no tienen la capacidad de pago”, expuso el funcionario.
Mientras que Rachid Nader, secretario Jurídico del departamento, expuso que se establecerán mesas de trabajo para analizar el Plan Nacional de Desarrollo y los Planes departamentales de Desarrollo, con el fin de identificar los proyectos que impacten el área de influencia definido para el cobro.
“Recursos se invertirán en proyectos de infraestructura de la región”
El Ministerio de Transporte, a través de sus redes sociales, reafirmó que los recursos que se recauden por el cobro de la valorización se invertirán en los proyectos de infraestructura más esperados por la región.
“Es un ejercicio de justicia tributaria, pertinente, razonable, que captura parte del plusvalor para reinvertirlo en el desarrollo”, dijo la cartera.
Además de mencionar que en este espacio se aclararon dudas con relación a la aplicación del gravamen, se dio a conocer detalles de la agenda de socialización que se adelantará entre el 16 y 27 de septiembre en Bolívar y Atlántico. Anotó que la notificación se hará a partir de noviembre.
La primera jornada comprenderá a Cartagena y Santa Catalina, mientras que la segunda se desarrollará con Barranquilla y Puerto Colombia.
La tercera socialización contemplará a Juan de Acosta, Tubará y Piojó, así como en la cuarta jornada se incluyeron a Galapa, Malambo y Soledad.
