A menos de dos años de la intervención de Air-e, por parte del Gobierno nacional, la Contraloría General de la República advirtió que la situación financiera de la empresa continúa deteriorándose y podría generar riesgos para la prestación del servicio y la estabilidad del mercado eléctrico. Por esta razón emitió una advertencia fiscal preventiva a la Superintendencia de Servicios Públicos y al Fondo Empresarial.
El ente aclaró que si bien no es una sanción, sí es una alerta formal sobre posibles afectaciones a los recursos públicos, la continuidad del servicio y la estabilidad financiera de la empresa.
Las millonarias deudas de la empresa, que superan los 6 billones de pesos, es uno de los seis riesgos críticos que detalló el ente de control en carta enviada al superintendente Felipe Durán, las cuales, según el documento, amenazan la sostenibilidad de la prestación del servicio público y los recursos públicos
“Air-e presenta una cartera acumulada de más de $6,062 billones de pesos. El 73 % de estas obligaciones supera el año de antigüedad, especialmente concentradas en los estratos 1, 2 y zonas subnormales, limitando seriamente su liquidez y flujo de caja para cumplir compromisos con el Mercado de Energía Mayorista”.
También explicó que en el escenario de insolvencia financiera “los pasivos de la compañía aumentaron un 53,6 % en un periodo corto (hasta agosto de 2025), concentrando el 86 % de sus deudas en obligaciones corrientes (a corto plazo), generando un riesgo inminente de cese de pagos con proveedores clave”.
Otro de los factores que alarma la Contraloría es la dependencia estructural de dineros públicos: “La empresa sobrevive mediante un apalancamiento recurrente del Fondo Empresarial de la SSPD, mediante contratos de mutuo que suman $147.885 millones de pesos, evidenciando su total incapacidad de autosostenimiento”, se lee en el documento.
En criterio de la Contraloría, el “recurrente incumplimiento del plan de inversiones ha mermado la calidad de la energía, traduciéndose en constantes apagones y retrasos técnicos. Financieramente, esto eleva el endeudamiento de la cadena energética nacional, amenazando con trasladar estos sobrecostos a las tarifas del usuario final o deprimir las utilidades de las empresas generadoras”.
Adicionalmente, el ente de control señala que las mesas de gestión de la SSPD se limitaron a recibir reportes del agente interventor, sin imponer medidas sancionatorias ni diseñar un plan de choque estructural para mitigar la crisis.
“No son tantas deudas”
Frente a las advertencias de la Contraloría sobre el aumento de las deudas de Air-e durante la intervención, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, aseguró que el Gobierno reconoce las deudas pendientes, pero aseguró que no son tantas las deudas.
“Sí tenemos deudas y las estamos revisando”, afirmó Palma, al tiempo que resaltó que Air-e ya enfrentaba una grave crisis financiera antes de que el Gobierno decidiera intervenirla.
“Air-e ya estaba quebrada y ahí nadie dijo nada, ni los gremios, nadie de los que están hoy advirtiendo”, sostuvo Palma.
Asimismo, el jefe de la cartera de Minas y Energía cuestionó que las advertencias de la Contraloría y del Consejo Gremial se hayan producido a pocos días de las elecciones.
A su turno, el nuevo agente interventor de Air-e, Jaime Mesa, sostuvo que la falta de recursos para asumir las millonarias deudas es producto, en parte, porque no fueron aprobadas las reformas tributarias que incluían los dineros para salvar a la empresa. “Hemos sacado algunos decretos y han sido declarados inconstitucionales o anulados”, señaló.
Incumplimiento del Gobierno
Norman Alarcón, coordinador de la Liga de Usuarios del Caribe, sostuvo que el deterioro financiero de Air-e es por la falta de respaldo económico del Gobierno nacional durante la intervención.
Señaló que aunque la empresa ya presentaba dificultades antes de la toma de posesión por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos, la situación se agravó porque a la fecha no se han destinado recursos del Fondo Empresarial para respaldar su operación.
“Dejaron a Air-e sola, sin inyectarle un peso. Van 20 meses y el Gobierno no le ha entregado recursos a través del Fondo Empresarial”, afirmó.
Recordó además el proceso de intervención de Electricaribe, cuando, según indicó, el Estado destinó recursos a través del Fondo Empresarial y de un documento conpes para garantizar la continuidad de la prestación del servicio.
“En el caso de Electricaribe se acató la ley y se respaldó financieramente la intervención y le inyectó 7 billones de pesos. Ahora eso no ocurrió y por eso Air-e está colapsando”, sostuvo.
Para Alarcón, la crisis actual es por la falta de voluntad política del Gobierno nacional para resolver de fondo la situación de Air-e, responsabilidad que finalmente, según el líder de los usuarios, terminará recayendo en el próximo gobierno.
