El debate por el peaje Papiros, ubicado en la Vía al Mar entre Barranquilla y Puerto Colombia, sumó un nuevo capítulo tras la reciente sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Atlántico. La decisión, emitida en marzo de 2026, concluyó que sí hubo vulneración de derechos colectivos, aunque no ordenó el desmonte total de la caseta, como lo solicitaba la acción popular impulsada por la Procuraduría.
El fallo se produce luego de meses de tensión social en Puerto Colombia, donde habitantes y comerciantes han denunciado impactos en la movilidad, el turismo y la economía local. La inconformidad llevó a la instalación de varias mesas de trabajo entre autoridades, comunidad y concesionario, pero ninguna logró un acuerdo definitivo. Ante ese escenario, la Procuraduría decidió acudir a la justicia.
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Es importante precisar que durante el proceso judicial, entidades del Gobierno nacional y el concesionario defendieron la legalidad del peaje, argumentando que su operación es fundamental para sostener el mantenimiento de la vía y garantizar la conectividad regional. Sin embargo, el Tribunal encontró elementos que evidencian afectaciones relacionadas con la seguridad vial y el uso adecuado de la infraestructura, lo que motivó una decisión parcial.
El fallo recoge parte de esas preocupaciones. Aunque no ordena de manera total el desmonte del peaje, sí reconoce la existencia de vulneraciones a derechos colectivos relacionados con la seguridad y el uso adecuado de la infraestructura. En ese sentido, abre la puerta a que se adopten medidas correctivas por parte de las entidades responsables y dejó abierta la posibilidad de una reubicación.
La comunidad
Tras conocerse el fallo, Marco Fidel Beltrán, representante de las Juntas de Acción Comunal del municipio de Puerto Colombia, a través de un comunicado de prensa, señaló que aunque la comunidad siente respeto por la decisión judicial, se encuentran en desacuerdo con la continuidad del peaje.
“Existe una contradicción de fondo: si se reconocen afectaciones a derechos como la seguridad, la movilidad y la calidad de vida, lo coherente era ordenar su desmonte definitivo”, señaló Fidel Beltrán.
Las comunidades también hicieron énfasis en lo que consideran el punto más grave: la presunta vulneración del derecho a la vida. Según el pronunciamiento, la ubicación y operación del peaje han estado asociadas a múltiples accidentes de tránsito, situación que califican como “éticamente insostenible”.
En el documento, además, cuestionan el papel de entidades como el Instituto Nacional de Vías (Invías), señalando incumplimientos en mesas técnicas que –afirman– no se tradujeron en soluciones concretas. A esto se suma un llamado al Gobierno nacional para que atienda lo que describen como un reclamo reiterado de la comunidad.
Entre las principales exigencias, las Juntas de Acción Comunal pidieron una solución estructural que garantice derechos como la vida, la movilidad y el desarrollo económico, y reiteraron su solicitud de desmontar definitivamente el peaje Papiros.
Mientras tanto, la decisión del Tribunal deja un escenario abierto: por un lado, obliga a revisar las condiciones de operación del peaje; por otro, mantiene vigente un modelo que sigue siendo cuestionado en el territorio. El pulso entre comunidad, Estado y concesión continúa.
