Miles de defensores públicos en el país se fueron a paro de 48 horas la mañana de miércoles, por cuenta de los reclamos que vienen realizando desde hace varios meses en cuanto a dos situaciones principalmente: la falta de reajuste de su salario y el alto grado de recargo laboral que se viene manifestando en forma general en todas las regiones de Colombia.
En Barranquilla, la jornada de protestas se está librado en el Centro Cívico, donde una gran cantidad de estos funcionarios se han manifestado.
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Luis González Fandiño, presidente de la regional Costa Caribe de la Asociación Nacional de Trabajadores de la Defensoría del Pueblo (Asemdep), explicó a EL HERALDO los motivos para irse a paro a nivel nacional en las regionales de Antioquia, Costa Caribe, Costa pacífica, Región de Oriente, Eje Cafetero, Región de la Orinoquía y Centro y el balance de la jornada.
“El balance ha sido una movilización masiva, multitudinaria y exitosa en todo el país. También aquí en Barranquilla, en donde el objetivo es el la solicitud de incremento de unos honorarios que hace años no se los hacen a los defensores públicos. El segundo objetivo es la necesidad contractual, la la continuidad contractual por necesidad del servicio. No podemos seguir permitiendo que los contratos de nuestros 4220 defensores de todo el país sean contratos a pedazos, a dos meses ni a tres meses, como viene ocurriendo con las últimas administraciones de la Defensoría”.
En ese sentido también dio a conocer la magnitud del paro y las consecuencias que acarrean para el sistema judicial del país el paro de los defensores públicos: “Asemdep tiene cerca de dos mil afiliados, de los más de cuatro mil defensores públicos del país, la consecuencia es no hacer audiencias ni ni en conocimiento ni tampoco en preliminares. Eso significa que las audiencias que se programen en los en los cuatro circuitos judiciales estos dos días, pues, no se van a realizar”.
Adicionalmente, lanzaron un mensaje de protesta al Gobierno nacional: “por qué no se han girado los presupuestos necesarios para el incremento de esos honorarios, de estos 4220 defensores públicos, siendo que el acceso a la administración a la administración de justicia es uno de los servicios esenciales en el país. Por culpa de un gobierno indolente que se ha negado a a girar a través del del ministerio de Hacienda los recursos necesarios y suficientes para el incremento de los honorarios, incrementos que debían ser de acuerdo al IPC del año inmediatamente anterior”.
