En el marco del encuentro con medios de comunicación realizado en Santa Marta, la Unidad de Restitución de Tierras (URT) expuso los avances en la implementación de la Ley 1448 de 2011 en la región Caribe, con énfasis en los resultados alcanzados en los departamentos de Magdalena y Atlántico.
Durante la jornada, la entidad presentó cifras que evidencian un crecimiento en la atención a víctimas, especialmente en la etapa administrativa del proceso. De acuerdo con el balance, en estos dos departamentos se han registrado 889 decisiones favorables de inscripción en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente, lo que representa más del 76 % de las solicitudes presentadas.
Uno de los avances más relevantes es la reversión de decisiones negativas heredadas de administraciones anteriores. Según la URT, el 56,2 % de las solicitudes que antes eran rechazadas han sido revaluadas y hoy cuentan con inscripción, lo que ha permitido ampliar el acceso de las víctimas al proceso de restitución.
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En cuanto al componente judicial, con corte a marzo de 2026 se reportan 826 demandas radicadas, de las cuales 12 corresponden a la ruta colectiva, un mecanismo orientado a la restitución de derechos territoriales de comunidades étnicas. Estas acciones buscan recuperar más de 10.331 hectáreas en la región, en lo que la entidad calificó como un hito sin precedentes.
Además, se destacó que en Magdalena la URT representa el 72,21 % de las solicitudes ante los despachos judiciales, lo que evidencia un papel activo de la entidad en la defensa de los derechos de las víctimas.
En la fase de posfallo, la entidad ha impulsado 220 proyectos productivos con una inversión cercana a los $10.000 millones, así como la compensación de 72 predios por un valor aproximado de $17.000 millones. Estas acciones buscan garantizar la sostenibilidad económica de las familias restituidas y fortalecer los procesos de reparación integral.
Restitución más allá de la tierra
Durante el encuentro, la directora nacional de comunicaciones de la URT, María Cristina Estupiñán, explicó que el proceso de restitución no se limita a la devolución de predios, sino que implica una transformación más amplia en los territorios.
“La restitución no es solamente devolver la tierra, es también restituir derechos étnico-territoriales y reconstruir el tejido social en las regiones. Ese es el verdadero sentido de la justicia transicional”, señaló.
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La funcionaria destacó que el trabajo institucional ha permitido avanzar en el reconocimiento de derechos que durante años fueron negados, y aseguró que los resultados actuales responden a una mayor voluntad política y a la articulación entre entidades del Estado.
En ese sentido, también hizo un llamado al papel de los medios de comunicación como puente entre la institucionalidad y las víctimas, con el fin de facilitar el acceso a la información y a la oferta estatal.
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Un proceso en marcha hasta 2031
La URT recordó que la política de restitución de tierras hace parte del sistema de justicia transicional y tendrá vigencia hasta 2031, lo que implica que aún quedan retos importantes en materia de acceso, celeridad y cobertura.
Entre estos desafíos se encuentran las nuevas dinámicas del territorio, como las restricciones ambientales en algunas zonas y la necesidad de acelerar los procesos para evitar que las víctimas deban esperar durante décadas por una respuesta.
En ese contexto, la entidad reiteró que el objetivo no es solo avanzar en cifras, sino garantizar retornos dignos, sostenibles y con acompañamiento institucional en los territorios.
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