La Misión de Observación Electoral (MOE) presentó su más reciente mapa de riesgo electoral, en el que identifica 170 municipios del país con riesgos concurrentes de fraude electoral y violencia, y 339 con alertas específicas por hechos violentos. En el caso del Atlántico, el panorama genera preocupación por el incremento de factores asociados a violencia armada y control territorial, especialmente en Barranquilla.
Jessica Manotas, coordinadora nacional de la MOE, explicó que desde hace más de una década la organización elabora estos mapas a partir de estudios estadísticos de elecciones anteriores —Senado y Cámara de Representantes— y variables dinámicas como presencia de grupos armados ilegales, desplazamientos forzados y hechos de violencia.
“A nivel nacional estamos viendo un repunte de la violencia luego de una disminución tras la firma del acuerdo de paz. Nos preocupa particularmente la región Caribe”, afirmó Manotas.
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En el departamento del Atlántico, la MOE identificó al Distrito de Barranquilla en riesgo extremo por factores de violencia, asociados principalmente a la presencia de estructuras delincuenciales organizadas, incremento de la extorsión y control territorial en algunas zonas de la ciudad.
Aunque hasta el momento no existen reportes oficiales sobre extorsión directa a campañas políticas en el departamento, la MOE hizo un llamado a candidaturas, partidos y ciudadanía para denunciar cualquier irregularidad a través de la plataforma “Pilas con el Voto”.
Además de Barranquilla, aparecen en riesgo medio por violencia los municipios de Soledad y Repelón.
La alerta se suma a la advertencia temprana emitida por la Defensoría del Pueblo, que señaló en riesgo a todos los municipios del Atlántico y pidió acciones urgentes en Baranoa, Campo de la Cruz, Luruaco, Malambo y Polonuevo.
En cuanto a factores indicativos de fraude electoral –como participación atípica y dominancia electoral– la MOE puso bajo la lupa a varios municipios del Atlántico.
En riesgo extremo por niveles inusualmente altos de participación aparecen Tubará y Piojó. Según Natalia Brochero, investigadora de la Universidad del Norte, estos municipios superan ampliamente el promedio nacional de participación electoral, que ronda entre el 43 % y 45 %. En Piojó la participación supera el 60 % y en Tubará el 70 %, cifras que se repiten en elecciones anteriores.
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“Cuando encontramos porcentajes tan elevados y sostenidos en municipios pequeños, con baja densidad poblacional, pueden existir dinámicas de movilización de votos o posibles prácticas clientelares”, explicó Brochero.
En riesgo alto para Senado figuran Juan de Acosta y Usiacurí, mientras que en riesgo medio aparecen municipios como Repelón. También presentan indicadores atípicos Baranoa, Candelaria, Juan de Acosta, Palmar de Varela, Piojó, Polonuevo, Ponedera, Sabanagrande y Santo Tomás.
De acuerdo con el profesor e investigador de la Universidad del Norte, Ángel Tuirán, el 60 % de los municipios del Atlántico presenta algún nivel de riesgo electoral.
“Los factores más relevantes son la alta participación y el dominio electoral, es decir, cuando un partido o movimiento obtiene votaciones muy por encima del promedio. Estos elementos podrían indicar transacciones clientelares o constreñimiento al elector”, señaló.
Otros datos
Uno de los hallazgos más relevantes es el cambio en la naturaleza del riesgo en el departamento. Históricamente, el Atlántico registraba alertas relacionadas principalmente con fraude electoral —transhumancia, participación atípica o concentración de votos—. Sin embargo, en este nuevo análisis toma mayor peso la variable de violencia.
Luis Trejo, investigador de la Universidad del Norte, advirtió que el aumento de homicidios y la presencia de grupos criminales en zonas periféricas del área metropolitana podrían incidir en el libre ejercicio del voto.
“Se han registrado amenazas a candidatos y restricciones para realizar proselitismo en algunos barrios”, indicó.
Aunque no hay evidencia que confirme que estos grupos busquen favorecer candidaturas específicas, los investigadores advierten que el control territorial y las restricciones a actividades políticas pueden afectar la transparencia y libertad del proceso electoral.
En la región Caribe, los departamentos de Bolívar, Magdalena y La Guajira también presentan altos niveles de riesgo. En Magdalena preocupa la confrontación entre los Conquistadores de la Sierra Nevada y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, que ha generado desplazamientos, cierre del Parque Tayrona y expansión del conflicto hacia La Guajira y Cesar.
Santa Marta, Riohacha, que aparece por primera vez en estos listados, y Valledupar enfrentan riesgos asociados a esta escalada violenta.
Frente a este panorama, la MOE reiteró el llamado a las autoridades para fortalecer las medidas de seguridad y garantizar condiciones de transparencia y libertad en el proceso electoral del próximo 8 de marzo.
El informe concluye que, si bien las dinámicas presidenciales son distintas a las legislativas, el contexto de violencia y control territorial en varias zonas del Caribe podría incidir en el desarrollo de la contienda electoral si no se adoptan acciones preventivas oportunas.
