Con preocupación ha sido recibido el decreto expedido por el Gobierno nacional para establecer nuevas cargas impositivas contra los generadores de energía eléctrica, las cuales han sido justificadas en la crisis energética que se vive en el país a causa de la situación financiera de Air-e.
La Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen) expuso que esta medida –adoptada en el marco de la declaratoria de emergencia económica– conlleva a una alteración “injustificada” del marco jurídico vigente.
“Generan incertidumbre sobre cómo se tomarán las decisiones en el sector en el futuro, lo que puede frenar nuevas inversiones, afectando el desarrollo de la subasta del cargo por confiabilidad, el desarrollo de nuevos proyectos de energías renovables que vendrían del proceso anunciado por el Ministerio de contratación de largo plazo, y por lo tanto afectar la transición energética del país”, expuso el gremio.
Además, explicó que las empresas generadoras han invertido, durante los últimos 30 años, más de 140 billones de pesos para garantizar que los colombianos cuenten con energía confiable.
“El país necesita invertir entre 10 y 13 billones de pesos cada año para asegurar el suministro de energía en el futuro. Cambiar las reglas de manera abrupta debilita la confianza para seguir invirtiendo, justo en un momento en el que Colombia enfrenta un riesgo de escasez de energía firme”, agregó.
Según lo expuesto por Acolgen, con base a los datos de XM, el déficit puede llegar al 3,5 % en 2027, por lo que “estas decisiones hacen más difícil conseguir financiación, desincentivan nuevas inversiones, vulneran tratados internacionales y pueden llegar a considerarse como una forma de expropiación”.
Y remarcó que “si no se construyen nuevas plantas, el sistema eléctrico se debilita y aumenta el riesgo de problemas en el suministro en los próximos años, afectando no solo al sector, sino también a los hogares, las empresas y la competitividad del país”.
A renglón seguido, mencionó que la situación de la Costa Caribe no constituye un “hecho súbito ni imprevisible”, como el propio decreto lo admite, por lo que “resulta legítimo cuestionar la necesidad, excepcionalidad y proporcionalidad de las medidas adoptadas”.
El gremio hizo un llamado respetuoso al Gobierno nacional “para reconsiderar estas decisiones y encauzar los retos del sector por los mecanismos institucionales ordinarios, con diálogo técnico, planeación y reglas claras que garanticen seguridad jurídica”.
