Con el transcurrir de las horas se incrementa el rechazo a la medida adoptada por el Gobierno nacional de imponer nuevos gravámenes al gremio de generación de energía para atender la crisis financiera de las empresas intervenidas por la Superintendencia de Servicios Públicos.
Alejandro Castañeda, presidente de la Asociación Nacional de Generadores de Energía (Andeg), aseguró que se trata de un decreto “confiscatorio” y que pone en riesgo la sostenibilidad del sector eléctrico en el país.
“En el caso de las plantas térmicas, estas medidas agravan el riesgo sistémico y ponen en peligro la continuidad del servicio de energía en el país”, dijo el líder gremial.
En la misma línea, explicó que se están introduciendo nuevos tributos a la generación de energía eléctrica que “generan serias afectaciones a la estabilidad financiera del sector y a la credibilidad del marco institucional”.
Por eso enfatizó que “la sostenibilidad del sector eléctrico vuelve a verse afectada por medidas inoportunas del Gobierno nacional”.
Castañeda fue enfático al señalar que es fundamental una actuación pronta de la Corte Constitucional en la revisión del Decreto 1390 de 2025 y, en particular, del Decreto 044 de 2026, “dados sus efectos nocivos sobre la sostenibilidad del sector eléctrico y la credibilidad del marco institucional que ha garantizado la confiabilidad del sistema durante décadas”.
Los impactos de las medidas
A renglón seguido, el gremio explicó que la contribución parafiscal contemplada para fortalecer el Fondo Empresarial tiene un recaudo estimado de $300 mil millones, lo que “implica una afectación directa y desproporcionada sobre las utilidades de las compañías del sector”.
También se alertó que es un panorama incierto, teniendo en cuenta que la empresa Air-e mantiene deudas por $1,2 billones con los generadores, a lo que se suman $500 mil millones de obligaciones a otros eslabones de la cadena.
“El decreto obliga a los generadores a contribuir al pago de su propia deuda, situación que vulnera la suficiencia financiera del esquema de prestación del servicio, desincentiva la inversión y deteriora la confianza en las instituciones”, puso de presente.
Frente a la contraprestación tributaria para los generadores hidráulicos, Andeg indicó que se están introduciendo “distorsiones en el modelo de prestación del servicio de energía eléctrica, al establecer cruces de cuentas que no ofrecen una solución estructural ni sostenible a la problemática de Air-e” tras más de 17 meses de intervención.
