Ante la necesidad de superar la “inminente” materialización de un riesgo sistémico por la crisis financiera de la empresa Air-e, los Comités Intergremiales de Atlántico y Magdalena –junto con las Cámaras de Comercio de Barranquilla, Santa Marta y La Guajira– anunciaron un respaldo “condicionado” al proyecto de resolución del Ministerio de Minas y Energía que contempla fijar un incremento de 8 pesos por kilovatio/hora en el componente de restricciones.
En un comunicado conjunto resaltaron que la medida anunciada busca evitar una crisis generalizada del Sistema Eléctrico Nacional por el efecto de las obligaciones financieras vencidas de Air-e Intervenida con generadores, transmisores y otros agentes del mercado, que representan aproximadamente el 40% de la demanda de energía del país.
“Esas deudas, a corte de diciembre pasado, sumaron 2,5 billones de pesos, con crecimiento mensual cercano a los $145.000 millones, según datos del Ministerio de Minas y Energía”, explicaron.
En esa línea, expusieron que la insuficiencia de caja operativa de Air-e Intervenida se está trasladando a los transmisores y generadores de energía, “a tal punto que las termoeléctricas llegaron al límite de su capacidad de compra del gas que necesitan para operar y que tienen que pagar anticipadamente”.
Por tal motivo recalcaron que esta situación “puede ocasionar apagones en la región Caribe por la falta de generación de energía, así como materializar el riesgo sistémico que enfrenta todo el Sistema Eléctrico Nacional”.
Asimismo, indicaron que el riesgo derivado de esta crisis no se debe visionar como un problema regional aislado, sino como un “reto que amenaza la continuidad del suministro de energía en todo el país por no contar con la generación térmica que le da soporte a todo el Sistema Eléctrico Nacional”.
“Un colapso de Air-e y de las termoeléctricas expondría al país a un racionamiento generalizado. El incremento propuesto equivale aproximadamente a un 1 % adicional de lo que actualmente pagan los usuarios en sus facturas. Este es un esfuerzo colectivo de los usuarios que merece ser valorado porque contribuirá a garantizar la continuidad del servicio y a superar el riesgo sistémico que puede debilitar seriamente al sector eléctrico nacional”, enfatizaron.
Además, remarcaron que la crisis actual se encuentra atada a la decisión de suspender la medida de limitación de suministro a comercializadores y distribuidores de la región Caribe, la cual se aplica cuando dejan de pagarle a los generadores la energía que consumen.
“Esa suspensión, ordenada por el Gobierno nacional, ha distorsionado las condiciones normales de operación del mercado, y tiene un fuerte impacto financiero en las termoeléctricas como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones de Air-e Intervenida”, anotaron.
Y enfatizaron en la falta de un plan de gestión por parte del Gobierno nacional para asumir la administración que respaldara la intervención de Air-e: “No ha utilizado otras fuentes de recursos disponibles para darle la liquidez suficiente y mantenerla operando sin limitaciones financieras”.
Los condicionamientos
Sin embargo, expusieron que es necesario establecer un “tiempo finito” de aplicación a la medida, “que se cumpla cuando se recaude el monto de los recursos para pagar la totalidad o parte de las deudas que tiene Air-e Intervenida con los agentes del mercado, de manera que se garantice la continuidad en el servicio que reciben los usuarios, y se restablezcan las condiciones financieras bajo las que opera el Sistema Eléctrico Nacional”.
Por eso recalcaron que en la resolución se debe fijar el monto a recaudar y el monto de las deudas a pagar y establecer datos técnicos medibles y verificables.
A eso se debe sumar un análisis que demuestre que el impacto del incremento en el costo de las restricciones, dentro de la fórmula tarifaria del servicio de energía, es inferior al costo que tendrían los racionamientos en la economía del país y la continuidad de la situación extraordinaria en la estabilidad del Sistema Eléctrico Nacional.
También reclamaron que se precisen los argumentos jurídicos que tiene el Gobierno para sustentar que con el cargo transitorio a las tarifas no se busca que los usuarios de todo el país paguen por una energía consumida por los tres departamentos atendidos por Air-e Intervenida.
“Tampoco se trata de subsidiar a los usuarios de la región Caribe, facilitándoles el acceso al servicio de energía. Y que no se crea un impuesto porque el recaudo no ingresará al presupuesto de la Nación ni financiará gasto público”, anotaron.
En las últimas líneas del documento expusieron que el alcance actual es de solo el 50 % de la deuda con los agentes del mercado, la cual “sigue creciendo mes a mes”. Por eso enfatizaron en la necesidad de que el Fondo Empresarial de la Superservicios cuente con recursos para respaldar la operación de Air-e.
“Se requiere que paralelamente la Superintendencia de Servicios Públicos consiga autorización del Ministerio de Hacienda para tener las garantías de la Nación que le permitan apropiar, a través del Fondo Empresarial, recursos que aseguren la continuidad en la prestación del servicio de Air-e Intervenida, tal como lo establece la Ley 812 de 2003. Con ese mismo propósito se pueden hacer operaciones de crédito público o créditos de tesorería otorgados por la Nación”, se lee.
En su cierre recalcaron en la necesidad de una “solución estructural” que implique un cambio del modelo de gestión del sistema eléctrico de la región Caribe, teniendo en cuenta sus condiciones de pobreza extrema que supera ampliamente al promedio nacional, limita la capacidad de pago de los usuarios, profundiza la pobreza energética y es la causa principal del rezago en la prestación del servicio de energía.
