Se cumplen este 29 de diciembre 90 días del cierre de la sede de la Alcaldía de Sabanalarga, luego de que la Dirección Territorial Atlántico del Ministerio del Trabajo ordenara una medida cautelar preventiva y la prohibición de que los trabajadores siguieran haciendo sus tareas en estas instalaciones ante un inminente riesgo para quienes allí estaban laborando.
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Así quedó establecido en el Auto N° 1731 del 22 de octubre de 2025, mediante el cual el Ministerio del Trabajo ordenó la ampliación de la medida cautelar preventiva adoptada tras una inspección a las instalaciones.
La decisión se tomó luego de una visita realizada por un equipo de funcionarios del Ministerio del Trabajo, el pasado 29 de septiembre con el acompañamiento de representantes de la ARL y de la Subsecretaría de Prevención y Atención de Desastres de la Gobernación del Atlántico, en la que se evidenció un riesgo inminente para la seguridad y la salud de los trabajadores.
Según varias organizaciones sindicales de la Alcaldía, el avanzado deterioro del palacio municipal ha sido denunciado en varias ocasiones no solo en la actual administración del alcalde José Elías Chams, sino también en las anteriores; sin embargo, nunca, aseguraron, se hicieron las adecuaciones para poder ejercer allí sus labores diarias.
Ante esta situación, los sindicatos solicitaron al Ministerio del Trabajo una inspección formal para verificar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo.
Como resultado de la visita, la Dirección Territorial del Atlántico declaró un riesgo inminente y expidió un acto administrativo que ordenó el cierre parcial de las instalaciones, dejando en funcionamiento únicamente tres dependencias: la Secretaría de Salud, Impuestos y la Inspección de Policía N° 1.
Asimismo, en informe técnico evidenciaron graves deficiencias estructurales, sanitarias y de seguridad en las instalaciones por la presencia de murciélagos, palomas, roedores y comején en techos, oficinas y áreas comunes. En el recorrido encontraron en una de las oficinas una culebra, por lo que fue necesaria la intervención de los bomberos para retirarla con seguridad y retornarla a su hábitat.
También se documentaron humedades, goteras, fisuras, cielos rasos en pésimo estado y pisos agrietados. Además, se evidenciaron riesgos eléctricos, como cables expuestos, tableros sin señalización e interruptores abiertos, además de la falta de extintores, detectores de humo, botiquines y puntos de hidratación, entre otras falencias.
“Con base en estos hallazgos, el Ministerio del Trabajo concluyó que el municipio incumple las normas del Sistema General de Riesgos Laborales, configurando un riesgo grave e inminente para trabajadores y usuarios”.
Así lo afirmó Yisellis Ibeth Mendoza, presidente y representante legal del Sindicato de Servidores Públicos de la Alcaldía de Sabanalarga (Sinserpalsa) a EL HERALDO.
Tras el cierre, señaló, se establecieron mesas de trabajo entre el Ministerio de Trabajo, los tres sindicatos y la Administración municipal. Como parte de los compromisos, se acordó el traslado de las dependencias a sedes alternas. “De los 74 funcionarios, una parte opera en el Colegio José Celestino Mutis y los otros en dos casas alquiladas, mientras que el alcalde atiende desde su lugar de residencia”, explicó.
Según los representantes de los sindicatos Sintraimtdescol y Sintramusa, hasta el momento la Administración municipal no ha cumplido con las obras y adecuaciones exigidas en la resolución.
Carlos Reyes, miembro de Sintraimtdescol, aclaró que el proceso adelantado por el Ministerio de Trabajo es independiente de la solicitud de suspensión del alcalde realizada por la Contraloría.
“La suspensión que pide la Contraloría corresponde a investigaciones de carácter administrativo y fiscal, mientras que el cierre del palacio municipal es por un tema exclusivamente de seguridad y salud en el trabajo”.
En ese sentido, enfatizó que la eventual designación de un alcalde encargado no detendrá los procesos ni las decisiones adoptadas, ya que se trata de un acto administrativo contundente y de estricto cumplimiento.
“El funcionario que asuma el cargo deberá cumplir con las exigencias del Ministerio de Trabajo, ejecutar las adecuaciones requeridas. Mientras estas no se subsanen y certifiquen por la ARL, la sede no podrá reabrir”, indicó.
