¿Cuánto más resistirá el cobro de valorización en Atlántico y Bolívar?

Entre los límites de la legalidad y el descontento general, el cobro de valorización en la zona de influencia de Atlántico y Bolívar sigue pujando por entrar en vigencia para el próximo año 2026. Sin embargo, a cada paso que da, retrocede dos desde las instancias judiciales y el sentir de los ciudadanos

Desde el pasado mes de octubre, y luego de una breve pausa, el Ministerio de Transporte y el Instituto Nacional de Vías doblaron su apuesta por la implementación de este cobro, a pesar de las medidas cautelares proferidas por el Tribunal Administrativo del Atlántico que mantienen suspendida la contribución.

El primer paso desde las entidades del Gobierno fue dialogar primero con las autoridades territoriales de ambos departamentos bajo el argumento de que los recursos del cobro se iban a distribuir en proyectos de infraestructura para la región Caribe.

En ese sentido, la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, defendió a capa y espada la contribución como un mecanismo de equidad que valoriza a los sectores.

“Este mecanismo ha tenido varios ataques, pero continuará vigente debido al beneficio que generará. Las sentencias proferidas fueron hechas para asfixiar el cobro y eso beneficia a los mismos de siempre. Quieren que se caiga o que no nos dé el tiempo”, comentó en su momento.

Agregó también: “Hemos estado aquí en el Caribe permanentemente con ese tema. Hay obras por las que ya no se puede cobrar valorización —porque así lo determinó el juez—, pero hay otras que sí aplican, especialmente aquellas donde la inversión pública aumentó el valor de las propiedades”.

De esta forma, el ministerio se apegó a sus argumentos y comenzó una nueva fase de implementación del cobro para cumplir con las medidas cautelares, las cuales ordenaron cesar la medida hasta que se desarrollen audiencias públicas informativas en los diez municipios que comprenden la zona de influencia.

En cada municipio en el que estuvo presente el Invías para las audiencias públicas de socialización del cobro hubo un factor determinante: la poca asistencia del público. En rechazo de la medida, varios sectores como Puerto Colombia, Juan de Acosta, Barranquilla, Tubará y Malambo alzaron su voz en contra de la contribución y decidieron no asistir a la jornadas.

La gira del Invías por el Atlántico comenzó en noviembre en el municipio de Malambo, donde explotó la polémica tras la intervención del senador Carlos Meisel, el cual expuso presuntas irregularidades sobre el uso de los recursos para la logística de las audiencias de socialización.

Según el senador, se han invertido recursos por más de $1.660 millones para la socialización del cobro, que incluyen la logística de las audiencias, la difusión de la convocatoria y los gastos del personal.

Este proceso sigue en curso desde la Contraloría, y hay esperanza desde algunos sectores para que las autoridades vuelvan a frenar el cobro.

Al respecto, Meisel le dijo a EL HERALDO: “No nos vamos a dejar joder así de fácil. Entre tantos impuestos que quiere cobrar este Gobierno y ahora nos van a poner a pagar una contribución por una valorización que no existe. Ya este año no fue, pero esperemos que el año que viene prospere el oficio en la Contraloría y podamos tumbar la medida”.

Mencionó que “quieren perjudicar a la región Caribe, como si fuéramos millonarios o como si le debiéramos algo al gobierno Petro. Ya la lucha está en el ámbito legal, vamos a salir de esta por el bienestar de nuestra propia gente”.

Una de las últimas paradas de las audiencias públicas para socializar el cobro de valorización fue en el municipio de Puerto Colombia. En este sector, desde hace un año y medio, permanecen impolutas decenas de banderas en rechazo a la contribución desde cada conjunto residencial del sector de Villa Campestre.

Marco Beltrán, delegado de la Federación Comunal del Atlántico y representante de las juntas de acción comunal en las mesas de valorización, fue enfático en que este control contiene información contradictoria e incompleta sobre la verdadera afectación a los usuarios.

“Acá vino el Invías a decirnos que todos esos recursos recaudados irían a una bolsa común para ser reinvertidos en obras dentro de la misma zona de influencia, pero no hay garantía de que retornen a Puerto puntualmente”, sostuvo a EL HERALDO

Beltrán evidenció también los riesgos de afectación económica a las familias porteñas. “

“En la última audiencia se planteó que los estratos 1, 2 y 3 no pagarían el cobro de valorización. No obstante, la información presentada revela que aproximadamente un 7 % de los predios clasificados en estratos 1, 2 y 3 sí resultan obligados a pagar. Aunque el porcentaje parece pequeño, frente al número total de predios del municipio corresponde a una cifra altísima, que representa a muchas familias porteñas vulnerables que no tienen capacidad de asumir este nuevo cobro”, explicó.

Sumado a esto, Alberto Forero, líder empresarial del municipio, dio a conocer que interpuso en esta recta final del año un nuevo derecho de petición ante el Invías por la “falta de sustento jurídico y legal” para implementar el cobro.

“Expresamos nuestras inquietudes al ministerio porque no estaban haciendo invitaciones predio a predio para las audiencias, por eso no fue gente a ninguna. Además, preguntamos por la forma de evaluar la capacidad de pago y el afán que tienen con las audiencias, y ninguna respuesta nos convenció de que estén actuando bajo lo legal, y de que esto es un proyecto en beneficio de los habitantes”, argumentó.

El presidente del Comité Intergremial del Atlántico, Efraín Cepeda Tarud, solicitó al Invías en una de las audiencias, que se llevó a cabo en la ciudad de Barranquilla, un informe actualizado del catastro en la zona de influencia.

Para el líder gremial es vital afrontar el inicio del próximo año con los insumos necesarios que permitan argumentar la “injusticia” que representa este cobro para los ciudadanos.

“Queremos saber cómo el Invías verifica que realmente no haya un sobrecosto real sobre los usuarios que sea más alto que el valor obtenido por la implementación del cobro. En esos mismos estudios que se deben hacer, hay que contrastar si de verdad hay un beneficio económico y si se compararon las diferentes metodologías para conocer la capacidad de pago de una persona por su predio”. detalló.

En esa misma línea, Cepeda fue enfático en que “en Barranquilla se vienen haciendo grandes obras que valorizan los predios, y no se requiere de una contribución. Es una ciudad que está creciendo, y Bolívar también le sigue el ritmo, así que no vemos la necesidad de este cobro entre la zona de influencia”.

Durante la recta final del año, el Consejo de Estado ‘asestó’ otro duro golpe a las pretensiones del Invías para levantar las medidas cautelares que mantienen suspendido el cobro de valorización.

Sumado a esto, el Tribunal administrativo del Atlántico también negó la recusación que el Invías había presentado en contra del magistrado ponente que suspendió el cobro de valorización, Jorge Hernán Sánchez.

La entidad recusó al magistrado ante el mismo tribunal y no al Consejo de Estado, y como resultado fue negada la recusación.

Así las cosas, el camino se va haciendo más duro para que el Gobierno nacional encuentre la forma de implementar su cobro de valorización en Atlántico y Bolívar.

Las diferentes acciones judiciales ante la Procuraduría General y la Contraloría muy pronto verán respuesta y sin duda marcarán el destino de la contribución en la región Caribe, en medio de un proceso de transición hacia un nuevo gobierno.