A pocos días de comenzar el 2026, un año que estará marcado por una fuerte contienda electoral, el sector eléctrico se mantiene atento. Al margen de los resultados, esperan que el nuevo jefe de Estado tome acciones sobre las alertas que los líderes gremiales y analistas han venido haciendo durante los últimos años.
Una de las principales advertencias es que, si no se toman medidas a tiempo, el temido racionamiento de energía puede estar a la vuelta de la esquina.
La alerta también la han lanzado XM, el operador del mercado eléctrico, y la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME); según sus informes, la brecha entre la demanda y la oferta de energía es cada vez menor.
En los últimos cinco años, la energía que proyectó la UPME que debía entrar al sistema no fue efectiva. XM confirmó que en el 2021 se esperaba ingresara al sistema 1.868 megavatios y solo entró en operación el 7 %; en 2022 lo hizo el 27.5 %; mientras que para 2023 cayó al 17.5 %; en 2024 repuntó al 25.3 %.
Se estimaba que durante el año en curso se conectaran al sistema eléctrico 3.517 megavatios y, solo hasta septiembre de este año, el informe reflejó que han ingresado 63.91 megavatios.
Juan Carlos Morales, gerente del Centro Nacional de Despacho de XM, dijo que, tras analizar el comportamiento del sistema durante los últimos cinco años, se evidencia una “brecha significativa” entre la capacidad de generación que se esperaba que entrara en operación y la que realmente lo hizo.
“En particular, para 2025, el panorama es especialmente preocupante; de los proyectos que cuentan al menos con garantía de conexión, no ha ingresado ni el 10 % de la energía prevista, lo que reduce de manera crítica el margen de seguridad del sistema”, reiteró.
Aseguró que a esta situación se le suma que hay proyectos del Sistema de Transmisión Nacional (STN) y del Sistema de Transmisión Regional (STR) con retrasos superiores a los 13 años.
Morales enfatizó que este conjunto de rezagos —baja entrada de nuevos proyectos, demoras en transmisión y crecimiento sostenido de la demanda— incrementa el riesgo para la seguridad energética de todo el país.
Por ello, el experto hizo un llamado a destrabar los proyectos, acelerar la expansión de la infraestructura y tomar decisiones oportunas que permitan recuperar el equilibrio entre oferta, demanda y redes.
El llamado de los gremios
Para Natalia Gutiérrez, presidenta de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen), el escenario es aún más preocupante si se tiene en cuenta que en los últimos tres años, dos de cada tres megavatios que han ingresado al sistema provienen de fuentes renovables intermitentes, particularmente de tecnología solar.
Y añadió que, para lograr un verdadero avance en transición energética, no se puede dejar de lado a las fuentes hidráulicas de embalse y a las térmicas.
“La energía solar, si bien es necesaria y tiene atributos deseables, no aporta la firmeza de las grandes hidroeléctricas y las térmicas, por lo que tener un crecimiento apalancado solo en dicha tecnología no hace más que incrementar nuestro riesgo”, indicó.
Insistió en que es necesario, para aumentar la cantidad de energía disponible en el sistema, desarrollar subastas de expansión exitosas. Además, “se deben tomar medidas para promover la inversión en el sector, lo cual requiere señales de política pública adecuadas y reglas de juego claras y estables”.
Asimismo, agilizar los trámites de licenciamientos y fortalecer la reglamentación de las consultas previas, incorporando reglas claras sobre plazos y recursos que garanticen una participación efectiva, son algunas de las peticiones del sector.
Crisis del gas
En la última década, la producción nacional de gas ha venido disminuyendo, como resultado de una menor exploración y la ausencia de nuevos descubrimientos de gran escala.
La preocupación aumenta si se tiene en cuenta que expertos indican que, según las proyecciones, hacia finales de 2026, cerca de un tercio del gas domiciliario deberá ser importado.
Cabe resaltar que 2025 fue el primer año en el que Colombia tuvo que importar gas para atender la demanda esencial, con un 17 %. Para 2026, esa cifra subiría al 25 %.
Ante este panorama, son las plantas térmicas, que respaldan con energía firme al sistema, las que mayores restricciones operativas y costos enfrentarán para responder a la demanda.
Como consecuencia, Colombia ha tenido que incrementar la importación de gas natural licuado (GNL), que resulta hasta tres veces más costoso y tiene relación directa con la volatilidad de los precios internacionales.
Esto no solo presiona las tarifas, sino que también pone en riesgo la confiabilidad, en escenarios de alta demanda o en un intenso fenómeno de El Niño.
Analistas han advertido que, de mantenerse la tendencia actual, el déficit de gas podría intensificarse desde el 2026, preocupación que se suma a los retrasos en la entrada de nuevos proyectos de generación y transmisión de energía eléctrica.
El riesgo es latente y así se pudo evidenciar en el reciente mantenimiento de la regasificadora Spec, que por cinco días tuvo en vilo al sistema, obligando al Ministerio de Minas y Energía y a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) a intervenir para evitar un racionamiento en la región Caribe.
Frente a este escenario, los expertos insistieron en la necesidad de realizar exploraciones y aprovechar los recursos naturales como petróleo y gas; este último es considerado más limpio y más barato.
Sin embargo, como lo aseguró el exministro de Minas y Energía Tomás González, la falta de señales claras para los inversionistas está frenando la expansión de la oferta energética que el país necesita con urgencia.
Según el exfuncionario, los inversionistas están dispuestos a asumir los riesgos propios del negocio, como la incertidumbre exploratoria, los riesgos técnicos o parte del riesgo financiero. “Perforar un pozo en el Caribe puede costar alrededor de 100 millones de dólares, y si no se encuentra el recurso, ese es un riesgo que el inversionista entiende y asume”.
La crisis del Caribe
Los siete departamentos de la región Caribe arrastran desde hace décadas una problemática estructural en el servicio eléctrico que, pese a los múltiples intentos por resolverla, aún no encuentra salida.
Factores como una infraestructura deficiente, altos niveles de pobreza monetaria, un crecimiento poblacional desordenado y una arraigada cultura de no pago tienen en una profunda crisis financiera a los dos operadores de red que prestan el servicio en la región: Air-e y Afinia.
Luego de la liquidación de Electricaribe, en el 2020, se crearon las comercializadoras Air-e —hoy intervenida—, que opera en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira; y Afinia, filial del Grupo EPM, que se quedó con el mercado de Bolívar, Cesar, Córdoba, Sucre y 11 municipios del Magdalena.
Sin embargo, tras cinco años prestando el servicio de energía, los problemas sociales, económicos y de infraestructura para ambas empresas persisten. Han tenido que operar en una región donde la subnormalidad eléctrica concentra cerca del 92 % de todo el país.
Las múltiples estrategias por lograr un servicio eficiente y con tarifas acordes al resto del país no han sido efectivas.
Según Ricardo Arango, gerente general de Afinia, todo se resume en una sola palabra: insostenible. Aseguró que, pese a los esfuerzos de estas dos empresas, financieramente no han podido mejorar su situación.
“Necesitamos encontrar una salida, porque si no lo hacemos, no será posible habilitar el desarrollo no solo de la región Caribe, sino del desarrollo energético del país. Por eso creemos que el diagnóstico es claro: el operador de red no es el único responsable de la solución. Tiene una participación importante, sí, pero es imprescindible que todos contribuyamos decididamente en la búsqueda de una salida”, enfatizó el directivo.
Ante este panorama, en el caso de Air-e, el mismo Gobierno ha sostenido que la operatividad de esta comercializadora representa un riesgo no solo para la región, sino para el país.
Esto ya lo había advertido la Contraloría General de la República. El contralor delegado para el sector de Minas y Energía, Germán Castro, sostuvo que la crisis que atraviesa Air-e dejó de ser un problema regional para convertirse en un riesgo de alcance nacional.
Y advirtió que, de no tomarse decisiones de fondo y con carácter urgente, la inestabilidad financiera y operativa del operador podría desencadenar un efecto dominó sobre el sistema eléctrico.
Aunque ambas empresas tienen asegurado el suministro de energía para 2026 mediante contratos directos con los generadores —Air-e con el 86 % y Afinia con el 93 %—, el impago de los subsidios por parte del Gobierno, las deudas del sector oficial y la alta morosidad de los usuarios siguen profundizando la crisis financiera que enfrentan estos operadores.
La esperanza está puesta en las acciones que desde el Gobierno nacional se tomen para evitar que las predicciones de los analistas y líderes del sector se hagan realidad y el país sufra un apagón como hace 32 años.
