Entre marzo de 1992 y febrero de 1993, Colombia vivió un gran apagón. Por once meses, la oscuridad reinó en cada rincón del país. Una fuerte sequía a causa del fenómeno de El Niño provocó que los embalses bajaran a niveles históricos, impidiendo que las hidroeléctricas pudieran generar energía.
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Los cortes de energía llegaron a ser hasta de 9 horas diarias en varias ciudades del país e incluso el presidente de la época, César Gaviria, tuvo que modificar el horario para aprovechar mejor la luz del sol. En ese tiempo se conoció como la “hora Gaviria”.
Las pérdidas económicas a causa de esos severos racionamientos fueron incalculables. Sin embargo, el sistema eléctrico aprendió una lección valiosa que sigue vigente a pesar de los años transcurridos.
Luego de este apagón se crearon las leyes 142 y 143 en 1994, que modernizaron los servicios públicos, permitiéndole, entre otros ajustes, la inversión privada, lo que impulsó una amplia expansión del sistema. Gracias a estas reformas, la cobertura eléctrica en el país pasó del 76 % en el año 1992 al 96 % en la actualidad.
También se crearon entidades como la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) y la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme), entre otras, que han sido clave para robustecer este sector.
Además, de acuerdo con expertos consultados por EL HERALDO, se fortaleció la seguridad del sistema con mecanismos como el cargo por confiabilidad, que garantiza reservas de energía en épocas de baja hidrología.
Alertas de un racionamiento
Sin embargo, hoy el fantasma de un racionamiento vuelve a rondar. Se vaticina que si no entran a operar los proyectos ya asignados y se dan las señales de política pública acertadas, el riesgo de un apagón a partir del 2027 es alto.
De acuerdo con los datos de XM, entre 2021 y 2025 apenas ha entrado una fracción de la capacidad programada: 2021, 7 %; 2022, 28 %; 2023, 17 %; 2024, 25 %, y 2025, 8,5 %.
En ese sentido, la presidenta de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen), Natalia Gutiérrez, recordó que Colombia lleva más de treinta años sin apagones por falta de energía: “Tres décadas. Ningún otro país de Latinoamérica puede decir lo mismo”.
Un logro que, resaltó, se sostiene en tres pilares del sistema eléctrico: inversión privada, planificación técnica y reglas claras.
Una seguridad que hoy está en riesgo, advirtió. La demanda de energía crece al 2.7 % anual, mientras la oferta no avanza al ritmo necesario.
“Hacia 2050 el consumo podría multiplicarse por cuatro. Para prepararnos, debemos crecer al 5 % anual, el doble de lo que crecemos hoy. Si no lo hacemos, aumentará el riesgo de racionamientos. Esto no es retórica, son matemáticas”, afirmó.
Explicó que el crecimiento de la demanda está impulsado por el transporte eléctrico, el hidrógeno, la expansión industrial, así como un nuevo actor que transformará el consumo energético global, como la inteligencia artificial: “Los data centers podrían representar solo en Latinoamérica el 5 % del consumo eléctrico en 2035. Sería como tener un país entero, del tamaño de Argentina, conectado todos los días”.
Sobre la transición energética, señaló que el desafío es aún mayor. Aunque la incorporación de más energía solar y eólica es muy importante, no se deben dejar de lado las energías que han permitido que Colombia esté encendido durante más de tres décadas, tales como la energía térmica y la energía hidráulica.
“No hay transición energética sin seguridad energética. La transición no avanza sin embalses, sin almacenamiento y sin gas. No es sustituir, es sumar”, dijo.
Para la líder gremial, uno de los mayores obstáculos son los retrasos: “Sin redes, la energía no llega. Sin transmisión, las renovables no se conectan. Sin nuevos proyectos, perdemos margen. Y cuando un sistema pierde margen, ya conocemos la historia: racionamientos, intervenciones y pérdida de confianza”.
Criticó, además, las señales contradictorias del país porque, por un lado, se impulsan las renovables, pero los trámites ambientales tardan más que la construcción; se pide acelerar la transición, pero se genera incertidumbre regulatoria. “Cuando se cambian las reglas sin sustento técnico, la inversión se detiene”.
Ante este escenario, planteó lo que, a su juicio, el país necesita: estabilidad regulatoria, un plan de largo plazo que supere los gobiernos de turno y señales claras para energía firme, transmisión y renovables.
Asimismo, insistió en que la política pública y la técnica hablen el mismo idioma. “Sin nueva oferta no habrá transición posible. Sin energía no hay industria ni bienestar. Sin confiabilidad no hay crecimiento económico”.
Efectos de un apagón
El experto en temas energéticos y directivo de Acopi en el Atlántico, César Uparela, advirtió que un nuevo apagón en el país generaría múltiples efectos negativos. En primer lugar, aseguró, habría una grave afectación al sector industrial, que vería interrumpidos sus procesos productivos.
Además, se impactaría la cadena de suministro de bienes y servicios, generando retrasos y pérdidas económicas a gran escala.
A esto se suma que muchas empresas —especialmente las Mipymes, que no cuentan con sistemas propios de autogeneración— tendrían que recurrir a plantas eléctricas, lo que implica costos adicionales significativos.
Un apagón también tendría efectos sociales, ya que aumentarían aún más los niveles de inseguridad en el país.
“Y quizá el punto más crítico: la afectación al sector salud. Se producirían cierres temporales de hospitales, clínicas y puestos de salud debido a la interrupción de servicios básicos, comprometiendo la atención médica y poniendo en riesgo a la población, que siempre es vulnerable a enfermedades y emergencias”, expresó el experto.
Pérdidas económicas
Un estudio del Banco de Bogotá de mayo de 2024 estima que una hora diaria de racionamiento de energía en Colombia podría costar entre $175.000 millones y $204.000 millones. Esto refleja la enorme dependencia del país de un suministro energético estable para mantener su actividad económica y laboral.
De acuerdo con este informe, los sectores más afectados por un apagón serían manufactura, minería y comercio, que en conjunto representan el 24 % del PIB y el 30 % del empleo nacional. La seguridad energética, por tanto, se presenta como un elemento clave para el crecimiento económico y la generación de trabajo.
Por otro lado, un estudio de Fedesarrollo señala que un racionamiento similar al vivido en los años 90 provocaría una caída económica de 1.5 puntos porcentuales. Además, advierte sobre fuertes impactos sociales: se podrían perder 230.000 empleos, alrededor de 203.000 personas caerían en pobreza y 102.000 entrarían en pobreza extrema.
Para Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de Fedesarrollo, los sectores más afectados serían la industria, el comercio, la minería y el sector de electricidad, gas y agua (EGA), que concentran más del 80 % de la demanda no regulada de gas.
“El impacto sería grande porque el déficit de gas y los eventuales racionamientos de energía reducirían el crecimiento del PIB hasta en 1.7 puntos porcentuales entre 2032 y 2033, lo que se traduciría en una pérdida de 230.000 empleos, especialmente en sectores intensivos en energía y mano de obra”, recalcó.
Aunque hoy estamos mejor que en los años 90, afirmó Mejía, porque el sistema es más robusto, con mayor cobertura, institucionalidad más sólida y experiencias superando varios eventos de El Niño sin racionamientos, el riesgo reaparece desde finales de 2026.
Lo anterior lo atribuye a la combinación de déficit de gas, baja hidrología y retrasos en nueva capacidad, lo que podría llevar a racionamientos si no se actúa: “Para evitar un escenario como el de los 90 se requiere acelerar proyectos de generación y transmisión, reducir la incertidumbre regulatoria, reactivar la exploración de gas, fortalecer la seguridad en infraestructura y mejorar la coordinación institucional, además de una gestión más eficiente de la demanda”.
¿Cómo evitar un apagón?
De acuerdo con los expertos, si se quiere evitar un riesgo real de un racionamiento en los próximos años, Colombia debe acelerar inversiones y ajustar su marco regulatorio. Un estudio de la Universidad Nacional estima que el país requiere entre 10.3 y 13 billones de pesos anuales para asegurar la confiabilidad del sistema eléctrico a mediano plazo y mantener un margen de seguridad del 10 % hacia 2036. Y son inversiones que hacen las empresas, sin recursos del Presupuesto General de la Nación, a riesgo propio.
A esto se suma la necesidad de correcciones regulatorias que permitan atraer inversión y destrabar proyectos. Entre las prioridades están eliminar normas que distorsionan los precios de escasez, convocar subastas con reglas estables, promover compras de energía en competencia, optimizar el acceso a capacidad de transporte para nuevos proyectos y revisar la efectividad de los incentivos tributarios para energías renovables.
Según cálculos del propio Gobierno, para el escenario de Transición Energética Justa, el sector necesita entre 25 y 30 billones de pesos al año, de los cuales al menos el 70 % debe provenir del sector privado.
Más de 11 países han vivido apagones en los últimos dos años
En los dos últimos años, más de 11 países de la región se han apagado; lo mismo ha ocurrido en otros continentes.
Sin embargo, Colombia, a diferencia de estos, no se ha apagado en los últimos 32 años gracias a que aprendió la lección después del apagón de los años 90. Recientemente, en Chile, en febrero de 2025, se sufrió un apagón masivo que dejó sin servicio eléctrico al 98,5 % de la población, más de 19 millones de personas, por más de ocho horas. La causa fue una falla interna en la red de transmisión. Una operación indebida en los sistemas de protección desencadenó un desbalance de frecuencia que no pudo ser compensado, provocando una reacción en cadena que sacó de operación varias centrales generadoras.
En el caso de Ecuador, enfrentó cortes de energía desde el 23 de septiembre de 2024, ocasionados principalmente por una sequía prolongada que redujo drásticamente la generación hidroeléctrica, fuente del 72 % de su matriz eléctrica. La crisis se agravó con la suspensión de exportaciones desde Colombia, que también atravesaba un déficit hídrico.
En España y Portugal se registró este año un apagón masivo provocado por una combinación de fallos técnicos que desencadenó una reacción en cadena de desconexiones. Al momento del incidente, cerca del 70 % de la generación provenía de fuentes solar y eólica, sin suficiente respaldo para mantener la estabilidad de la red.
El evento dejó a millones de personas sin suministro eléctrico, aunque la recuperación fue relativamente rápida: gran parte del servicio volvió en la tarde del mismo día y el 99 % de la demanda se restableció antes de cumplirse 24 horas. Portugal logró recuperar el 80 % del suministro esa misma noche.
