La tensión en la Universidad del Atlántico no afloja y por el contrario parece aumentar la puja por la elección del ya posesionado rector y en funciones, Leyton Barrios, enfrentado a un cese de actividades decidido por la asamblea estamentaria tras la decisión del Consejo Superior de escoger su nombre para regir los destinos de la institución hasta 2029.
Hay que recordar que el proceso de elección ha estado en entredicho, en gran medida, por los señalamientos de un sector de la comunidad académica que cuestiona la idoneidad y la experiencia acreditada por Barrios para ocupar el cargo.
No obstante, lo cierto es que el máximo órgano de la universidad, con el quorum decisorio de 5 de los 9 miembros presentes en la sesión, eligió al directivo.
Una resolución posterior a la elección –cumplida el 27 de octubre– fechada el viernes 7 de noviembre, firmada por tres personas del Comité Electoral que se conformó para verificar y validar las hojas de vida de los aspirantes que se postularon, ha atizado el fuego de la polémica en la alma mater. El documento declara la nulidad de la elección de Leyton Barrios y “ordena” al Consejo Superior proveer “de manera inmediata la vacancia absoluta del cargo de rector”.
Dicha resolución fue firmada por Neil Anais Torres López, quien aparece como representante de docentes ante el Comité Electoral; Alejandro Urieles Guerrero, vicerrector de Docencia; y Abel Gómez Gamarra, firmando como representante de estudiantes ante el Comité Electoral.
Lo que ha llamado la atención es que la resolución se expide y se da a conocer sobre la noche del viernes 7 de noviembre, luego de la jornada que el viceministro de Educación, Ricardo Moreno, presidió junto con otros funcionarios de dicha cartera que vinieron comisionados para “atender las quejas de los estudiantes” y que concluyó con la expedición de la Resolución 021457 en la que se ordena la “apertura de investigación administrativa preliminar contra los miembros del Comité de Credenciales y del Consejo Superior Universitario de la Universidad del Atlántico, por el presunto incumplimiento de disposiciones constitucionales, legales, reglamentarias y estatutarias en el marco del proceso de elección del rector”.
La elección del rector de Uniatlántico ha quedado en medio de una inevitable disputa política, justo en la antesala de una campaña electoral y en la que el Gobierno nacional, por conducto del barranquillero Armando Benedetti, ministro del Interior, ha decidido participar y duro con sus pronunciamientos en torno al tema. El más reciente: “Aquí queda claro con esta resolución del Comité Electoral que Leyton, el nuevo rector de la Universidad del Atlántico, no fue docente durante 4 años y, por tanto, no cumplía el requisito. Lo había advertido. Se les dijo a los 5 del Consejo Superior y a Eduardo Verano De la Rosa. Aún sabiendo esto lo eligieron. ¿Cómplices?”.
Leyton Barrios, antes de ser elegido rector, se desempeñaba como secretario de Educación departamental.
Denuncia penal
La Universidad del Atlántico informó que su Oficina Jurídica radicó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación por presuntas irregularidades en la expedición de una resolución atribuida a personas que se presentaron como miembros del Comité Electoral. La acción judicial busca que se investiguen posibles delitos de prevaricato por acción y usurpación de funciones públicas.
Según la institución, el Comité Electoral ya no tenía competencia para emitir actos administrativos relacionados con el proceso de elección de rector, el cual concluyó con la designación de Barrios.
La universidad enfatizó que cualquier controversia sobre la validez de un acto de elección debe resolverse ante la jurisdicción contencioso-administrativa, conforme lo establece el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011). Por lo tanto, ningún órgano interno, incluido un comité electoral, puede revocar o modificar una designación ya ejecutada mediante resolución posterior.
Se pronuncia el Comité
Por su parte, Neil Torres afirmó que el Comité Electoral funciona durante todo el año y que el que funciona tradicionalmente hasta cierta fecha es el de Credencial. “Nuestra posición es que sí tenemos competencia, y así está establecido en el artículo 50, incluso después de las elecciones”. expresó.
Añadió que la resolución cuenta con respaldo jurídico interno: “Estamos autorizados por el Consejo Superior a través del acuerdo que expide el Estatuto Electoral. Somos un comité delegado por el mismo Consejo Superior. En el Estatuto está claro que tenemos funciones de inspección y vigilancia de los procesos electorales”.
Ante todo este panorama, dicen los expertos que sería un juez quien determine, con base en las pruebas, si procede o no la demanda y se conozca si se anula la elección de Leyton Barrios. Por ahora continúa en funciones.
