Las alertas se encuentran encendidas a causa de los constantes casos de agresiones contra el personal técnico y operativo de la empresa Air-e. El caso más reciente se registró en el barrio Betania, al norte de la capital del Atlántico, donde un operario fue atacado con arma blanca y objeto contundente por dos personas luego de cumplir una orden de suspensión.
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Debido a la reacción oportuna de la Policía, uno de los agresores fue capturado. El trabajador, por su parte, interpuso una denuncia penal por lesiones personales ante la Fiscalía General de la Nación, y ha recibido acompañamiento médico y jurídico por parte de la empresa.
Desde la empresa Air-e se informó que esta problemática se viene registrando desde el 2020. En ese año se reportaron 5 casos, mientras que en 2021 ascendió a 31. Para 2022, por su parte, se incrementó a 45 y en 2023 se alcanzó el pico más alto con 79.
Sin embargo, de acuerdo con la compañía, la tendencia cambió a partir del proceso de intervención, cuando se reforzaron los canales de diálogo y las jornadas comunitarias. En 2024 la cifra bajó a 47 y, en lo corrido de 2025, se han presentado únicamente ocho casos.
Víctor de Luque Vidal, director de Gestión Comunitaria y Desarrollo Territorial de Air-e, destacó el acompañamiento de la compañía con sus colaboradores al momento de ser víctimas de hechos de intolerancia.
“La violencia jamás será el camino. Desde Air-e rechazamos toda agresión a nuestro personal técnico y operativo. Agradecemos a la Policía Nacional por su oportuna reacción y reiteramos el llamado al diálogo y la empatía”, expresó De Luque Vidal.
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El directivo destacó que el trabajo casa a casa, los talleres pedagógicos y los espacios de diálogo han sido clave para reducir los enfrentamientos.
“Tenemos abiertos todos nuestros canales para un diálogo fluido y respetuoso. Este fue un hecho aislado, pero nos impulsa a seguir trabajando por una energía más limpia, más segura y más bacana para todos”, puntualizó.
En ese sentido, la empresa Air-e reiteró su llamado a la tolerancia y al respeto por la vida, recordando que ninguna inconformidad justifica atentar contra la integridad de los trabajadores.
“Esta disminución refleja una mejora en la confianza de los usuarios y una mayor conciencia sobre la importancia de mantener un trato respetuoso hacia el personal operativo”, agregó la compañía.
Por su parte, EL HERALDO conoció que aunque la empresa sí realiza el acompañamiento social al técnico que resultó agredido durante la realización de sus labores, es el mismo trabajador quien decide sí realiza o no las denuncias penales ante la justicia penal.
En cuanto a la ruta de atención a una víctima en caso de una agresión por parte de la Policía Nacional, el tratamiento sería igual al de cualquier ciudadano ya que el agresor puede ser capturado en flagrancia o se acompaña a la víctima para el proceso de denuncia y posteriormente se desarrolle la investigación.