Por medio de la Subsecretaría de Rentas de la Secretaría de Hacienda Departamental, la Gobernación del Atlántico realiza una campaña de consumo responsable en diversas universidades del departamento.
El propósito de la administración es combatir el flagelo del contrabando y la adulteración de licores y cigarrillos, que no solo afecta la salud pública de las comunidades sino también las finanzas del territorio.
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Claudia Rojas, subsecretaria de Rentas del departamento, explicó que esta campaña de concientización está dirigida principalmente a la población joven, donde se ha detectado un incremento en el consumo de estas sustancias.
“En coordinación con las autoridades, hemos realizado visitas de inspección a establecimientos de comercio, especialmente aquellos que expenden licor y cigarrillos, para garantizar el cumplimiento de las normas. Esto se complementa con la campaña de capacitación que estamos llevando a cabo en las universidades, con el fin de prevenir a la juventud sobre la necesidad de atender las recomendaciones para evitar afectaciones a la vida de los atlanticenses y a las finanzas del Atlántico”, manifestó Rojas.
Durante esta misma semana, la Gobernación anunció que se programarán capacitaciones en otras instituciones educativas, como la Universidad del Atlántico, y en diversas universidades del departamento, con el objetivo de alcanzar al mayor número posible de jóvenes.
Las charlas se enfocan en orientar a los jóvenes para que identifiquen claramente los factores de riesgo asociados a la posible adulteración de estos productos.
“La idea es que los jóvenes se conviertan en aliados estratégicos, al llevar este mensaje crucial al resto de la población del Atlántico, ya que se les capacita sobre la manera adecuada de detectar el licor y cigarrillos de contrabando o adulterados”, detalló la funcionaria.
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En lo que va corrido del año, la Subsecretaría de Rentas y el Grupo Operativo Anticontrabando han realizado un total de 1.549 visitas de inspección a establecimientos: 599 en Barranquilla y 950 en los demás municipios.
Como resultado, se han registrado cerca de 24.000 aprehensiones de productos, valorados comercialmente en 250 millones de pesos. Además, se han cerrado 13 establecimientos y las autoridades reportan siete capturas de personas relacionadas con estos casos.
