La Superintendencia Nacional de Salud, a través de la resolución 2025420000006846-6, ordenó la toma de posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios y la intervención forzosa administrativa de la ESE Universitaria del Atlántico (ESE UNA) ante la crisis financiera y administrativa que viene afectando a la entidad y que ha generado una serie de protestas por parte del personal a causa de la falta de pagos.
La medida se aplicará, de forma inicial, por un periodo de un año, de acuerdo con el documento de 26 páginas que fue conocido por EL HERALDO. Es decir, estará vigente hasta el 19 de agosto de 2026 ante la crisis financiera y administrativa que ha arrastrado la entidad.
Tras una auditoría adelantada en el mes de marzo, la Superintendencia Delegada para Prestadores de Servicios de Salud identificó una serie de hallazgos que reflejan “una falta de cumplimiento de las disposiciones que rigen la gestión administrativa, financiera y contractual de la entidad, lo que impacta de manera negativa la adecuada prestación de servicios de salud”.
Entre algunos de los aspectos desglosados se encuentra que la ESE UNA no reconoce sus pasivos ni sus gastos y costos de conformidad con el marco normativo que le aplica y “en consecuencia no cuenta con información financiera relevante ni representa fielmente los hechos económicos”.
Por tal motivo, las cuentas por pagar a contratistas no fueron reconocidas en el periodo en el cual se prestaron efectivamente los servicios por parte de la entidad y existen registros contables que no corresponden o no explican los hechos económicos sucedidos en cada periodo.
Asimismo, los costos asociados a la prestación de los servicios de contratistas no fueron reconocidos en los periodos correspondientes aun cuando el mismo podía medirse con fiabilidad en razón a la existencia de contratos con honorarios pactados.
Además, la auditoría arrojó que desde la entidad no se garantizan las condiciones laborales justas y dignas que generan estabilidad del personal que trabaja en la entidad. A eso se suma que se incumplen disposiciones de la normatividad vigente al no contar con el talento humano necesario para los servicios habilitados y tener usuarios que son sujetos de especial protección constitucional en los servicios de internación, sin garantías de atención integral.
Además, se estableció que la junta directiva de la ESE omitió analizar los informes de ejecución presupuestal presentados por el gerente y tampoco emitió concepto sobre los mismos, “por cuanto no constan en las actas verificadas”.
En la auditoría también se estableció que la entidad ha incumplido sus obligaciones de reporte de información con calidad, cobertura, oportunidad, pertinencia, fluidez y transparencia, frente al Sistema de Información Hospitalaria (SIHO).
También se reportó una “gestión ineficiente de recursos que impactan su viabilidad financiera y no se cuenta con información financiera libre de errores materiales”.
Y aunque la ESE UNA presentó un plan de mejoramiento a finales de abril, este no fue aprobado debido a que “las actividades y acciones planteadas así como los tiempos y responsables de la ejecución no apuntaban a subsanar los hallazgos identificados”.
Un mes después, las directivas de la entidad radicaron un nuevo plan de mejoramiento y se determinó que no estaba direccionado a subsanar los hallazgos, en especial, el componente de riesgo.
En ese sentido, la Supersalud concluyó que se evidencia que la ESE UNA ha incurrido en una de las causales establecidas para la toma de posesión de las entidades vigiladas. De tal manera, el Comité de Medidas Especiales recomendó que se ordenara la toma de posesión y la intervención forzosa administrativa.
Cabe recordar que, durante las últimas semanas, el gobernador Eduardo Verano aseguró que se venía estudiando un posible cambio en el modelo de la entidad. De esta manera, cada hospital funcionaría de manera independiente, con equipos propios para buscar los recursos necesarios para su sostenimiento.
Un exalcalde, el interventor
La Supersalud confirmó la designación del cesarense Fredys Miguel Socarrás Reales como agente interventor de la ESE UNA, quien a partir de la fecha de su posesión ejercerá las funciones de representante legal. En su hoja de vida se destaca haber sido alcalde de la ciudad de Valledupar entre 2012 y 2015.
Entre otros de los cargos en los que se ha desempeñado se encuentran viceministro de Empleo y Pensiones y diputado del Cesar. Además, ha sido docente en diversas instituciones universitarias en el Cesar.
Socarrás Reales es médico cirujano de la Universidad Libre de Colombia. Cuenta con especialización en Gerencia de Servicios de Salud y un doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad de Zulia, en Venezuela.
“Tendrá la guarda y administración de los bienes que se encuentren en poder de la entidad junto con los demás deberes y facultades que le asigne la ley, y ejercerá las funciones propias de su cargo, de acuerdo con lo previsto en las normas del Sistema General de Seguridad Social, el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y demás normas que sean aplicables”, se lee en un aparte de la resolución.
Entre las primeras responsabilidades que asumirá Socarrás corresponde a la elaboración de un inventario preliminar de los activos y pasivos de la entidad. Para tal proceso contará con un periodo de un mes, para posteriormente presentarlo a Supersalud.
En ese sentido, la entidad le ordenó al agente interventor que “dentro del término dispuesto en el artículo primero de la presente resolución ejecute las acciones necesarias para superar las situaciones que dieron lugar a la intervención forzosa administrativa para administrar la ESE UNA”.
Asimismo, dentro de los 30 días calendarios siguientes a la intervención deberá presentar el plan de trabajo de la intervención, el cual “debe contener las actividades a realizar con miras a subsanar los hallazgos que dan origen a la presente medida”.
Los antecedentes
De acuerdo con la información que ha sido conocida durante los últimos meses por EL HERALDO, los pasivos de la entidad superan los $120 mil millones, lo que revive el fantasma de la crisis que llevó a la liquidación de los hospitales Universitario Cari –conformado por las sedes de alta complejidad y mental–, de Sabanalarga, Niño Jesús y Juan Domínguez Romero de Soledad.
Esta casa editorial pudo conocer que la ESE UNA suscribió cinco contratos para la prestación de una serie de servicios de salud, los cuales superan el billón de pesos y que tienen vigencia hasta el año 2037. Dichos contratos fueron firmados entre el 6 y 29 de diciembre de 2022, de acuerdo con la información consignada en las plataformas de contratación estatal.
El primero corresponde a los servicios en las unidades de cuidados intensivos, intermedios y básicos pediátricos y neonatal, por un total de $354 mil millones. El contratista corresponde a la Unión Temporal UCI Pediátrica y Neonatal del Atlántico, la cual se encuentra conformada por Gyo medical IPS y Zoquint.
La operación de servicios farmacéuticos en las distintas sedes de ESE UNA la adelanta la Unión Temporal Servicios Farmacéuticos del S&D, que se encuentra integrada por las firmas Suministro y Dotaciones Colombia y Dacapharma. Fue suscrito por un total de $241 mil millones.
El contrato para la prestación del servicio de laboratorio clínico en las distintas sedes del centro hospitalario, que asciende a $85.563 millones, fue suscrito con la Unión Temporal ESE UNA Atlántico, en la cual se encuentran las empresas Labnet 5 y MRO Resources.
Y la alimentación fue asignada al contratista Servicios de Alimentación N.P. por $173 mil millones, mientras que las imágenes diagnosticas son brindadas por la Unión Temporal Sociedad Ayudas Diagnosticas del Atlántico (integrada por las empresas Suministro y Dotacions Colombia y Sociedad Ayudas Diagnosticas), por $303 mil millones.
Gobernación trabajará con Supersalud para garantizar oferta de salud
El secretario de Salud del Atlántico, Luis Carlos Fajardo Jordán, se refirió a la intervención ordenada por la Superintendencia Nacional de Salud a la Empresa Social del Estado Universitaria del Atlántico (UNA) por un año y sostuvo que las dos instituciones trabajarán de manera coordinada para garantizar la oferta pública de salud en el departamento.
“La Gobernación del Atlántico brindará todo el apoyo y garantías necesarias para sacar adelante la institución, de la mano de la Supersalud y del interventor designado con el fin de seguir garantizando una prestación de servicios de salud con oportunidad y calidad en todo el departamento”, aseguró.
Cabe recordar que, en octubre del año 2021, la Asamblea del Atlántico dio el aval a la Gobernación –en ese entonces liderada por Elsa Noguera– para la creación de esta entidad debido a las dificultades fiscales de los centros asistenciales del orden departamental, que en su momento ascendían a $200 mil millones.
De esta manera, la administración departamental avanzó en la normalización de los pagos a los trabajadores, acreedores y proveedores de la entidad.
Posteriormente se adelantó la unificación de los equipos administrativos, para así establecer una gerencia y cuatro coordinaciones.
“No es una sorpresa”, dice el sindicato
El presidente del sindicato Anthoc en el Atlántico, Napoleón Mugno, aseguró que la intervención por parte de la Supersalud fue sorpresiva porque no hubo ninguna indicación previa, pero no por la realidad de la institución.
“Para nosotros como organización sindical no es una sorpresa todo lo que se está presentando este martes, ya que nosotros como organización veníamos haciendo las diferentes denuncias de las falencias que se presentaban en las diferentes administraciones que han pasado por la ESE desde su creación”, señaló Mugno a EL HERALDO.
El líder sindical recordó que “en su momento lanzamos un documento al que le llamamos alertas tempranas; la administración de ese tiempo no nos prestó la atención suficiente y hoy estamos viendo los resultados que se están dando con esta intervención. Para nadie es un secreto las dificultades económicas que está pasando la ESE como tal”.
Para Mugno, la posibilidad de una liquidación siempre está latente y podría desencadenar afectaciones a los trabajadores: “En una liquidación, pues la afectación sería para todos los trabajadores, tanto los de planta como los de OPS. Sí es bastante preocupante la situación, sobre todo por los trabajadores de nómina y la gente joven que viene detrás de nosotros, porque ellos son los más afectados”.
