La obra de ampliación del Corredor Universitario, a la altura del sector de Villa Campestre, en el municipio de Puerto Colombia, ha pasado de ser una promesa de desarrollo vial a una fuente de “preocupación” y millonarias pérdidas económicas para comerciantes y residentes de este sector.
Esta situación ha conllevado a la presentación de una acción de grupo, que fue recientemente admitida por el Juzgado 14 Administrativo de Barranquilla, a través de la cual se busca una indemnización a un grupo de comerciantes asentados en este sector de Puerto Colombia.
Carlos Grillo Puche, gerente de una firma encargada de la administración de locales en el centro comercial Le Champ e inmuebles residenciales ubicados en la zona, aseguró que los constantes retrasos y la falta de cumplimiento en los cronogramas han generado una “afectación económica enorme”.
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“Hemos visto locales históricos tomar la decisión de cerrar. Marcas con más de 11 años en el centro comercial se han retirado porque no aguantaba más las pérdidas”, afirmó Grillo Puche, quien recalcó que el flujo de clientes ha disminuido en más del 60 % a causa de las demoras en las obras.
Además del impacto en el comercio, los residentes de los conjuntos residenciales como Mar Azul, Lagomar y otras unidades en Villa Campestre también se han visto perjudicados. Aunque los niveles de arrendamiento aún no han caído de forma drástica, el mal estado de las vías, el polvo y el ruido constante generan inconformidad creciente entre los habitantes.
“La gente está tomando vías alternas, hay más tráfico, más accidentes y hasta daños en los carros por el mal estado de las rutas provisionales. Hay zonas donde la vía lleva más de un año reventada”, comentó Grillo.
En ese sentido, los comerciantes y ciudadanos han expuesto que –en reuniones previas– la Gobernación se ha comprometido a habilitar un acceso pavimentado al centro comercial para el mes de noviembre, el avance actual de la obra indica que esa meta no se cumplirá.
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“Necesitamos soluciones urgentes. Cada día de retraso son millones que se pierden y cientos de personas afectadas, tanto en lo económico como en su calidad de vida”, recalcó.
Otra de las medidas que se han implementado corresponde a un derecho de petición dirigido a la Gobernación del Atlántico, solicitando celeridad y cumplimiento en la ejecución de las obras.
Al respecto, Marbel Luz Montes, administradora del centro comercial Le Champ, sostuvo que los locales se han visto afectados debido a que las dificultades de movilidad por el sector han causado que los clientes prefieran llegar hasta otros lugares.
“Esta es una obra que se estaba prevista para terminarse el año anterior. Ya vamos en el mes de agosto y aún no se termina, tenemos varios locales desocupados y obviamente todos estamos desesperados”, señaló.
Asimismo, mencionó que han sostenido varias reuniones con el contratista Edubar; sin embargo, siguen sin tener una respuesta ante los cuestionamientos y solicitudes de la comunidad.
“Nos dijeron que la demora había sido por una reforma que le hicieron al diseño inicial del deprimido y por eso duraron como tres meses sin trabajar mientras hacían ese diseño, pero en este momento ya eso se superó, ellos están trabajando, pero vemos muy pocas personas, a veces las máquinas están quietas, entonces son cosas que a todos nos desesperan”, añadió.
Gobernador pide celeridad
Recientemente, el gobernador Eduardo Verano realizó un recorrido técnico por las obras de la Gran Vía en la carrera 51 B y le exigió a la firma contratista que haya mayor celeridad en la ejecución del proyecto y aseguró que “no aceptará más retrasos”.
Además, el mandatario confirmó que el deprimido vial estaría listo en aproximadamente ocho meses, mientras que la totalidad del proyecto se entregaría en un plazo de 14 meses. Y recalcó que esta es una obra estratégica para el departamento.
