La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) informó que las obras de defensa costera que se ejecutan en el corregimiento de Santa Verónica, municipio de Juan de Acosta, fueron autorizadas bajo una figura excepcional, en atención a la declaratoria de calamidad pública emitida por las autoridades territoriales.
Estas intervenciones, que buscan mitigar el riesgo inminente sobre la infraestructura vial, turística y habitacional de la zona, se desarrollan paralelamente al trámite ordinario de licenciamiento ambiental, como respuesta a una emergencia técnicamente verificada.
Lea también: Guardabosques: una labor silenciosa pero vital para la biodiversidad colombiana
Frente a versiones que señalan supuestos retrasos o falta de avances, la Anla aclaró que desde la recepción de las primeras solicitudes ha brindado acompañamiento técnico continuo a la Gobernación del Atlántico. En ese sentido, se han llevado a cabo reuniones, mesas técnicas y revisiones documentales, cumpliendo con los plazos y procedimientos establecidos por la normativa ambiental vigente.
La autorización excepcional está amparada por el artículo 43 de la Ley 1682 de 2013 y el Decreto 1076 de 2015, que permiten ejecutar obras urgentes en escenarios de calamidad pública, sin que ello implique el abandono del proceso de licenciamiento ordinario.
No obstante, la Anla recordó que esta autorización no exime a la Gobernación del Atlántico de presentar el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) ni de cumplir con los Términos de Referencia definidos para este tipo de proyectos. Hasta la fecha, la entidad ha recibido dos solicitudes de licencia ambiental para estas obras; sin embargo, los documentos presentados no han cumplido con los requisitos mínimos para iniciar su evaluación. Las observaciones fueron debidamente notificadas al solicitante.
Lea también: Incertidumbre frente a futuro de concesión de agua en Soledad
La decisión de autorizar las obras está respaldada por estudios técnicos realizados por la Universidad del Magdalena y análisis multitemporales de imágenes satelitales, los cuales evidencian un retroceso de entre 22 y 37 metros en la línea costera, situación que representa una amenaza directa para las comunidades y la infraestructura estratégica del corregimiento.
Como medida estructural prioritaria, la Gobernación propuso la construcción de espolones tipo T, con el objetivo de reducir la energía del oleaje, favorecer la acumulación de sedimentos y recuperar el perfil de playa afectado.
La Anla también destacó el acompañamiento preventivo de la Procuraduría General de la Nación, que fortalece el control institucional y promueve la transparencia en el desarrollo de las actuaciones administrativas.
Finalmente, la entidad reiteró su compromiso con la legalidad, la protección ambiental y la defensa de los derechos de las comunidades costeras, subrayando que las obras de emergencia se adelantan bajo principios de precaución, proporcionalidad y responsabilidad, con el fin de proteger la vida, la infraestructura y los medios de subsistencia de la población local.
