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Con gran preocupación fue recibido el nombramiento del nuevo agente interventor de Air-e, el cuarto desde que fue intervenida por parte del Gobierno nacional a través de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios en septiembre de 2024.

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Se trata de Nelson Vásquez, quien cuenta con más de 30 años de experiencia en el sector público y como docente universitario.

La llegada de Vásquez a la dirección de Air-e ha causado expectativa y preocupación entre los líderes gremiales y los usuarios de esta empresa comercializadora que opera en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira.

Coinciden en que la empresa está en un momento “crítico” a raíz de la iliquidez y las deudas acumuladas con las empresas generadoras de energía, a las que a la fecha le debe más de 1.5 billones de pesos.

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Para el exministro de Minas y Energía, Amylkar Acosta, este tipo de decisiones no le hace bien a la empresa y en especial cuando está atravesando por su mayor crisis.

Con ello, indicó Acosta, se está exponiendo a los cerca de 2.5 millones de usuarios de los departamentos del Atlántico, Magdalena y La Guajira a un riesgo que atenta contra la confiabilidad y firmeza en la prestación del servicio de energía.

“Air-e se quedó sin aire y, por tanto, lo que requiere de parte de la Superintendencia es inyectarle los recursos que necesita para superar las causas de la intervención —iliquidez, insolvencia y dificultades de flujo de caja—. Un vehículo que se apaga por falta de combustible no lo prende ni lo pone en marcha el mejor conductor”, expresó.

Por su parte, César Uparela, directivo de Acopi, confesó que recibe la noticia con “muchísima preocupación”. La experiencia nos enseña, dijo, que cuando no hay continuidad administrativa en una entidad —sea pública o privada— los resultados suelen ser un caos.

Sostuvo que los resultados positivos solo se logran cuando existe continuidad administrativa y los procesos se desarrollan bajo los lineamientos de una dirección que tenga claridad sobre hacia dónde quiere llevar la organización.

Asimismo, cuestionó que nombren sin experiencia en el sector. “Nombran personas sin conocimiento sobre el tema, que vienen a improvisar su gestión y a ganarse un buen sueldo, sin importarles el servicio que se presta a la comunidad de tres departamentos de la región Caribe”, expresó.

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Uparela le hizo un llamado al Gobierno nacional para que asuma con seriedad la crisis eléctrica que enfrenta la costa Caribe y deje de manejar el tema con fines políticos. “Solicitamos al presidente de la República que se dedique a resolver los problemas estructurales del servicio en estos tres departamentos, donde está concentrada buena parte de la industria de la región”, agregó.

A su turno, Norman Alarcón, coordinador de la Liga Nacional de Usuarios en la Costa Caribe, dijo que tiene mucha expectativa por el nuevo agente interventor en menos de un año.

Criticó que los motivos por los cuales el Gobierno nacional intervino la empresa no han sido solucionados. “La intervención del gobierno del presidente Petro no le ha brindado ningún respaldo económico a la empresa Air-e que atiende más de 2.5 millones de usuarios”.

Alarcón instó al Gobierno para que, a través de la Superservicios y el Fondo Empresarial, atienda los requerimientos de carácter financiero, como el pago de las deudas a sus proveedores.

Por último, invitó a Vásquez a respetar el debido proceso en las relaciones y reclamaciones de los usuarios.