Con el fin de asegurar la continuidad en la prestación del servicio de energía y gas en el país, el contralor general de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, en conjunto con la Procuraduría General de la Nación, hizo un llamado al Gobierno nacional para definir una fecha de pago para los subsidios de energía de este año.
Lea también: Detectan nuevas irregularidades eléctricas en el Atlántico y otros departamentos
De acuerdo con Becerra, hay que avanzar en “soluciones para saldar las deudas de los usuarios asociadas a la opción tarifaria implementada durante la pandemia, y así contener el crecimiento de la deuda acumulada en 2025”.
Asimismo, enfatizó la necesidad de fortalecer el diálogo con las empresas del sector, mitigar los efectos del archivo de la Ley de Financiamiento.
De esta manera, la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación llevaron a cabo una Mesa Técnica con el Ministerio de Minas y Energía y la Superintendencia de Servicios Públicos, en la que se abordaron temas relacionados con el pago de subsidios, la gestión de la opción tarifaria y el impacto económico y la eficiencia de las intervenciones a empresas de servicios públicos.
Con respecto a la intervención de Air-e, la Superintendencia informó que el fondo empresarial destinado a estas acciones contaba, a marzo de 2025, con $416.500 millones, pero que actualmente solo dispone de $167.000 millones, mientras enfrenta deudas por $234.000 millones asociadas a ocho empresas intervenidas y pasivos por $2,2 billones correspondientes a tres empresas en liquidación, incluida Electricaribe.
También se indicó que se están gestionando nuevos recursos, incluida la posible creación de una renta parafiscal, aunque se advirtió que estas soluciones requieren tiempo y la deuda continúa en aumento.
Deuda por subsidios
De acuerdo con cifras del Comité Intergremial de Energía y Gas, a enero de 2025, la deuda del Gobierno Nacional y las entidades oficiales por servicios públicos domiciliarios de energía eléctrica y gas alcanza los $7,6 billones, distribuidos en $2,7 billones por subsidios de energía eléctrica; $ 3,3 billones por opción tarifaria; $1 billón de deuda de usuarios oficiales y $ 628 mil millones por subsidios de gas combustible.
Sumado a esto, la Contraloría solicitó en marzo de 2025 un informe de las obligaciones pendientes con las empresas comercializadoras de energía al Ministerio de Minas y Energía.
En respuesta a este requerimiento, la cartera ministerial informó que la deuda pendiente asciende a $1,9 billones. De ese total, $1 billón ya ha sido reconocido mediante resoluciones de pago, mientras que el valor restante está pendiente de asignación, conforme al último informe el pasado 20 de mayo.
Sin embargo, el ente de control especificó que el ministerio no remitió detalle de la deuda con los operadores de gas combustible; que también se requirió en el informe, aunque sí anunció las apropiaciones de recursos para pagar los subsidios pendientes desde 2024 para el 96% de las empresas de energía y gas.
Dicho esto, el contralor Carlos Hernán Rodríguez advirtió que apropiación suficiente y la ejecución oportuna debe ser programada y ejecutada en la respectiva vigencia ya que estos recursos cubren necesidades periódicas y de valores predecibles.
Es de anotar que según la información emitida por el Ministerio de Minas y Energía el pasado 20 de mayo, el Gobierno nacional pagó la totalidad de las deudas por subsidios a empresas de energía y gas, por un valor cercano a $2,5 billones, cubriendo el rezago presupuestal de 2024 y las resoluciones expedidas entre enero y mayo de 2025.
De igual manera, puso de presente que se giraron aproximadamente $564 mil millones a 76 empresas del sector gasífero.
En ese sentido, la Contraloría General advirtió que si bien el Ministerio señala que la deuda de subsidios de 2024 ya fue saldada, existe la necesidad de hacer seguimiento a las obligaciones del primer trimestre de 2025, aún en trámite y sin presupuesto asignado, lo que podría afectar la sostenibilidad financiera de las empresas prestadoras y poner en riesgo la continuidad de los subsidios para las poblaciones más vulnerables.
Además, el ente estimó necesario “evaluar las fórmulas tarifarias y actualizarlas, incluyendo factores de eficiencia, como medida complementaria que podría llevar a su reducción, y a su vez, la disminución de las necesidades de subsidios. Se advirtió que las principales fallas encontradas en los esquemas de subsidios comprometen los objetivos de calidad, acceso equitativo y sostenibilidad financiera, además de encontrarse riesgos asociados a la transparencia en el manejo de los recursos públicos”.
Por otro lado, el contralor Becerra sostuvo que: “la ausencia de sistemas adecuados y de un seguimiento efectivo comprometen la transparencia y la efectividad de los subsidios, aspectos esenciales para garantizar una correcta distribución de los recursos en los servicios eléctrico y de gas combustible”.
