El Comité Intergremial del Atlántico y el Consejo Gremial de Bolívar solicitaron al Gobierno nacional que los recursos que sean recaudados a través de valorización en el eje vial Cartagena – Barranquilla sean invertidos en la terminación de la doble calzada.
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Expusieron que es 'legítimo' que el Gobierno utilice este gravamen en los bienes inmuebles beneficiados con el desarrollo de obras viales.
Indicaron que dichos recursos se constituyen en una fuente libre que pueden financiar la construcción y mantenimiento en doble calzada de los 60 kilómetros que no están incluidos en la concesión Ruta Costera.
'La doble calzada en la totalidad del corredor costero Cartagena-Barranquilla es indispensable para mejorar sus niveles de servicio y de seguridad a lo largo de su extensión y para el desarrollo turístico de la zona', aseguraron los gremios.
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Además, sostuvieron que 'estamos ante una oportunidad de materializar esta iniciativa que gestionamos desde hace más de 30 años, o a ser sentenciados a aplazar indefinidamente la atención de esa necesidad que es vital para el desarrollo económico y social de nuestros departamentos'.
Pusieron de presente que, de acuerdo con los cálculos hechos por el Ministerio de Transporte, con el cobro de la valorización se recaudarían $724.544 millones: 'Esa suma apenas cubriría aproximadamente el 50% del costo total del proyecto de llevar a doble calzada los 60 kilómetros que están en calzada sencilla, solicitamos también que con recursos del Presupuesto Nacional se financie lo faltante'.
Los gremios anotaron que, de esta manera, se da cumplimiento a lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo que incluyó el proyecto de doble calzada Cartagena-Barranquilla-Santa Marta.
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'Sustentamos estas solicitudes en el fundamento de la contribución por valorización, según el cual sus ingresos se deben invertir en la construcción de las mismas obras o en la ejecución de otras de interés público, y en el hecho de que no hay mayor equidad que invertir los recursos derivados de la valorización en nuevos proyectos en los territorios que los generan y que registran atrasos considerables en la modernización vial, como Atlántico y Bolívar', recalcaron.
En su pronunciamiento, el Comité Intergremial del Atlántico y el Consejo Gremial de Bolívar fueron enfáticos al sostener que en el decreto se debe definir el anismo jurídico que asegure que los recursos que se recauden vayan dirigidos a financiar la doble calzada.
'Decisiones de esta naturaleza e impacto exigen la puesta en marcha una mesa técnica con la participación del ministro de Transporte, William Camargo, los gobernadores de Atlántico, Eduardo Verano, y de Bolívar, Yamil Arana, y los gremios de ambos departamentos, para concretar las solicitudes antes mencionadas y precisar otros detalles del proceso como el mecanismo para hacer el derrame respectivo de la valorización y sus respectivos parámetros', puntualizaron.
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