Son varios los proyectos que se verían afectados en el Atlántico tras la emisión del decreto de liquidación del presupuesto 2024 por parte del Gobierno nacional, toda vez que –según la advertencia de la Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI)– hace una omisión a la desagregación de $12,5 billones para asegurar los recursos de inversión en obras de infraestructura a cargo del Invías y de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).
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El Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana advirtió que 'vemos con preocupación que el Decreto 2295 del 29 de diciembre de 2023 y su anexo técnico no especifican al detalle la destinación de $13 billones del rubro de inversión, cifra que representa el 13 % del total de gastos de inversión'.
Precisa el documento académico que los recursos faltantes están distribuidos en el sector Transporte ($10,5 billones), Hacienda ($2 billones) y Educación ($0,5 billones).
Entretanto, para el senador conservador Efraín Cepeda esta situación generaría una falta de inversión e impacto negativo sobre el empleo y las obras en el país, así como en el Caribe.
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'Ese error que se ha cometido en la liquidación del presupuesto no solamente se paralizan las obras en Colombia, sino que además no están los recursos para el mantenimiento que se debe hacer en las obras concesionadas y sin ello tendremos rápidos deterioros de las obras y cierres viales', señaló.
El congresista conservador calificó como grave el hecho de que no se respeten las vigencias futuras de los contratos adjudicados a través de alianza público-privada.
'Sin ese músculo financiero del sector privado no se podría impulsar las principales obras de desarrollo en el país. Hay que honrar esos contratos', anotó.
Por su parte, el exministro de Hacienda, Juan Camilo Restrepo, advirtió en EL HERALDO que la repartición al dedo del Presupuesto está prohibida por la ley. Esto luego de que se conociera que hay unos $13 billones aparentemente sin destinación específica en el Presupuesto para la vigencia 2024.
'Lo que viene sucediendo en materia presupuestal es supremamente grave y además no tiene antecedentes en la historia reciente del país. La Constitución y la ley dicen que es el Congreso, y solo el Congreso, el que al aprobar la ley anual de presupuesto, en lo que se llama ley de apropiaciones, señala con identidad, precisión, cada uno de los gastos que el Ejecutivo queda autorizado a realizar', dijo.
El economista agregó que 'se ha vulnerado ese principio de la ley al incorporar en el Presupuesto partidas globales que quizás pensaría la Presidencia que puede repartirlas a dedo, y resulta que la repartición a dedo está prohibida por la ley'.
Gremios piden reconsiderar la norma
El Consejo Gremial Nacional expresó su preocupación por la incertidumbre generada por el decreto reglamentario del Presupuesto General de la Nación.
Mediante un comunicado, expresó en primera medida que el mecanismo de vigencias futuras permite al Estado comprometerse a atender obligaciones en periodos futuros más allá de las vigencias presupuestales durante las cuales se asumieron dichos compromisos.
En ese sentido, agregó que este es el mecanismo mediante el cual, el Estado puede respaldar compromisos contractuales de aportar recursos, especialmente en los proyectos de infraestructura, que son normalmente de largo plazo.
'Generar la idea de que eventualmente estos compromisos no serán honrados, o pudieran ser sujetos de intentos de renegociación, causa inmensa incertidumbre a los desarrolladores y financiadores que en el pasado han tenido confianza en la seriedad del Estado para cumplir sus obligaciones', dijo Bruce Mac Master, presidente del Consejo Gremial Nacional.
Agregó que esto podría generar un gran daño a la confianza en los mercados.
