'Es un contrasentido'. Así calificó el Comité Intergremial de Atlántico y Bolívar la exigencia que hace la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhamad, de una licencia ambiental para ejecutar el proyecto de 'Restauración de los Ecosistemas Degradados del Canal del Dique'.
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Este sector gremial, en un comunicado de prensa, precisó que es 'inadmisible' que se retase la ejecución de este proyecto por un requisito como este que —según afirmaron– puede cumplirse mediante otros trámites 'más diligentes'.
'Exigir una licencia ambiental para un proyecto cuya naturaleza misma es restaurar ecosistemas degradados es un contrasentido que no tiene explicación si se consideran los beneficios que generará', señaló. Entre las ventajas que tendría la ejecución de este proyecto mencionó el Comité la prevención de inundaciones; ahorro en costos de transporte de carga y disminución de emisiones de CO2 por un mayor uso del modo fluvial en lugar del carretero.
De igual manera, resaltaron la disminución de morbilidad en enfermedades por menores inundaciones de alto impacto; la recuperación del área protegida del Parque Nacional Natural Corales del Rosario y San Bernardo; la reducción en el impacto del agua dulce y de la sedimentación sobre el sistema de área marina protegida.
De igual manera la rehabilitación y recuperación de las formaciones coralinas y fauna asociada, además del control de la intrusión salina y sus repercusiones en los acueductos de los municipios de la zona de influencia del Canal del Dique.
Manifestó que en términos sociales la restauración de los ecosistemas degradados del Canal del Dique 'constituye una oportunidad única para el desarrollo y la mejora de la calidad de vida de las comunidades que habitan en sus proximidades'.
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Lo anterior, bajo el argumento de que generará 61.766 empleos directos e indirectos y dinamizará la actividad agrícola, la pesca, y el turismo sostenible.
'Dados los beneficios ambientales, sociales y económicos antes señalados, hacemos un llamado al Gobierno nacional y a las distintas entidades estatales que tienen injerencia en este proyecto para que lleguen a acuerdos sobre los trámites a surtir por el concesionario, sin que ello genere retrasos en las fases de preconstrucción y construcción de las obras de infraestructura contempladas y sobrecostos que necesariamente debe asumir la Agencia Nacional de Infraestructura'.
Pidieron acelerar la puesta en marcha de esta iniciativa, facilitando el cumplimiento de todos los requerimientos ambientales, sociales, económicos y técnicos.
