Locales comerciales de toda índole, viviendas en distintos estratos sociales y hasta fincas ubicadas en recónditos lugares del Caribe colombiano han incurrido en un delito que repercute de forma negativa en el bolsillo de los ciudadanos: el robo de energía.
En las ciudades
Barranquilla, Santa Marta, Soledad y Maicao son los territorios en los que mayor robo de energía ha sido detectado en lo corrido del año, según las cifras conocidas por EL HERALDO.
En el caso de la capital del Atlántico se han contabilizado 28.600 casos de fraude durante 2023, lo que genera un promedio mensual de 5.720. Es decir, el promedio mensual por pérdidas de energía son por el orden de $5.195 millones representados en 30.888.000 kilovatio/hora que no son registrados.
En Santa Marta, por su parte, se han detectado 10.159 casos en lo corrido del año con una afectación económica de $1.845 millones tras dejar de facturar alrededor de 10.971.720 kilovatios/hora, en promedio.
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Mientras que en Riohacha se han encontrado 4.190 predios con fraude de energía, que corresponden a la pérdida de 4.525.200 kilovatio/hora y $761 millones, en promedio.
De esta forma, el promedio de pérdidas en las capitales de Atlántico, Magdalena y La Guajira oscila en cerca de $11.278 millones, mientras que en los municipios con el porcentaje más alto es de $3.227 millones.
'La energía dejada de facturar es equivalente aproximadamente a la energía que consume una ciudad como Santa Marta en un mes típico, que tiene cerca de 200 mil clientes', dijo Castilla.
Las investigaciones
Fermín de la Hoz, gerente de Servicios Jurídicos de Air-e, aseguró que a la fecha se adelantan más de 440 procesos penales y se ha materializado la captura de 183 personas por esta conducta.
'Hay 26 imputados y 9 personas con allanamiento de cargo, con lo que esperamos que, en menos de un año, debemos tener ese mismo número de sentencias condenatorias', expuso.
Agregó que el resto de los procesos siguen su curso normal, agotando las etapas propias del procedimiento penal para garantizar el debido proceso.
Expuso que además del trabajo conjunto con la Fiscalía y la Policía Nacional, la compañía ha implementado una serie de medidas y operativos tecnológicos para detectar todo tipo de fraude.
De esa manera se han logrado encontrar redes criminales que se dedican a esta actividad ilegal, marañeros que manipulan las redes e infraestructura o personas arbitrarias que alteran los medidores.
'Para hacerle frente a esta situación, Air-e ha implementado la moderna herramienta ‘Octopus’ para combatir el robo de energía. Esta nació del primer reto de innovación abierta que lanzó la compañía. ‘Ennova, menos fraude, mejor energía', explicó.
Explicó que el equipo está en capacidad de hacer un monitoreo en línea y determinar si existe alguna alteración de los medidores de energía instalados en casas o edificios a través de un seguimiento de los consumos de los usuarios: 'Es decir, es un sistema de detección remota de hurto de energía a través de análisis de datos de consumo y balances energéticos'.
La opinión de un experto
El abogado Erick Calderón sostuvo que el delito de defraudación de fluidos se encuentra contemplado en el artículo 256 del Código Penal y conlleva a enfrentar a una pena de prisión de 16 a 72 meses, sumada a una multa entre 1.33 y 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
'Cualquier alteración al medidor de los servicios públicos provocada por el actuar de un usuario o suscriptor de contrato de condiciones uniformes, con miras a apropiarse de los fluidos puede hacerlo pasible de una sanción penal', dijo.
Calderón agregó que de esta conducta se excluyen las alteraciones que ocurren por hechos de la naturaleza o por casos fortuitos, tales como el daño del contador por el paso del tiempo o factores propios de su funcionamiento que impidan la medición en términos normales.
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