Pablo Bustos, defensor de las víctimas, fue quien denunció presuntas contradicciones de la jefe del ente acusador en el caso.
Los demandantes advertían que debía ser ternado un hombre y que se había descompletado la terna con la renuncia de Amelia Pérez.
Los hermanos Andrés Felipe y Ramón Emilio Pérez Hoyos expondrían a los financiadores, los grupos criminales y el origen de los dineros con los que se cometió el crimen del fiscal paraguayo.
Se trataba de una demanda para la suspensión provisional de la elección, pero se rechazó por extemporánea.
El menor de 14 años portaba una pistola Glock de origen austriaco la cual es comúnmente usada por la fuerza pública.