Es indigno porque no respeta la constitución al decretar una consulta popular pasando por encima del Congreso y de las Cortes. Es indigno porque intenta extorsionar al Senado con la reforma laboral a través de amenazas de una asamblea constituyente.
En caso de aprobarse, la ley permitirá incorporar recursos en el Presupuesto General de la Nación durante las próximas cinco vigencias fiscales para desarrollar un conjunto de proyectos estratégicos para la institución.
Por eso, la consulta ya no es un gesto democrático para “escuchar al pueblo”, como repite el Gobierno, sino la pataleta de quien no quiere soltar el control del relato. Si el Congreso aprueba una buena reforma laboral, al presidente se le cae el guion del héroe solitario frente a un Capitolio insensible.
Ocho partidos políticos expresaron, a través de un comunicado conjunto, que la convocatoria de la consulta popular por vía decreto se constituye en una “ruptura” de la separación de poderes. Expresidentes piden la defensa de la democracia.
La iniciativa también busca cambiar el esquema del consumo mínimo garantizado y establecer medidas para reducir las tarifas de energía.