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Sucre

Gestionan el pago de las Pruebas Saber 11 en Sucre

La gestión para el pago de esta prueba nació en la Asamblea y la hizo pública la diputada y presidenta de la duma Karime Cotes.

Aunque el pago del valor de las Pruebas Saber 11, de acuerdo con el cronograma estipulado por el Icfes para el calendario escolar A ya pasó, el gobierno Sucre Diferente gestiona ante la Asamblea Departamental la adición de unos recursos al presupuesto para tal fin.

Necesitan $70.930.700 para financiarlo en asocio con el Icfes que asume con el Gobierno Nacional el 50% del valor total.

En la sesión de la Asamblea de la tarde de este martes el proyecto de ordenanza --que será objeto de unas modificaciones porque los valores consignados no concuerdan—pasó su primer debate y mañana miércoles en la mañana la comisión de presupuesto que preside el diputado Jairo Barona se aprestar a analizar con el equipo de gobierno que firmó el proyecto las correcciones.

Barona anotó que hay 6.651 estudiantes en el grado 11 del departamento de Sucre y a ellos van dirigidos los recursos para la presentación de las pruebas los días 7 y 8 de noviembre.

Para financiar este pago el departamento de Sucre debe aportar 170 millones: $100 que están apropiados y los $70 del proyecto de ordenanza, que fueron tomados del Programa de Alimentación Escolar (PAE) pues este disminuyó este año sus costos de operación debido al cambio en la modalidad de entrega por la pandemia.

Yahir Acuña, el diputado de la oposición, destacó el fin del proyecto, pero se duele de la desventaja en la que están estos muchachos en comparación con los de los colegios privados que sí han tenido facilidades para realizar un pre-Icfes, por lo que se preguntó si el Gobierno departamental invertirá en preparación.

Calificó las Icfes como una “herramienta perversa” que hace un “filtro innecesario” y no una “orientación vocacional”, lo que se convierte en una excusa para el Estado decir que sí ofrece educación pública.

Fue Acuña quien advirtió de la imprecisión por parte de la administración departamental en el valor a adicionar, pues cada prueba vale, según el diputado Luis Alfonso Álvarez, $47.500 pesos.

La Asamblea espera que el proyecto sea una realidad el viernes.

Llamados de atención al Gobierno

A propósito de esa imprecisión, en la sesión trascendió que esto se ha convertido en una constante por parte de este gobierno a la hora de presentar algunos proyectos de ordenanza.

El diputado Acuña pidió a la presidenta de la Asamblea que oficie a la Oficina Jurídica de la Gobernación para que tenga una “técnica jurídica más adecuada”.

“Que no termine esta Asamblea revisando imprecisiones o, eventualmente, malentendidos, porque es la seguridad jurídica de la corporación. Hoy, tal vez por voto de confianza, uno avanza en las ordenanzas, pero tenga la plena seguridad de que el voto de confianza no es un argumento frente a la Procuraduría”, anotó.

A este cuestionamiento se sumaron los de los diputados del partido de gobierno Karyme Cotes y Jairo Barona, este último que ya se ha referido en muchas oportunidades a esos proyectos mal presentados, adujo esta tarde del martes que el voto de confianza “se está acabando”, al tiempo que Cotes  recordó que en la instalación de las sesiones y en presencia del gobernador, le había pedido a este “el cuidado y el rigor metodológico” en la presentación de las ordenanzas.

“Es un inconveniente que venimos presentando, el señor gobernador también se lo pidió a su equipo de Gobierno, que nos acompañaba aquí. De manera, pues, que todas las advertencias y las precisiones sobre ese particular están hechas por parte de esta mesa directiva”, anotó.

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