Chochó reclama celeridad para la captura del coronel Núñez
Los familiares de las víctimas les solicitaron a las autoridades que agilicen el proceso de detención al oficial, quien se encuentra prófugo tras dispararles a los tres jóvenes.
Luego de que la jueza primera penal municipal de Sincelejo, Aura Villalba, cobijara con medida de aseguramiento intramural a los 10 policías involucrados en el crimen de tres jóvenes en el corregimiento de Chochó (Sucre), en hechos ocurridos el 25 de julio del presente año, los familiares de las víctimas solicitaron a las autoridades que avancen en el proceso de la captura del coronel Benjamín Núñez, quien, según la Fiscalía, fue la persona que disparó a los hoy fallecidos.
Asimismo, los padres de los jóvenes reconocieron que los testimonios y material probatorio revelados en las audiencias fueron piezas que los afectaron emocionalmente.
“Yo estoy feliz, pero al mismo tiempo triste. En esa audiencia escuché todo lo que le hicieron a mi hijo. Yo soy una madre con un corazón muy débil y hasta me pongo a llorar cuando uno de mis hijos se enferma”, aseguró Luz María Mercado, madre de Carlos Ibáñez, quien arribó en 1999 a Chochó tras huir de la violencia en el municipio de Colosó.
Por su parte, Diomedes Díaz Toro, padre de Jesús David Díaz Monterroza, reconoció que ha sufrido con las diligencias virtuales; sin embargo, consideró que estas han servido para que el nombre de los jóvenes haya quedado ajeno de cualquier señalamiento criminal.
“Los policías que paguen su condena (...). Pero que no se nos vaya a escapar el coronel Benjamín, que eso es lo que estamos pidiendo. Si a ellos los cogieron, por algo fue. Y espero que paguen su condena, pero que la paguen aquí en Sincelejo”, solicitó el doliente.
Sin embargo, EL HERALDO conoció que seis de los 10 policías cobijados con medida de aseguramiento intramural fueron enviados a la cárcel La Modelo de Barranquilla.
Cabe recordar que la Fiscalía le imputó cargos a María Camila Buriticá, Rafael Paz, Santiago Garavito y Jesús Bolaños por los delitos de homicidio agravado y privación ilegal de la libertad.
A Yamit Henao y Álvaro Álvarez, quienes conducían la camioneta que escoltaba el vehículo donde fueron asesinados los menores, les imputaron cargos por privación ilegal de la libertad y favorecimiento.
Por último, a Uber Mieles, Diana Puerta, Bernardo Pontón y Leila Ávila, patrulleros adscritos a la unidad de Infancia y Adolescencia, la Fiscalía les atribuyó los delitos de tortura y privación ilegal de la libertad.
La juez Aura Villalba también le ordenó a la Fiscalía y a la autoridad disciplinaria correspondiente, que investigue, si no lo ha hecho, las siguientes cuatro situaciones:
1. Las personas que participaron en el operativo del 25 de julio y que arribaron al lugar del retén y que “hubiesen podido realizar actos de tortura”.
2. Al patrullero Álvarez Ricardo, que era escolta, debido a que él tenía asignado un fusil y con esa arma, presuntamente, hirieron en la cabeza a una de las víctimas, y es necesario saber si ese fusil lo usó siempre él u otra persona.
3. Determinar las personas que del grupo de apoyo como Goes, Infancia y Adolescencia, MNVC (Vigilancia), Sijin, Sipol, Gaula, el 25 de julio de 2022 se ubicaron en puntos La Gallera, Villa Rosita, Las Palmas, La Garita, entre otros, y con la utilización de arma traumática pretendieron retirar de cerca de Bellavista a un grupo de jóvenes que estaban practicando stunt donde permanecían Jesús y José Carlos con disparo de arma traumática, para ver si ello constituye delito o conducta disciplinaria, y quiénes habrían incurrido en ello.
4. Para determinar si la subteniente María Camila Buriticá incurrió en el delito de falsedad ideológica en documento público por la información contenida en un informe.
