Un mes de dolor en Chochó por triple crimen de jóvenes
La Fiscalía imputó cargos y solicitó medida de aseguramiento intramural contra los 10 uniformados involucrados en el caso. Hoy se cumple un mes del triple crimen.
La audiencia de solicitud de medida de aseguramiento contra los 10 uniformados involucrados en el crimen de tres jóvenes en el corregimiento de Chochó, Sucre, continuará este viernes con la participación del Ministerio Público, el representante de las víctimas y los abogados de los uniformados capturados.
En la diligencia, que tuvo algunos retrasos en su inicio por problemas de conectividad de los abogados, la Fiscalía General de la Nación imputó los delitos de homicidio agravado en concurso homogéneo, tortura, privación ilegal de la libertad y ocultamiento de material probatorio, cargos a los que no se allanaron los nueve patrulleros y la subteniente que son señalados de participar en este hecho.
Asimismo, el ente acusador aseguró que el coronel Benjamín Núñez fue la persona que le disparó en el platón de una camioneta oficial a los tres jóvenes.
En esa misma línea, los investigadores revelaron que el crimen se llevó a cabo en una zona desolada y distante de los cascos urbanos.
“Contrario a garantizar su integridad, contribuyen a golpearlos, con el ánimo de castigarlos al relacionarlos sin fundamento alguno con la muerte del patrullero Diego Felipe Ruiz. Las víctimas se hallaban en un estado de indefensión. Situación que fue aprovechada por el coronel Benjamín Núñez, quien haciendo uso de su arma de dotación, una Sig Sauer 9mm, le disparó en varias oportunidades a los jóvenes”, explicó el representante de la Fiscalía.
“Disparó en tres oportunidades contra Carlos Ibañez, impactándolo en brazo, abdomen y tórax. Luego le disparó a corta distancia en el tórax a Jesús David Díaz. Asimismo, disparó en tres oportunidades a José Carlos Arévalo. Esto como venganza por el señalamiento que recaía como autores del homicidio del patrullero Diego Ruíz”, agregó.
Según la Fiscalía, uno de los jóvenes estaba amarrado dentro del platón de la camioneta oficial.
“Todos conocieron de manera directa lo que sucedía sin evitar que sucedieran los hechos y no pusieron en conocimiento de las autoridades el accionar ilícito”, explicó el fiscal del caso.
La Fiscalía le imputó cargos a María Camila Buriticá, Rafael Paz, Santiago Garavito y Jesús Bolaños por los delitos de homicidio agravado en concurso heterogeneidad y sucesivo con privación ilegal de la libertad.
A Bolaños, además, se le acusa por los cargos de ocultamiento y destrucción de elementos materiales probatorios.
Yamit Henao y Álvaro Álvarez, quienes conducían la camioneta que escoltaba el vehículo donde fueron asesinados los menores, les imputaron cargos por privación ilegal de la libertad en concurso homogéneo y sucesivo en concurso heterogéneo con favorecimiento.
Por último, Uber Mieles, Diana Puerta, Bernardo Pontón y Leila Ávila, patrulleros adscritos a la unidad de Infancia y Adolescencia, la Fiscalía les atribuyó los delitos de tortura agravada en concurso homogéneo y sucesivo en concurso heterogéneo con privación ilegal de la libertad.
“En los videos se observa que ninguno de los policías tuvo interés en ayudar al cuerpo médico de la clínica para bajar los cuerpos. Las heridas dan muestra de que los tres jóvenes sufrieron golpes mientras estaban en vida, dan cuenta que sufrieron tratos contrarios a la dignidad humana”, concluyó el juez del proceso.
En total, para llegar a estas conclusiones, la Fiscalía realizó 196 actividades de campo, criminalística y forense. Además, se llevaron a cabo inspecciones técnicas a los cadáveres, necropsias medicolegales con protocolo de Minnesota y fijaciones fotográficas en el lugar de los hechos.
