La batalla legal en torno al ícono del reguetón Daddy Yankee escaló nuevamente. Esta vez, el artista, cuyo nombre de pila es Ramón L. Ayala Rodríguez, y junto a la compañía Los Cangris, Inc., radicó una nueva demanda federal contra Raphy Pina, su exesposa Mireddys González, el abogado Edwin Prado, Andrés Coll y varias entidades vinculadas a ellos.
El recurso, presentado en el Tribunal Federal, invoca el RICO Act y la Ley de Crimen Organizado de Puerto Rico, asegurando que existió una estructura organizada con el objetivo apropiarse de derechos de autor y desviar regalías que pertenecían al llamado “Big Boss” y a otros artistas.
Según el documento judicial, al que tuvo acceso People en Español, el supuesto esquema habría comenzado alrededor de 2015. Los demandantes aseguran que Pina y su círculo manipularon documentos esenciales de la industria musical, entre ellos split sheets, contratos y formularios de copyright, con el fin de hacer aparecer a Pina como coautor de canciones exitosas.
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Esa alteración no solo habría causado pérdidas millonarias en regalías, sino que también habría modificado archivos oficiales en la Oficina Federal de Copyright, reescribiendo literalmente la historia de temas clave del reguetón.
La querella también detalla que Pina habría recurrido a tácticas de intimidación, coerción e incluso violencia para mantener a los artistas bajo control y evitar que reclamaran. Por ello, Ayala Rodríguez exige compensación económica, la corrección de los registros alterados y garantías para impedir que esquemas similares vuelvan a repetirse.
Los demandantes argumentan que el daño también afecta “la transparencia y la herencia cultural del género”.
Dentro del organigrama descrito en el documento judicial, Andrés A. Coll-Fernández aparece como una ficha clave. Según la demanda, actuó como asistente principal y mentor de Pina, validando declaraciones de publicación consideradas fraudulentas y distribuyendo asignaciones falsas de derechos en distintas canciones. Todo esto, le habría generado beneficios económicos mientras ayudaba a ocultar la operación.
En cuanto a Mireddys González, la demanda la presenta como administradora dentro del esquema. Le atribuye la preparación de asignaciones que habrían aumentado artificialmente las participaciones de Pina-Nieves y reducido las de Daddy Yankee.
También se afirma que envió esos documentos a través del comercio interestatal y excluyó al artista de múltiples comunicaciones para mantener la apariencia de legitimidad.
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El licenciado Edwin J. Prado-Galarza, por su parte, es señalado como pieza jurídica del esquema. El documento afirma que facilitó la operación mediante la firma y circulación de contratos que incorporaban las presuntas declaraciones fraudulentas de publicación.
Entre ellos figuran el “Acuerdo de composición del título principal” y el “Memorándum de Comprensión” de “Buena Vida (Remake)”, firmados, según la demanda, sin autorización de Ayala Rodríguez. El texto sostiene que Prado obtuvo influencia profesional y beneficios económicos gracias al funcionamiento del esquema.




















