Debido a los graves impactos sociales y económicos que ha generado la suspensión del servicio del ferry en el municipio de Salamina, Magdalena, la Procuraduría General de la Nación encendió las alertas por posibles irregularidades en la gestión de la Corporación Autónoma Regional del Magdalena (Corpamag).
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De acuerdo con un informe preventivo con fines disciplinarios, el Ministerio Público identificó presuntas omisiones y falta de diligencia por parte de funcionarios de la autoridad ambiental en el manejo del proceso sancionatorio contra las empresas operadoras del servicio, así como en el trámite del permiso de ocupación transitoria del cauce del río Magdalena.
Indica además que esta es una situación que se ha prolongado durante décadas “sin un control oportuno por parte de las autoridades”, y aunque la decisión de suspender el servicio del ferry estuvo basada en el principio de precaución ambiental, ha generado un impacto desproporcionado en los derechos fundamentales de las comunidades.
Uno de los hallazgos detectados en el proceso denota posibles inconsistencias en el trámite administrativo adelantado por Corpamag, tales como la modificación injustificada del objeto de un permiso ambiental solicitado por una de las empresas operadoras y deficiencias en la motivación técnica para negar dicho permiso.
También cuestiona la Procuraduría la falta de coherencia en la valoración de pruebas y la imposición de requisitos técnicos adicionales que no habrían sido exigidos oportunamente durante el proceso, lo que podría vulnerar principios como la buena fe, la confianza legítima y el debido proceso.
Descarta a su vez que los problemas de erosión en la zona estén directamente ligados a la operación del ferry y estima que estos responden principalmente a dinámicas naturales del río Magdalena.
Debido a estas situaciones la Procuraduría remitió un informe a las instancias disciplinarias competentes para que evalúen la posible responsabilidad de los funcionarios involucrados.
La operación del ferry fue suspendida, como medida preventiva, desde agosto de 2025 por la falta de permisos ambientales, y ha impactado en más de 60 mil personas que dependen de este medio de transporte para su movilidad, acceso a servicios de salud y abastecimiento de alimentos en municipios como Salamina, Pivijay y El Piñón en el departamento del Magdalena.
