Con preocupación los pobladores de los departamentos de Cesar, Magdalena y La Guajira, en especial los de los gremios de la producción, ven el desmejoramiento de la seguridad que se ha venido presentando en sus territorios.
Secuestros, atentados, atracos tanto en la zona urbana como en la rural y en las vías, así como combates y confinamientos son la constante en esta zona del norte de Colombia donde la expansión de los grupos armados organizados (GAO) como el Clan del Golfo y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) también es evidente.
Las mismas autoridades civiles también dan cuenta de dicha expansión criminal y la preocupación que les asiste por las afectaciones en sus territorios.
Una de las voces que más se ha hecho sentir en las últimas semanas sobre este tema es la de la gobernadora del Magdalena, María Margarita Guerra, y cuyo clamor fue escuchado por el Gobierno nacional que este viernes lideró, a través del Ministerio de Defensa, el consejo de seguridad que ella tanto había solicitado.
La situación de inseguridad que se registró dentro y fuera del Parque Natural Tayrona desde principio de año y que llevó a militarizar este emblemático sitio fue también un detonante para que el Gobierno nacional pusiera su mirada sobre el Magdalena y su capital Santa Marta, una ciudad de 500 años que atrae a miles de turistas en diversas fechas del año.
La realización del consejo de seguridad en el Batallón Córdova del Ejército Nacional en Santa Marta fue el escenario en el que tanto el Gobierno nacional como la Gobernación del Magdalena unieron fuerzas y trazaron la hoja de ruta para arrebatarle a la delincuencia organizada algunos territorios y con ello devolverle la tranquilidad a los magdalenenses.
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La mandataria celebra que su voz hubiese sido escuchada y con ello haber logrado la donación de embarcaciones para el Ejército con la finalidad de enfrentar a la delincuencia en la Ciénaga Grande.
“Estas embarcaciones les permitirán a los soldados patrullar los pueblos palafitos, hoy bajo dominio criminal”, puesto que la ausencia de movilidad acuática habría facilitado el accionar de grupos armados ilegales en los pueblos palafitos de la ciénaga.
Con estas embarcaciones, el Ejército Nacional también tendrá capacidad de reacción real en la ‘Zona Gris’, protegiendo a los pescadores y cortando las rutas del narcotráfico.
También propuso, para la seguridad en la Sierra Nevada, la creación de un batallón exclusivo para este macizo, con el fin de neutralizar el uso de drones con explosivos y el reclutamiento forzado, además de la reasignación de municipios del sur de Bolívar a la Brigada 19 del Ejército Nacional para que el Batallón Córdova concentre su operatividad 100 por ciento en el Magdalena.
“Agradecemos la articulación con el Ministerio de Defensa, con el Ejército y la Policía, para seguir garantizando la seguridad y el bienestar de los magdalenenses, y para que los grupos organizados dejen de delinquir en el territorio, de modo que tengamos un departamento en paz”, expresó la gobernadora Guerra.
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Así como la violencia en poblaciones del Sur del Bolívar impacta de manera negativa en algunas del Magdalena, la del Catatumbo (Norte de Santander) se siente en las zonas limítrofes del departamento de Cesar y de esto ha dado cuenta de manera reiterada la Defensoría del Pueblo que incluso lo ha documentado en su Sistema de Alertas Tempranas (SAT).
Para Cesar, Magdalena y La Guajira está vigente desde hace cuatro meses la Alerta Temprana Estructural 020-2025, emitida el 2 de diciembre anterior y en la que la Defensoría del Pueblo advierte un alto riesgo humanitario en la zona de la Sierra Nevada de Santa Marta que comparten los tres departamentos antes mencionados.
Dicho riesgo se debe, según el ente del Ministerio Público, a la disputa territorial entre el Clan del Golfo y las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN), que amenazan a la población civil e indígena.
Delincuencia común
Pero no solo se trata de la inseguridad que generan los GAO, pues en el corredor que une a estos tres departamentos también hay presencia de delincuencia común, en algunos casos organizada, que está sembrando el miedo con sus asaltos a los usuarios viales.
Hay denuncias de la ciudadanía que transita en cualquier medio de transporte por esa arteria vial y que da cuenta que de la nada les salen personas dando la orden de pare con armas de fuego y quienes no lo han hecho han sido atacados a balazos y otros sí han caído en sus planes macabros, como ocurrió el viernes en el tramo Fundación - Loma del Bálsamo, sobre la Troncal de Oriente, a su paso por el Magdalena, donde fueron atracados los pasajeros de un bus de Coopetran.
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El autor del ilícito que generó momentos de tensión y temor en el interior del medio de transporte fue un hombre que simuló ser pasajero y que se subió al bus en Fundación. Llegando a Loma del Bálsamo desenfundó un arma de fuego con la que intimidó al conductor y lo obligó a detener el automotor a un costado de la vía donde llegaron dos de sus cómplices a materializar el asalto.
Inseguridad en La Guajira
En el caso de La Guajira hay una preocupación generalizada en la ciudadanía por el aumento de la inseguridad en ciertos corredores que conducen a lugares turísticos, pero en especial en el municipio de Uribia, donde sus habitantes no aguantaron más y alzaron su voz de protesta con un paro que duró más de 24 horas, pero fue interrumpido debido a que lograron unos compromisos con el Gobierno nacional.
La gota que llenó el vaso fue el secuestro el pasado miércoles 8 de abril del comerciante Giovanni Guarín Ciro, de 39 años, a quien individuos armados se llevaron por la fuerza en una camioneta de alta gama Toyota Hilux de color blanco y placas FQX - 617 de Zipaquirá, de propiedad de la misma víctima.
Esto llevó al gremio de comerciantes a salir a las calles en masa con el acompañamiento de la comunidad. Una de las medidas que tomaron fue el cierre total de comercio y de las vías de acceso a la cabecera municipal, las cuales fueron reabiertas en la mañana de ayer sábado 11 de abril tras la reunión con funcionarios de la administración local y de nivel nacional.
Un par de días antes de este secuestro, delincuentes hurtaron cuatro camionetas en el sector de Bahía Portete, área rural de Uribia. Entre ellas está una Toyota Prado de color azul, modelo 2005, ubicada a la altura del kilómetro 114, así como una Toyota Fortuner de color gris, que fueron halladas en estado de abandono en este corredor vial tras la presión de la Policía Nacional.
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Y es que esta importante vía: Riohacha-Uribia, que conduce al Cabo de la Vela, se ha convertido en un espacio apetecido para los criminales por la gran afluencia de turistas que vienen de distintas partes del país, ya sea vía aérea hasta la capital del departamento, o vía terrestre por el corredor de la Troncal del Caribe desde el Magdalena, también codiciado por grupos al margen de la ley, como las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada, mejor conocidos como Los Pachenca, y el Clan del Golfo, y donde también tiene presencia el Ejército de Liberación Nacional (ELN), de acuerdo con los reportes de las autoridades.
Otro de los casos más sonados es el homicidio del estudiante alemán Leif Elxnat, ocurrido el 6 de enero a la altura del kilómetro 58 de la vía Cuatro Vías–Uribia. El extranjero se movilizaba en una motocicleta por el corredor que comunica con la Alta Guajira, cuando fue interceptado por hombres que le dispararon con arma de fuego para despojarlo de sus pertenencias. Este es el pan de cada día en esta vía, según las constantes denuncias de la ciudadanía.
Consejo de seguridad
La Administración municipal, a través de la Secretaría de Gobierno, lideró un consejo extraordinario de seguridad, con la participación de autoridades civiles, militares y de policía, con el propósito de evaluar la situación de orden público y fortalecer las acciones en materia de seguridad y convivencia ciudadana.
Durante la jornada analizaron los principales factores que impactan en la seguridad del territorio y articularon estrategias interinstitucionales enfocadas en la prevención del delito, el control y la respuesta oportuna ante cualquier situación que impacte la tranquilidad de la comunidad.
Como resultado, definieron acciones concretas para fortalecer la presencia institucional y optimizar la capacidad operativa, ratificando el compromiso de la Administración municipal de Uribia en trabajar de manera articulada por la seguridad, el bienestar y la sana convivencia de todos los ciudadanos.
Compromisos tras el paro
Luego de las jornadas de protesta pacífica de los comerciantes, se conoció que el secretario de Gobierno departamental, Misael Velásquez, se comunicó con los líderes de la manifestación y confirmó que el miércoles 15 de abril llegará al municipio junto a altos mandos militares y de la Policía para realizar un consejo de gobierno extraordinario con autoridades locales.
