El Heraldo
El hacinamiento también preocupa a los guardianes. Archivo
Región Caribe

Las cárceles en la Costa, sin elementos de bioseguridad

Tras conocerse los casos de COVID-19 en Villavicencio, el sindicato del Inpec dice que les ha tocado comprarlos con plata de su bolsillo.

Un ambiente tenso se vive al interior de los establecimientos carcelarios del departamento en medio de la emergencia sanitaria por la propagación del coronavirus en el país.

El fallecimiento de dos reclusos y la hospitalización de otro a causa de la COVID-19 en la cárcel de Villavicencio han prendido las alarmas entre los guardias en el Atlántico, debido al hacinamiento y las falencias que hay en los protocolos de prevención y protección ante esta enfermedad.

Milton Aníbal, vocero del sindicato del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) en Atlántico, aseguró que actualmente no cuentan con los elementos de bioseguridad necesarios para evitar la transmisión del virus en los distintos centros de reclusión.

Indicó también que los guardias han sacado dinero de sus bolsillos para la compra de tapabocas, gel antibacterial y otros elementos de bioseguridad: “Se han recibido algunas donaciones de esos elementos y hemos podido dar algunos elementos a los internos, aunque no es suficiente”.

Asimismo, expuso que existe gran preocupación por el alto nivel de hacinamiento en los centros carcelarios, donde no existen espacios para el traslado y aislamiento de posibles casos positivos. Hasta el momento se han realizado pruebas a dos internos en La Modelo y otro más en la Penitenciaría El Bosque, las cuales han arrojado resultados negativos.

Según los datos revelados por el sindicato del Inpec, tan solo en la cárcel Modelo hay un hacinamiento del 110%, ateniendo a cerca de mil internos, mientras que en la Penitenciaría El Bosque cuentan con más de 1.600 presos y el hacinamiento supera el 120%.

“Un solo caso positivo acá es perjudicial porque la capacidad está sobrepasada en más de 100% en las cárceles. No tenemos la capacidad para atender una situación de esa magnitud ni tampoco hay el personal necesario para custodiar a los reos en centros hospitalarios”, agregó.

Panorama en la URI

Con relación a la situación en la URI de Barranquilla, la Fiscalía General de la Nación expresó que se vienen realizando controles de aseo, limpieza y desinfección de celdas para evitar la propagación de la enfermedad

El fiscal Francisco Barbosa indicó que se habilitó una celda especial para tener un control inicial sobre la salud de los capturados: “Se cuenta con gel antibacterial y alcohol, tanto para capturados como para servidores quienes igualmente utilizan en todo momento los respectivos tapabocas”.

Además, explicó que los fiscales no tienen contacto ni con capturados ni con defensores, mientras que las audiencias se realizan virtualmente para reducir cualquier posibilidad de contagio.

En Villavicencio

El gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, confirmó este martes 15 nuevos casos de coronavirus en la cárcel de Villavicencio, donde desde el pasado fin de semana se reportaron tres casos de contagio y dos fallecimientos. El procurador Fernando Carrillo, entre tanto, alertó acerca de que la situación de la penitenciaría de la capital del Meta es el inicio de una tragedia anunciada: “Una vez más insistimos en la urgencia de contener la propagación del #coronavirus en las cárceles de Colombia. Se requieren medidas”, trinó.

Ni visitas, ni nuevos reclusos en cárcel de Valledupar

Por Miguel Barrios

Para evitar que se presenten contagios con coronavirus en la cárcel judicial de Valledupar, que registra un hacinamiento cercano al 400%, teniendo en cuenta que de una capacidad de 256 internos, actualmente alberga 998, las directivas del penal en acatamiento a las medidas del gobierno nacional, restringieron las visitas de familiares a reclusos, incluso de abogados y de cualquier otra persona distinta al cuerpo de custodia.

Ciro Pérez, delegado de asuntos penitenciarios de la Personería de Valledupar, dijo que “desde el mismo momento en que se declaró la emergencia sanitaria por la llegada del coronavirus a Colombia, se adoptaron medidas de prevención para proteger la población carcelaria; entre ellas, no permitir visitas, ni la llegada de nuevos reclusos”.

Sostuvo que se ordenó que los guardianes que tuvieran algún síntoma gripal se abstuvieran de ir a trabajar; además, de estar atentos a la condición de salud de los internos. “Esto se está cumpliendo en la cárcel de Valledupar y hasta ahora no tenemos ningún caso de COVID-19 en la población reclusa”, precisó el funcionario.

En cárcel de Montería esperan elementos de protección

Por Óscar Cuello

El área de Sanidad de las cárceles de Córdoba aún no cuenta con los elementos de protección necesarios para enfrentar la pandemia de la COVID-19, que en el departamento deja 13 personas contagiadas, dos de ellas fallecidas por la enfermedad.

La situación fue dada a conocer por voceros del Sindicato del Inpec en la Cárcel Las Mercedes de Montería, con capacidad para 800 internos y tiene más de 1.500.

“La Unidad Especial de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, Uspec, no ha cumplido su papel como debe cumplirlo; han sido muy lenta en sus políticas y su gestión de los recursos ha retrasado el suministro para el personal de guardia, en especial para el personal que trabaja en el área de Sanidad”, indicó el sindicalista.

Los guardianes del Inpec en Montería temen que con la reciente renuncia del director del director de la Uspec, Ricardo Varela, se retrase aún más el envío de los elementos necesarios como batas, tapabocas, guantes, jabones, detergentes, entre otros elementos necesarios para evitar el contagio.

El personal que labora en la cárcel asegura que debe adquirir los elementos de protección con recursos propios.

En Sucre no los han dotado de los equipos

En la Cárcel de Mediana Seguridad La Vega de Sincelejo las visitas de familiares fueron suspendidas una semana antes de comenzar el aislamiento obligatorio. Esta medida, al igual que no permitir el ingreso de nuevos reclusos hacen parte de las adoptadas por la dirección del penal para evitar que la COVID-19 llegue a un establecimiento que tiene capacidad para 550 personas y a la fecha hay 763, de los cuales 39 son mujeres.

Jhonny Chadid, presidente del sindicato del Inpec, y quien fue uno de los primeros en rechazar la decisión del nivel central de recibir nuevos internos, ha ratificado en las últimas horas que la Uspec, la Unidad de Servicios Penitenciarios, es la que debe dotarlos de los elementos de bioseguridad y no lo ha hecho.

“Para nadie es un secreto que esta es una entidad que ha estado cuestionada por actos de corrupción y ha dejado de contratar estos elementos que necesitamos, pero esta responsabilidad no excluye a los entes territoriales (Gobernación y alcaldías) de su responsabilidad.

Desde que empezó la cuarentena solo han recibido dos internos y los tienen en aislamiento.

En el Magdalena están sin protección

Por Saith Férez Boneth

Al problema de hacinamiento que se vive en las cárceles del Magdalena, se suma la falta de elementos de bioseguridad para evitar el contagio de la COVID-19. La medida de contingencia implementada fue no recibir más reclusos y la suspensión de visitas tanto de familiares como juristas.

En el centro penitenciario Rodrigo de Bastidas de Santa Marta, cuya capacidad es 312 reos, en la actualidad cuenta con 1.320, convirtiéndose en un riesgo latente  ante el virus. Pocos han sido las unidades de tapabocas recibidas, por lo que esperan empezar a fabricar estos elementos con los internos.

“Contamos con nueve reclusos en clínica, por lo que solicitamos el cambio de la medida de prisión o detención hospitalaria con vigilancia electrónica para evitar que los guardias estén visitando las clínicas u hospitales durante esta emergencia”, manifestó Dairo Cantillo, inspector de la cárcel de Santa Marta.

Igual situación se presenta en la cárcel de El Banco, donde está habilitada para 80 internos, pero tiene 147. Los miembros del Inpec les hacen un llamado a las autoridades para los aprovisionen con utensilios médicos, ya que ni la camilla está en buenas condiciones.

Entregan elementos de protección en La Guajira

Por Emelda Wberth

La primera medida ordenada fue suspender las visitas y el ingreso de todo personal particular. El gobernador de La Guajira, Nemesio Roys Garzón, dijo que para prevenir la COVID-19, en concurso con la administración del centro penitenciario, están desarrollando jornadas de orientación dirigidas a internos, guardias y el personal del Inpec, para que tengan claridad sobre qué es el coronavirus, sus síntomas y formas de prevenirlo.

En las diferentes áreas han realizado actividades de desinfección y se han recibido kits con elementos de aseo para el uso personal de los reclusos.

“Se les explicó a los detenidos lo difícil de la situación acá afuera y lo importante que es cuidarse en estos momentos para evitar un posible contagio, porque esto sería fatal con el hacinamiento que tiene esta cárcel” señaló Nemesio Roys Garzón.

Cada paquete entregado contiene alcohol, guantes, tapabocas y gel antibacterial.

Es preciso indicar que la cárcel de Riohacha es una de las más hacinadas del país. Su capacidad es para 99 personas y actualmente alberga a 450 internos, pese a ello, hasta la fecha no se ha registrado alerta alguna por posible caso de COVID-19.

Críticas por exponer a procesados y sus defensores durante las audiencias

Por Jesús Blanquicet

Otro de los temas que genera inquietud dentro del sistema de justicia es el trato que han tenido los procesados y sus defensores, al no poseer los implementos de bioseguridad, ni distancia durante la realización de las audiencias en los complejos judiciales del país.

El abogado penalista Francisco Bernate y presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia se refirió al caso desde su cuenta de Twitter, donde realizó un trino acompañado de cuatro fotografías durante la realización de una audiencia.

“Esto da vergüenza, todos muy resguardados en la Sala de Audiencias menos el procesado y su defensor, ni protección, ni distancia. Jugándose la vida. Tristemente, para nuestras autoridades hay vidas que no cuentan”, señaló el jurista en la red social.

Este medio contactó a Bernate para profundizar en la situación que padecen los defensores en las audiencias en los tiempos de la COVID-19 en el país y señaló que en efecto el Colegio Abogados Penalistas de Colombia, a través de los canales institucionales, recibió “estas lamentables imágenes”, donde se observa que el juez, el secretario y el representante de la Fiscalía tienen todas las medidas de bioseguridad.

“Definitivamente parece que para la institucionalidad colombiana la vida de los abogados defensores o de los procesados pues claramente no vale. En segundo lugar, nosotros cuestionamos nuevamente el que se utilicen estos trajes y todas estas herramientas de bioseguridad, mientras que los médicos del país y los ciudadanos no tienen acceso fácil a los mismos”, señaló Bernate.

Destacó el abogado “que lo más triste” es que se expongan vidas humanas por la “resistencia cultural” a utilizar los mecanismos tecnológicos para celebrar las audiencias a través de los canales virtuales.

“Mientras los ciudadanos utilizamos los mecanismos tecnológicos para conectarnos con familiares y amigos, la justicia colombiana se resiste a usarlos. Esto va en detrimento de la vida”, aseveró el jurista.

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