Hace dos años y 8 días la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) le concedió –en contra de la voluntad de las víctimas– la libertad transitoria, condicionada y anticipada al ex gobernador de Sucre y ex embajador de Colombia en Chile, Salvador Arana Sus, por la calidad de sus aportes a la verdad realizados con relación a los hechos por los que fue condenado y procesado, y que ocurrieron entre 1996 y 2006.
Uno de los compromisos, además, de esa anhelada libertad de Arana Sus, era buscar otras verdades sobre la relación de la clase política del departamento de Sucre con las entonces Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y especialmente la vinculación de otras personas con el crimen del entonces alcalde del municipio de El Roble, Eudaldo ‘Tito’ Díaz Salgado, hecho del que él reconoció su participación, como ordenador, en enero de 2023, es decir, cuatro meses antes de recobrar la libertad.
A pesar del tiempo transcurrido y de los compromisos asumidos por el exgobernador Salvador Arana Sus con la JEP y con las víctimas estos no se han cumplido. “Arana ha vuelto de manera virtual a las audiencias convocadas sin ningún aporte de verdad nuevo y menos relevante. Y como en cada audiencia cambian a los magistrados estos creen que él (Arana) con lo que dice está contribuyendo, por eso no estamos de acuerdo con lo que está liderando la JEP que nunca debió concederle la libertad, sino expulsarlo de la justicia transicional”, expresa la familia del asesinado alcalde Eudaldo Díaz.
Ellos, las primeras víctimas reconocidas por Arana tras 20 años de lucha e impunidad, dicen estar dispuestas a no seguirlo interrogando “para que se luzca con sus mentiras”, sino que en adelante sus preguntas van a estar direccionadas a la Jurisdicción Especial para la Paz, con quien dicen no están a gusto con lo que ha hecho en este proceso.
Pero los familiares del ultimado alcalde no solo dicen que el exgobernador les ha fallado en los aportes de verdad, sino que la JEP tampoco ha procurado porque las inquietudes y solicitudes sean resueltas. Expide resoluciones y autos en los que no se refiere a temas como la expulsión que solicitó para Salvador Arana la hija de la exfiscal Yolanda Paternina Negrete por ocultamiento de bienes a esta jurisdicción y la información sobre los otros participantes en el crimen del alcalde Eudaldo ‘Tito’ Díaz.
“Ante ese gran inconformismo que tenemos en la familia, como víctimas directas de Salvador Arana, ya le solicitamos una reunión privada al magistrado”, dice la familia Díaz.
En ese encuentro pretenden indagar sobre todas las peticiones realizadas y de las cuales no se ha hablado, por parte de la JEP, en sus providencias a pesar de que ellos en las audiencias han dejado sentadas sus posiciones.
Además habrá, posteriormente, un espacio de escucha con el compareciente para satisfacer las demandas de verdad individuales solicitadas, orientado por la Oficina Asesora de Justicia Restaurativa.
“Se le solicitó a la JEP respuesta o decisión con respecto a la finca Tierra Santa donde estuvo, según testigos, retenido nuestro familiar y que exparamilitares manifiestan enterraron cuerpos en fosas comunes y la JEP no nos dice nada. Se queda con la versión de Arana que niega que nuestro familiar hubiese estado retenido y la presencia de fosas comunes allí, y mientras en ese sitio avanza la construcción de un multimillonario condominio campestre”.
Kety Yolanda Martínez Paternina, la hija de la asesinada fiscal especializada de Sincelejo, Yolanda Paternina Negrete, también se pregunta por qué la JEP no ha expulsado de su jurisdicción a Salvador Arana Sus y lo ha vuelto a encarcelar si hay pruebas que indican que ha mentido al decir que no tiene recursos con los cuales reparar víctimas y mientras su esposa, en una demanda de divorcio, detalla propiedades.
Sobre eso la JEP no ha dicho nada y las víctimas entonces deben esperar a que Salvador Arana Sus consiga dinero para arrendar tierras en las que sembrarán el ajonjolí que es su propuesta reparadora integral. “Es una clara revictimización, es una promesa similar a la de los políticos que dicen que van a hacer y hacer y no hacen nada porque en este caso él no ha dado ni la fecha de inicio de esa paupérrima reparación”, anota la familia del asesinado ‘Tito’ Díaz.
Qué dice la JEP
El pronunciamiento de las víctimas del exgobernador Salvador Arana Sus surge con ocasión de la más reciente decisión de la JEP contenida en la Resolución SDSJ N° 1439 que trata sobre los ajustes de la propuesta restaurativa presentada por el compareciente.
En ese documento la JEP reconoce que, “en efecto, la Sala consideró que en la fase inicial del procedimiento los aportes brindados superaron el umbral de lo establecido por la justicia ordinaria, siendo novedosos, presentes y suficientes para la construcción de la verdad plena, encontrando que estos se ajustan a los lineamientos fijados por la Sección de Apelación y satisfacen los fines del SIVJRNR, por esta razón, a través de Resolución 722 del 12 de febrero de 2020, dispuso aceptar su sometimiento ante la JEP como beneficio originario y posteriormente, con Resolución 1615 del 30 de mayo de 2023, le concedió el beneficio de LTCA”.
El compareciente especifique qué personas naturales o jurídicas financiarán la fundación, cuál será el origen de estos recursos.
Que el componente restaurativo sea robusto en verdad, esto ateniendo a que es el elemento fundamental para restaurar a las víctimas.
Se especifique quiénes conformarán la fundación, además de quienes conformarán el comité. ¿En calidad de qué estarán las víctimas, si como socias de la fundación o como beneficiarias?
Precisar las acciones concretas que realizará el compareciente en razón a la vulneración de los derechos humanos de las víctimas.
Se brinden las fechas de inicio del proyecto productivo y las acciones puntuales del compareciente en este.
Solicitan las víctimas que, en honor a su familiar y a su memoria, se nombre el día 10 de abril como “Día Nacional de la Verdad”.
Reiteran la importancia de construir un hospital municipal en nombre de su familiar, como acto que dignifica su memoria y el trabajo que realizó en vida por toda la comunidad. Se propone que el hospital lleve el nombre de la víctima directa: Eudaldo Díaz Salgado.
Solicitan la construcción de un busto con el rostro de Eudaldo Díaz Salgado que tenga escrito parte de su legado, específicamente que enuncie las acciones que realizó a favor y para beneficio de la comunidad.
Además están de acuerdo con la propuesta de acto público de aceptación, perdón, resignificación y redignificación a las víctimas siempre y cuando el compareciente aporte verdad plena antes de su realización.
En estos momentos los ajustes a la propuesta de reparación presentados por el compareciente Salvador Arana Sus, en cumplimiento a las observaciones de las víctimas están siendo evaluados por la Secretaría Ejecutiva de la JEP que debe emitir “un concepto técnico que brinde elementos necesarios para valorar la correlación del daño, la idoneidad y aptitud de la propuesta ajustada allegada y brinde asesoría y acompañamiento técnico en la estructuración, diseño e implementación de dicha propuesta de acuerdo con las normas señaladas”.
La crónica de una muerte anunciada por la misma víctima
Una de las situaciones que la familia del asesinado alcalde del municipio de El Roble, Eudaldo ‘Tito’ Díaz Salgado no le tolera al Estado es no haber actuado, según ellos, con la celeridad debida para que su muerte, que fue anunciada, no se ejecutara.
Es por ello que, con insistencia, se preguntan por qué el entonces presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, no ha sido procesado por este crimen dado que el alcalde le puso en conocimiento a él, y a los jefes de la fuerza pública en el país de ese momento, que había un plan para asesinarlo. Dijo textualmente: “Presidente, y es que a mí me van a matar”.
Su intervención fue una de las que hubo en el Consejo Comunitario realizado en el auditorio de la Escuela de Carabineros Seccional Rafael Núñez, en la ciudad de Corozal, el 2 de febrero del año 2003 y que como todos los demás fue televisado a nivel nacional, y organizado por la Presidencia de la República.
En ese momento el alcalde del recién creado municipio de El Roble, Eudaldo Díaz Salgado, estaba suspendido por la Procuraduría, por lo que tras su acalorada intervención más de un asistente se preguntaba el por qué le habían permitido el acceso a ese escenario que, estaba bien custodiado.
