El pasado 3 de julio, en la placita principal de la vereda de Machete Pelao, jurisdicción del corregimiento de Guachaca, en las faldas de la Sierra Nevada de Santa Marta, una decena de hombres camuflados con armas de largo alcance se distribuyeron en dos filas por la única vía del pueblito. Uno de ellos, encapuchado y con micrófono en mano, rendía honores –desde el platón de una camioneta plateada– al ‘Comando 27’, un compañero caído en combate. Todos los demás, incluyendo locales y turistas, prestaban atención sin decir mayor palabra. No se movía una hoja en el solar. Nadie emitía un sonido ajeno. El protocolo, impuesto por los fusiles, tan solo fue roto por un par de perros callejeros que se cruzaron varias veces en la mitad de la ceremonia.
“¿Qué es lo que somos?”, interrogó el líder. “¡Somos las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra!”, le respondió al unísono el resto de la tropa. Luego sonó por los parlantes un himno militar. Al finalizar, por instrucciones del jefe del homenaje póstumo, los demás encapuchados subieron su fusil al hombro, como dictan los cánones castrenses en este tipo de eventos, y gastaron munición al cielo. Entonces ahí, extinguidas las formalidades, varios grupos de ciudadanos, la mayoría extranjeros, pudieron aflojar todas las tensiones.
La escena, tan natural para unos, pero tan antagónica para otros, ratificó una realidad que, al menos en la región Caribe, no tiene tanta visibilidad como en el Cauca, Guaviare o Caquetá: los paramilitares, los rejuntes de los grupos que dejó la desmovilización de las AUC, siguen controlando, casi que sin oposición, miles de territorios importantes del país. Machete Pelao, un paso obligado para ir a explorar las ruinas de Ciudad Perdida, el principal centro de desarrollo de los tayronas, no dista de esa realidad.
Este punto del Magdalena, al igual que todo el corredor turístico de la Troncal del Caribe, es controlado por las ACSN, que ante la falta de presencia del Estado, se han adueñado de todos los operadores comerciales y, de paso, de los puertos, legales e ilegales, para sacar del país los cargamentos de droga.
Pero la aparente calma en esta zona, donde casi no existe el Estado, parece entrar en tela de juicio por otro actor armado, el poderoso Ejército Gaitanista de Colombia, o Clan del Golfo, que mantiene una expansión de la región desde el sur de Bolívar. La guerra se está cocinando hace tiempo.
Sin embargo, ahora, tanto como EGC como ACSN, entraron al tablero de la paz total (diálogos socio jurídicos) del Gobierno nacional. Eso sí, hay más dudas que certezas sobre sus voluntades de paz y los resultados concretos que pueda dar este proceso.
“Sin duda uno de los asuntos que más ha deslegitimado la apuesta de paz total ha sido la creciente sensación de inseguridad alimentada por la violencia generada por las disputas entre estructuras armadas y la profundización de la influencia de estas en sus zonas de dominio. La falta de conexión entre las mesas y estrategias de seguridad territorial, que además de proteger a la población informen oportunamente a las delegaciones oficiales sobre las condiciones en el terreno y los planes de los grupos, ha sido una constante a lo largo de estos dos años”, advirtió María Victoria Llorente, directora ejecutiva de Fundación Ideas para la Paz.
“La paz no puede avanzar a expensas de pérdidas en materia de seguridad. Un equilibrio y articulación entre estas dos es indispensable para no seguir desgastando la credibilidad en la salida negociada, lo que podría llevarnos a un escenario indeseable de tierra arrasada”, agregó.
Seguidamente, la experta consideró que el Gobierno, especialmente en este caso, debe aclarar los marcos jurídicos de sometimiento.
“La falta de claridad sobre las condiciones jurídicas bajo las cuales los integrantes de los grupos dejarían las armas, harían tránsito a la vida civil y le responderían a la sociedad y, en particular, a las víctimas, es uno de los aspectos que mayor incertidumbre genera sobre el futuro de las mesas. Una estrategia jurídica que dé cuenta de este clamor ciudadano, a la vez que genere incentivos para los armados y atienda las restricciones legales y constitucionales, es esencial para la solidez y credibilidad de los procesos de negociación”, puntualizó.
En este sentido, el problema es mucho más grave si se tiene en cuenta que el Clan del Golfo, el holding criminal más grande del país, mantiene en la actualidad una conquista de toda Colombia que, lógicamente, va en contravía de las voluntades de paz. Adicionalmente, desde el comando central aseguraron que no están dispuestos a someterse a la justicia ordinaria.
“En la actualidad el Clan del Golfo o recientemente autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) representa el mayor reto para la consecución de la paz en el país. Su progresiva expansión territorial y control social, así como su compleja forma de operación y organización interna suponen un reto enorme para el desmantelamiento y desarticulación de esta estructura armada, pese a los sistemáticos golpes propinados por la Fuerza Pública contra algunos de sus cabecillas más importantes y a sus disputas internas”, explica Pares en su más reciente informe.
El sistema de actuación del Clan, según Indepaz, implica una transacción de intereses: “el Clan del Golfo se beneficia del control territorial y de las rutas del narcotráfico que ofrecen estos grupos locales, mientras que estos grupos reciben insumos logísticos y beneficios económicos”.
Sin embargo, en algunos casos, de acuerdo con el investigador Luis Fernando Trejos, “en varias ocasiones opera la integración vertical en tanto los negocios implican mantener un fuerte control y estructuras propias para garantizar el control de marcas o negocios para socios internacionales, lo que explica el número importante de guerras que están adelantando en la Costa Caribe”.
Mejores indicadores
Lerber Dimas, director de la plataforma de DD. HH de la Sierra, aseguró que estos espacios de diálogos eran un reclamo de las comunidades afectadas por estos grupos. Ahora, de acuerdo con el investigador, se espera que los hechos de violencia disminuyan en la región Caribe.
“Es una complejidad enorme y pues la postura es hombre ustedes se tienen que comportar a la altura coyuntural de lo que le están pidiendo, están exigiendo paz pues muestran voluntad de paz, pero la voluntad de paz no se mide a través de un panfleto, la voluntad de paz se mide con disminuciones reales de la violencia en los territorios”, señaló.
Alianza entre el Clan y los Pepes
El Clan del Golfo habría sellado una alianza con Digno Palomino, jefe de los Pepes, con el objetivo de sacar del camino a los Costeños, organización que en los últimos meses se ha adueñado de las rentas ilegales en la ciudad. Palomino, según fuentes de inteligencia, buscó esta sociedad tras la pérdida de varios aliados, entre ellos los Vega Daza.
