La Alerta Temprana Estructural N° 033-22 que emitió la Defensoría del Pueblo hace cinco días para la subregión Montes de María, que abarca a poblaciones de los departamentos de Sucre y Bolívar, no le quita validez a las alertas que ya tienen algunos municipios, por el contrario, ratifica que el riesgo alto sobre el que anteriormente habían advertido no solo se agudizó, sino que se extendió en el territorio.
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Así las cosas, vale la pena recordar que sobre poblaciones de Bolívar hay tres alertas tempranas vigentes, dos de 2018 y una de 2020; y para Sucre hay tres más que cobijan a San Onofre, Ovejas y una tercera para la región de la Mojana.
Todas esas alertas y la que acaba de expedir la Defensoría tras verificación y aprobación del Ministerio del Interior tienen un factor dominante: la presencia masiva de las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), también conocidas como Clan del Golfo.
Para el caso del departamento de Sucre desde hace seis años campesinos, líderes sociales y miembros de la Mesa de Garantías y la Mesa Sucreña por la Paz han venido advirtiendo sobre las situaciones de riesgo, en especial de hostigamiento y amenazas a las que esta estructura tiene sometida a las comunidades.
Según las autoridades, el accionar delictivo en los primeros 9 meses de este año cobró la vida de 134 personas.
'… la inadecuada respuesta institucional a las recomendaciones y a la negativa a reconocer las dimensiones de la presencia y dominación de las AGC, facilitan que esta estructura ilegal se posicione como agente del orden social en los Montes de María', dice la Defensoría.
La advertencia del nuevo riesgo cobija a El Carmen, María La Baja, San Jacinto, Zambrano, San Juan Nepomuceno, Córdoba y El Guamo, en el departamento de Bolívar, y a San Onofre, Morroa, Ovejas, Los Palmitos, San Antonio de Palmito, Toluviejo, Chalán, Colosó, y Sincelejo, en Sucre, y se relaciona con la expansión territorial y consolidación de las AGC o Clan del Golfo en los centros urbanos y rurales de los 16 municipios de Montes de María.
Dominio
Con ocasión de esta alerta las organizaciones de la sociedad civil de Sucre, agrupadas en la Mesa Sucreña por la Paz, emitieron una declaración pública en la que indican que 'este departamento desde tiempos pretéritos es objeto de su captura por grupos armados ilegales que han sembrado el terror, la zozobra y la muerte'.
'Hoy enfrentamos graves problemas de violencia y seguridad, la colonización del territorio por el Clan del Golfo o Autodefensas Gaitanistas de Colombia, AGC, es una realidad irrefutable que amerita esfuerzos del conjunto de la sociedad en su solución', explicaron.
Así mismo, según los líderes de los Montes de María, el aumento considerable de los homicidios ha aumentado exponencialmente en los últimos meses.
'Existe un férreo control y dominio territorial de estas estructuras criminales, según líderes de la región, para asegurar el transito y movilización de drogas ilícitas hacia las ciudades puertos del Caribe colombiano –Cartagena, Barranquilla y Santa Marta– lo que se traduce en servidumbre, esclavitud', detallan los Consejos Territoriales de Paz, Reconciliación y Convivencia de los Montes de María.
Lugar estratégico
La ubicación geográfica de esta zona que comparten Sucre y Bolívar es la que favorece a los grupos armados para asentarse en ella y así lo explica la Defensoría del Pueblo, precisando que esta es importante para el desarrollo de economías ilegales, así como para el abastecimiento y el ocultamiento de sus miembros en zonas montañosas y salida al mar, además de fácil conexión con ciudades como Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, Montería y Sincelejo a través de vías las vías troncales.
'Han establecido en esta subregión un circuito económico de tráfico ilegal de estupefacientes, armas, contrabando de licores, cigarrillos, madera y medicamentos, además de otras rentas ilegales como la extorsión y el microcrédito a tasas de usura (gota a gota)', reporta la Defensoría.
El Clan del Golfo se hace sentir a través de amenazas contra la vida e integridad física vía panfletos, llamadas telefónicas y mensajes de texto; desplazamiento forzado, violencia sexual, intervención en espacios comunales y convocatoria a reuniones a las JAC para validar su presencia e imponer normas, reclutamiento de jóvenes, instrumentalización y constreñimiento a la población rural.
Es tal su dominio en los liderazgos que ya han hecho desplazar a quienes no quieren tener ningún tipo de relaciones con ellos.
'Un día el Eln reúne a las comunidades para dar órdenes; otro día son las AGC; otro día las disidencias. Uno no sabe ya ni quiénes son. Pero eso sí, a todos hay que pagarles impuesto', aseguró una lideresa del Sur de Bolívar.
El actuar de las AGC, según lo documentado por la Defensoría del Pueblo, no se detuvo ni en la época más difícil de la pandemia de la covid-19, pues en pleno confinamiento las amenazas denunciadas ante la Policía Nacional fueron de 323 para los 16 municipios.
Según algunos voceros, en la pandemia las AGC suplieron al Estado que se ausentó aún más de los territorios y que cuando hizo presencia, solo se limitó a hacer cumplir las medidas de bioseguridad.
'En algunos municipios de la subregión se pudiera hablar de un ejercicio de gobernanza criminal y la comunidad denuncia relaciones del actor armado con la institucionalidad local. Al respecto, la frecuente fuga de información confidencial que se enuncia en espacios institucionales y termina en manos del actor armado, como la impunidad con que desarrollan sus acciones, aumenta la desconfianza en la fuerza pública, en muchos casos señalando a quienes se asocian con el actor armado ilegal', reseña la alerta temprana.
Además 'las AGC hacen control de las vías y según la información recabada durante el monitoreo, se realiza principalmente, a través del patrullaje durante la noche, en algunos tramos de la Troncal del Caribe, Troncal de Contenedores y de la Troncal de Occidente.
'Fuimos víctimas de las Farc, de los paramilitares y hasta del Estado. Los habitantes de los Montes de María todavía no hemos superado aquello, todavía nos quedan secuelas. Y ahora estamos ante un nuevo conflicto que nos llena de zozobra. Cuando suena un disparo, la mente se dirige al pasado y corres a cerrar la puerta, a meterte debajo de la cama', dijo una víctima en un informe de la FIP.
Población en riesgo
La Defensoría del Pueblo hace especial énfasis en las poblaciones que están en riesgo por la presencia de las AGC y entre ellas están: autoridades étnicas, líderes de las JAC, personal de servicio público, docentes, organizaciones de cooperación, los niños, comerciantes, agricultores, finqueros, ganaderos que sufren el cobro de las extorsiones y amenazas; mototaxistas y transportadores, líderes y lideresas de los procesos de víctimas, reclamantes de tierras, integrantes de las mesas de víctimas y de los consejos de paz, defensores de derechos humanos, la población en proceso de reincorporación y la población sexualmente diversa.
Sobre este último grupo poblacional precisamente el líder de Caribe Afirmativo, Wilson Castañeda, durante la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos que realizó la Procuraduría 24 horas antes de la emisión de esta alerta temprana, exigió una vida en la dignidad.
'Que no nos maten. Necesitamos que este país nos permita vivir los proyectos de diversidad sexual en los territorios, que la ida a las ciudades sea de manera voluntaria y no por la fuerza, por desplazamiento', clamó el líder.
Involucra además a 114 barrios, 125 corregimientos y 218 veredas en las que habitan 347 mil 897 personas de las cuales 192 mil 836 son de sexo masculino.
Drama en Córdoba
Precisamente este viernes 16 de diciembre se cuentan 60 días desde el asesinato del líder social y periodista Rafael Moreno, en hechos ocurridos en el municipio de Montelíbano, subregión del San Jorge, sur de Córdoba.
Las directivas de la fundación defensora de los derechos humanos Cordoberxia, manifestaron que 'a pesar de que el Gobierno ofreció $40 millones de pesos por información que permita dar con la captura de los asesinos de Rafael, y en ese mismo sentido la Fiscalía General de la Nación designó un grupo élite para dedicarse exclusivamente en llevar a la justicia a los perpetradores de este crimen, tanto materiales como intelectuales, nada ha surtido efecto al día de hoy'.
La entidad agregó que 'los días pasan y la incertidumbre no se muda de las mentes de los líderes y lideresas sociales del sur de Córdoba, y periodistas'.
Los voceros de Cordoberxia se preguntan ¿quién ordenó el pago por el crimen del líder social Rafael Moreno?, ¿quién apretó el gatillo? y ¿quién fue su cómplice en la huida?.
'$40 millones de recompensa y la designación del grupo élite de la Fiscalía General de la Nación no han sido suficiente. ¿Qué más se necesita?; ¿hasta cuándo la impunidad?', concluyó la citada fundación.
Lo cierto es que, más allá de informes de autoridades locales, alerta de la Defensoría y el preocupante número de asesinatos, por ahora nada parece mejorar, sino todo lo contrario. El miedo sigue gobernado a través de las acciones del Clan del Golfo, que día a día continúa ejerciendo su dominio y control social en las comunidades más pobres.
{"titulo":"Fiscalía afecta patrimonio de red que vendía armas al Clan del Golfo","enlace":"https://www.elheraldo.co/colombia/clan-del-golfo-fiscalia-afecta-patrimonio-de-red-que-vendia-armas-al-grupo-961225"}
