Los cinco “sapos” que hay que tragarse con las Farc

Los colombianos deberán engullirse unos cuantos batracios por cuenta de los diálogos en La Habana. ¿Cuáles son y qué tan dolorosa será la indigestión?
‘Timochenko’ ha tildado al presidente Juan Manuel Santos (foto) de “sinvergüenza” y “criminal” .
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Los colombianos deberán engullirse unos cuantos batracios por cuenta de los diálogos en La Habana. ¿Cuáles son y qué tan dolorosa será la indigestión?

En varias oportunidades el presidente Juan Manuel Santos ha expresado que en la negociación con las Farc es necesario que los colombianos nos traguemos varios “sapos” si queremos que los diálogos sean exitosos.

Las afirmaciones han causado una gran controversia y en más de una oportunidad Santos ha tenido que salir a explicar el verdadero alcance de sus palabras. Las más recientes están relacionadas con la pretensión, tanto del Gobierno como de las Farc y la Fiscalía, de que se establezca una conexidad entre los delitos políticos y el narcotráfico, lo que causó un verdadero revuelo nacional.

A pesar de las explicaciones del mandatario, la posición del Gobierno sigue siendo confusa para un amplio sector de la opinión pública, que sigue creyendo que lo que buscan en La Habana es “lavarle la cara a las Farc como organización narcotraficante”, evitar que sus jefes sean extraditados a Estados Unidos y –sobre todo- permitir que varios de ellos participen en procesos electorales en Colombia, una vez firmen la paz con el Gobierno.

La tesis de Santos y del fiscal Eduardo Montealegre, según la cual el narcotráfico ha sido una especie de “herramienta” de la que se han valido las Farc para cometer delitos políticos, es duramente cuestionada por quienes sostienen que no solo se trata de un delito transnacional y autónomo, carente de cualquier conexidad con delitos políticos, sino que darle un tratamiento político permitiría a las Farc lavar su inmensa fortuna, producto de su actividad como organización narcotraficante.

“Mientras a los colombianos de bien nos imponen reformas tributarias, que nos obliga a pagar más impuestos, a las Farc el Gobierno pretende lavarles su fortuna”, me dijo un senador del Centro Democrático, grupo político que se opone a la reforma tributaria y a la negociación en La Habana.

La posición del Gobierno y de sus aliados políticos en el Congreso es bien distinta, pues los parlamentarios de la Unidad Nacional consideran que para alcanzar la paz es necesario hacer varias concesiones y que las mismas son el costo que hay que pagar para lograr la desmovilización y la reinserción de los cerca de 8.000 guerrilleros de las Farc.

“Los colombianos somos especialistas en tragarnos sapos. Ya lo hicimos durante el gobierno de Uribe con los ‘paras’ y ahora tendremos que hacerlo en el gobierno de Santos con las Farc”, me dijo un senador del partido de La U, defensor acérrimo de las conversaciones.

De manera que el sapo de la supuesta conexidad entre narcotráfico y delitos políticos es apenas el más reciente de una “cría de batracios” que ha salido a flote en los diálogos de La Habana, entre los cuales se destacan los siguientes: “Las Farc no somos victimarios, somos víctimas del conflicto”, “Las Farc no secuestramos, ni reclutamos menores”, “Las Farc no atentamos contra la población civil”, “Las Farc siempre hemos aplicado sanciones a guerrilleros que han incumplido las normas”, “Las Farc no somos narcotraficantes”, “Las Farc no tiene secuestrados en su poder, sino prisioneros de guerra”.

Las anteriores afirmaciones hacen parte de una lenguaje impuesto por los negociadores de las Farc en La Habana, que –curiosamente- no han encontrado respuesta contundente –al menos públicamente- por parte de los voceros del Gobierno en la mesa de diálogos. El jefe máximo de las Farc, alias Timochenko, ha llamado “sinvergüenza” y “criminal” al presidente Santos, “mafioso” al ex presidente Álvaro Uribe, “payasos” a miembros de las Fuerzas Militares, calificativos que han terminado por minar la confianza en los diálogos.

Pese a ello los diálogos de La Habana continúan y siguen superando crisis, como la que surgió con el secuestro –aun sin esclarecer- del general Rubén Darío Alzate, cuya versión, una vez en libertad, generó más dudas que certezas.

Contrario a lo que afirmó el presidente Santos, ese capítulo no se ha cerrado y los colombianos desean conocer exactamente qué fue lo que ocurrió con el alto oficial en las selvas del Chocó, episodio que puso fin a su carrera.

¿Cuáles son los sapos que debemos tragarnos los colombianos en la negociación con las Farc? ¿Cuáles son las implicaciones que tendría para la salud nacional el tener que digerir ese buen número de batracios? ¿Qué es verdad y qué es mentira en todo lo que afirman los jefes de las Farc?

“Las Farc no somos victimarias, somos víctimas del conflicto”

Que las Farc afirmen después de más cincuenta años de guerra que ellas no son victimarias, sino víctimas es no solo una muestra de cinismo, sino una ofensa a miles de familias que han sufrido en carne propia los vejámenes causados por ese grupo guerrillero. Si bien es cierto que sus  orígenes tienen que ver con motivaciones políticas, como reconocen inclusive sus contradictores, no es menos cierto que ha sido la población civil el principal blanco de sus ataques. Y no solo se trata de actos de terror, como ocurrió en Bojayá (Chocó) en 2002, donde murieron 119 personas, o con la bomba que guerrilleros de las Farc hicieron estallar en el Club El Nogal de Bogotá, en 2003, donde murieron 36 personas y más de 200 resultaron heridas, sino mediante la extorsión y el secuestro a miles de colombianos, muchos de los cuales con escasos recursos. Las Farc no pueden asumir la posición de víctimas, cuando todo el país ha sido testigo de sus ataques contra millones de personas indefensas. Es hora de que reconozcan abierta y públicamente su condición de victimarias y pidan perdón por todos y cada uno de sus actos criminales.

“Las Farc no secuestramos, ni reclutamos menores”

Este sapo es del tamaño de una catedral, pues es evidente que las Farc sí secuestran y reclutan menores. Punto. Y se trata de secuestros extorsivos que han cometido y siguen cometiendo a pesar de estar en negociaciones con el Gobierno. De hecho, la fundación País Libre denunció que desde que Gobierno y Farc dialogan en La Habana, ese grupo guerrillero ha secuestrado a 22 personas. El secuestro, la extorsión y el narcotráfico son las principales fuentes de financiación de las Farc. En tiempos del Caguán –por ejemplo- las Farc secuestraron al empresario japonés Chikao Muramatsu –el único ciudadano de ese país secuestrado en el mundo- y por su liberación pedían 27 millones de dólares, cifra que el propio Mono Jojoy les pidió a los familiares del japonés, quien a la postre sería asesinado por las Farc cuando estaba en su poder. Hay cientos de denuncias contra las Farc por secuestro en poder de las autoridades. Lo mismo ocurre con el delito de reclutamiento de menores. No es cierto –como afirman las Farc- que los niños y las niñas son “entregados voluntariamente por su padres”. Se trata de una práctica sistemática que ha llenado de dolor y tristeza a miles de familias humildes del país. Las Farc no pueden pretender tapar el sol con las manos. Un estudio de la Universidad Sergio Arboleda indica que el 47 por ciento de los integrantes de las Farc fue reclutado en su niñez, mientras que –según el Ministerio de Defensa- de los casi 30.000 guerrilleros desmovilizados en los últimos diez años, más de 4.000 son menores de edad.

“Las Farc no atentamos contra la población civil”

Otro sapo monumental. La teoría de las Farc según la cual la población civil “sufre los daños colaterales de la guerra” ha sido desvirtuada por la intensidad y la crueldad de sus ataques, que encuentran entre los civiles desarmados a sus principales víctimas. Los casos de Bojayá y del Club El Nogal en Bogotá son emblemáticos para desvirtuar esa absurda teoría. El bombardeo inclemente con cilindros-bomba a estaciones de Policía en distintos municipios ha dejado miles de viudas y huérfanos, sin que nada justifique semejantes actos de terror. Ni siquiera el hecho –como argumentan los jefes de las Farc- de que dichas estaciones se encuentren ubicadas en el casco urbano. En esos casos “los daños colaterales” del ataque guerrillero serían las vidas de los habitantes del pueblo, ajenos al conflicto, cuya integridad debe ser garantizada por el Estado, mediante la protección que les presta la Policía y el Ejército. Al no hacer parte del Estado al que combaten, las Farc justifican los miles de muertos que causa con sus actos de terror contra la población civil.

“Las Farc siempre hemos sancionado a guerrilleros…”.

Esta afirmación tampoco es cierta. A raíz de la condena impuesta a los guerrilleros de las Farc que asesinaron recientemente a indígenas de la comunidad Nasa del Cauca, los voceros de las Farc en La Habana han dicho que ellos también castigan y sancionan a quienes incumplen sus normas. Falso. Un solo botón sirve de muestra: Noé Suárez Rojas, alias Grannobles, fue el jefe guerrillero que secuestró y ordenó el asesinato de Terense Freitas, Ingrid Washinawatok y Laheenae Gay, ciudadanos estadounidenses, dedicados a trabajar con las comunidades indígenas en la frontera colombo-venezolana. El secuestro y posterior asesinato ocurrió en febrero de 1999. Los hechos siempre fueron negados por las Farc, hasta que –ante las contundentes evidencias, que incluía testimonios de guerrilleros que habían desertado- debieron reconocer su participación en la acción criminal. Grannobles no recibió castigo alguno por el secuestro y asesinato de los indigenistas estadounidenses, pues su hermano, Jorge Briceño, alias Mono Jojoy, se encargó de interceder por él ante los otros comandantes guerrilleros. Grannobles fue fusilado años después, por orden de las Farc, cuando su indisciplina se había convertido en un serio problema para ese grupo insurgente.

“Las Farc no somos narcotraficantes”

Los hechos demuestran que sí lo son.  En poder de las autoridades colombianas y de Estados Unidos reposan múltiples documentos y grabaciones que prueban las estrechas relaciones de jefes guerrilleros con carteles de la droga en México y en varios países del mundo. El ex director de la Policía general Óscar Naranjo, hoy integrante de la delegación del Gobierno que negocia con las Farc en La Habana, denunció en su momento los vínculos existentes entre las Farc y las redes internacionales de distribución de narcóticos. De hecho, el desaparecido alias Negro Acacio, era considerado el “capo” de las Farc, pues se entendía con los carteles mexicanos para la distribución de la droga en ese país. Hay frentes que se sostienen única y exclusivamente con el negocio del narcotráfico. ¿De dónde salen los 600 millones de dólares que según publicaciones muy prestigiosas, como ‘Forbes’, mueven las Farc todos los años? La delegación oficial en La Habana debería informar al país, si ese tema ha sido tratado en la mesa y cuáles han sido las respuestas de las Farc a los interrogantes sobre sus multimillonarios ingresos por narcotráfico. No se trata –como dicen los jefes de las Farc- de una relación marginal con los campesinos cultivadores de coca a quienes les cobra un “impuesto” por cada hectárea sembrada. Se trata de un negocio que mueve cientos de millones de dólares y en el que las Farc están directamente involucradas.

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