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Cambuches de exguerrilleros en la zona veredal de Mesetas, en el Meta. Archivo
Política

Fiscalía y Gobierno difieren sobre red de intermediarios en Fondo de Paz

Mientras el ente acusador indagó a Marlon Marín y al resto de los presuntos miembros de la red, el Ejecutivo negó que ellos estuvieran relacionados con los contratistas del fondo.

Un nuevo episodio se escribe en el escándalo de los malos manejos de los recursos destinados para los proyectos del posconflicto. Esta vez, las versiones que parecen entrar en contradicción son las de la Fiscalía General y el Gobierno Nacional.

Ayer, la viceministra de Hacienda, Paula Acosta, indicó que las nueve personas que el ente acusador está investigando por presuntamente hacer parte de una red de intermediarios para recibir ‘coimas’ o pagos irregulares de los contratos de los recursos para la paz, no tienen relación con los contratistas del Fondo Colombia en Paz, que es la gran estructura que reúne los dineros para dichos proyectos. 

“Yo no he encontrado ninguna anomalía. Con la información que se ha hecho pública, lo que hemos hecho es cruzar toda esa información con las bases de datos de los contratistas y de quienes han recibido pagos y no hemos encontrado ninguna coincidencia con los nueve nombres que se han hecho públicos (por la Fiscalía) (…) No hay relación entre esas nueve personas y los recursos que se han administrado en cabeza del Fondo Colombia en Paz”, dijo Acosta.

Lo expuesto por la funcionaria, que sigue vinculada al Consejo Directivo del Fondo Colombia en Paz luego de que se escogiera a Nelcy Rivera como directora encargada –mientras se realiza la convocatoria para elegir a la nueva tras la salida de Gloria Ospina por un caso distinto–, no deja de llamar la atención.

Esto, en la medida que no solo se trata de la citación a indagatoria que la Fiscalía General anunció contra Marlon Marín, sobrino de alias Iván Márquez, y contra las otras ocho personas presuntamente involucradas (María Elvira Valencia, Aldemar Cuello, José Domingo Ardilla, María Isabel Rueda Rueda, Yessica Gómez, Nayib Vergara , Sonia Velosa y Viviana Arias), sino que el propio Marín supuestamente salpicó a más de una veintena de alcaldes que estarían conspirando con la red para beneficiarse de la contratación de los proyectos, antes de viajar a Estados Unidos para colaborar con la justicia de ese país.

Esa información se dio a conocer el miércoles pasado, luego de que Marlon Marín se reuniera con fiscales colombianos para hablar sobre la corrupción en los contratos del Fondo Colombia en Paz. Dicho encuentro se dio un día después (14 de abril) de que el sobrino de ‘Márquez’ estuviera por más de siete horas con agentes de la DEA negociando los términos de su colaboración a cambios de beneficios con la justicia del país del norte.

Aunque todavía no se conocen los nombres de los supuestos gobernantes locales implicados en el asunto –que serían de los departamentos de Boyacá, Cundinamarca, el Cesar, Antioquia y Valle del Cauca–, la Fiscalía General estaría ad portas de llamarlos para rendir indagatoria. Así las cosas, habrá que esperar la respuesta del ente investigativo.

Proyecto en Barranquilla

En otro los aspectos que parecen contradecirse las versiones entre la Fiscalía y el Gobierno, es el audio que el ente acusador dio a conocer, y en el que se escucha a Marlon Marín hablar con un constructor, quien le dijo que había inflado en más de 2.000 millones de pesos un proyecto de vivienda relacionado con el posconflicto, el cual se haría en Barranquilla.

EL HERALDO se puso a la tarea de investigar de qué proyecto hablaba el sobrino de ‘Iván Márquez’, en qué parte de Barranquilla o del Atlántico se estaba ejecutando, o si esto era solo una propuesta que nunca se llevó a cabo, y esto encontró: El Ministerio de Vivienda anunció que esa cartera del gobierno no ejecuta iniciativas con recursos del posconflicto, por lo que desconoce a que se refería Marín. 

El Fondo Colombia en Paz, entidad que sí maneja esos dineros, anunció por su parte que del presupuesto General de la Nación, que consta de más de $800.000 millones, se han destinado recursos para “10 subcuentas” que no tendrían nada que ver con proyectos de vivienda.

Las subcuentas trabajan temas de reincorporación, primera infancia, sustitución de cultivos, programas de desarrollo con enfoque territorial, sustitución de cultivos, estrategia de respuesta rápida, Colombia Sostenible, Sociedad de Activos Especiales, Agencia Nacional de Tierras y sector privado. Esta última se refiere a un contrato con la empresa Cenit, que se dedica al transporte y a la logística de hidrocarburos.

Ni siquiera en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop), en donde a partir de esta semana se han publicado los procesos contractuales que ha desarrollado el fondo, aparece un proyecto de vivienda que se ejecute en Barranquilla con recursos del posconflicto. Todo indica que lo mencionado por Marín, era solo una propuesta, una iniciativa que nunca se concretó.

Así como en el tema de la supuesta red de intermediarios, en este caso también habrá que esperar el pronunciamiento de la Fiscalía y lo que digan sus investigaciones.

Los cambios en el fondo

En la rueda de prensa, la viceministra de Hacienda también presentó los cambios que tendrá el Fondo Colombia en Paz de ahora en adelante. El primero de ellos tiene que ver con la modificación del proceso y de los roles, pues se prevé la estandarización de los procesos contractuales, cronogramas y sistemas de la fiduciaria. También se indicó que se realizará una publicación semanal con la información de ejecución y adjudicación de los recursos, con el ánimo de hacer más transparente ese proceso.  Por otra parte, el Alto Comisionado para la Paz creará una instancia de coordinadores de los cinco fondos que componen al Fondo Colombia en Paz, que estará a cargo de la propia funcionaria. También se prevé que el propio fondo encargue una auditoría especializada, la cual realizará informes sobre la ejecución de los dineros de las otras estructuras que lo componen.

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