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Entrevista

“En la fuga de Aida Merlano se invirtió mucho dinero”: procurador Fernando Carrillo

Política

El jefe del Ministerio Publicó habló con EL HERALDO en Cartagena y se refirió a las investigaciones contra funcionarios del Inpec. Reiteró la necesidad de aplicar la ‘silla vacía’ al Partido Conservador.

En Cartagena, después de lanzar un llamado de atención a las campañas electorales a la Gobernación de Bolívar de Vicente Blel y Hernando Padaui por violar las normas en materia de financiamiento electoral, el procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, aseguró que detrás de la fuga de la excongresista barranquillera Aida Merlano hubo toda una “sofisticada organización criminal”.

Insistió que en este caso tiene que operar la ‘silla vacía’ para el partido por el cual se eligió como senadora.

Así mismo llamó la atención de candidatos y campañas, pero también de ciudadanos para evitar caer en el delito de compra y venta de votos.

P. ¿Qué hay detrás del caso de Aida Merlano, en el que ustedes le han insistido a la Corte Suprema de Justicia para que decrete la ‘silla vacía’?

R.

Yo creo que este es un caso emblemático y que le envía varios mensajes a la ciudadanía, en el sentido de que aquí se produjo un punto de inflexión en que la forma como funcionaba la llamada ‘Casa Blanca’ y el mecanismo de ganar elecciones tiene que quedar en el pasado. En el caso particular de quienes están en esas empresas criminales tienen que saber que la ley cada vez va a ser más drásticas, por un lado, y que los ciudadanos son todavía más conscientes de que esas son conductas que hoy son delitos.

 

P. A muchos ciudadanos les sorprende el caso de Aida Merlano porque dicen “todos compran votos”, ¿qué piensa usted?

R.

La compra de votos se ha convertido en una manera más de hacer política, casi que compra y venta de votos hacía parte precisamente de las reglas de juego de las elecciones, eso era como normal, casi risible. Eso es una infamia, porque es aprovecharse de las necesidades de las comunidades porque siempre es precisamente con los estamentos más vulnerables de la sociedad donde se produce la compra y venta de votos. 

P. En el caso de Merlano se violaron todos los protocolos. En ese sentido, ¿cómo van las investigaciones de la Procuraduría?

R.

Nosotros decidimos reaccionar al margen de lo que hizo el Gobierno en términos de solicitarles la renuncia a unos funcionarios. Nosotros entramos a determinar qué tipo de responsabilidades se habían incumplido, y qué tipo de deberes era necesario revisar, si se habían satisfecho o no, y nos encontramos con grandes sorpresas, porque hubo una ruptura en las responsabilidades de muchos de ellos: le redujeron el nivel de seguridad, le redujeron la escolta o la guardia penitenciaria, y todo lo que está grabado en esos videos que ha visto todo el país muestra, pues, la sofisticación de una organización criminal electoral y eso es muy grave porque no se trató de la acción simplemente de una persona a bajo costo. Esto es una organización criminal que invirtió muchísimo dinero en esa fuga para poner, por supuesto, en entredicho la posibilidad del sistema de justicia.

P. Sobre la ‘silla vacía’, hay ciertas voces en contra y otras a favor de que se decrete...

R.

Nosotros hemos insistido en que aquí tiene que operar la ‘silla vacía’ completamente. Hay toda una discusión jurídica absurda, fetichista con la norma en el sentido de que porque ella era representante a la Cámara ya había perdido esa curul a nivel de ‘silla vacía’ del partido y por lo tanto no tiene nada que ver la curul en el Senado. Nosotros creemos todo lo contrario: esos votos contaminados de corrupción eran votos para acceder, como efectivamente accedieron a una curul en el Senado de la República, luego entonces la ‘silla vacía’ tiene que operar es en el Senado de la República, y la ‘silla vacía’ es una sanción para el partido. Entonces, no puede el partido tomarse la prerrogativa de creer que se ganó un espacio legítimamente cuando todos sabemos que hubo conductas criminales de por medio, fueron actos de corrupción electoral y fueron delitos claramente tipificados en el Código Penal.

P. ¿Habrá más acciones o sanciones a funcionarios del Inpec?

R.

Sí, sin duda alguna, pues estamos adelantando la investigación, lo que hicimos fue abrir la investigación disciplinaria y lo que descubrimos en un momento fue la vinculación de estos funcionarios del Inpec.  Yo estoy seguro que estamos ante una red criminal con unos tentáculos bastantes largos.

P. Ahora quedó al descubierto este caso, pero probablemente habrá ocurrido con otro tipo de criminales que no son tan notorios públicamente...

R.

Exactamente, porque además esto va en términos de jerarquía, hay organizaciones muy sofisticadas, pero esas organizaciones muy sofisticadas se nutren de organizaciones no tan sofisticadas, es como una pirámide donde  se va estructurando una red criminal, y de ahí la importancia de la denuncia ciudadana. Yo sí quiero aprovechar este espacio para decirle a todos esos ciudadanos que fueron víctimas de esa red que están en Barranquilla: la gente sabe cómo operaban esas estructuras criminales, que le cuenten a las autoridades de control. A eso vamos a una audiencia el viernes 18 en Barranquilla. Estas instituciones de control sin la colaboración ciudadana no son efectivas.

P. Hablemos de Cartagena, ¿cuál es la situación en materia disciplinaria de los funcionarios involucrados en los escándalos de corrupción recientemente descubiertos?

R.

Estamos muy preocupados, porque yo creo que hay determinadas ciudades del país donde el riesgo es sumamente alto y Cartagena es uno de esos casos en donde uno cree que las costumbres políticas tienen que cambiar de aquí al 27 de octubre. Y realmente ese es nuestro propósito fundamental: el poder enviar por un lado el mensaje de que los funcionarios públicos no pueden hacer política, que hay que respetar la libertad del sufragio, que el trasteo de votos o trashumancia es un delito, que la compra de votos es un delito, que la publicidad exterior es un principio elemental de respeto a la legalidad, independientemente de que no sea un delito es una conducta que tiene que ser rechazada. Son esas cinco áreas las que estamos empujando desde la Procuraduría. 

P. ¿Qué estrategias ha diseñado la Procuraduría para que ese modelo de delitos electorales no se repita en otras ciudades?

R.

Hemos diseñado una estrategia de tener unas audiencias anticorrupción electoral que comienzan en Cali el próximo 8 de octubre, después tenemos Cartagena, tenemos Barranquilla el 18 de octubre, después vamos a Valledupar y Bucaramanga, son las que tenemos programadas en este momento con un único ánimo, con el ánimo de que la ciudadanía denuncie prácticas electorales. Estas elecciones son las elecciones más importantes después de la firma de los acuerdos de paz, son una definición del poder político real, hay muchos embates tanto del crimen organizado a nivel electoral tanto como de las economías ilegales, el narcotráfico, hay muchos factores de distorsión para el ejercicio del derecho al sufragio que nos preocupan muchísimo, y por eso estamos tratando de montar como un sistema inmune que le permita a la democracia defenderse de todos esos golpes que tradicionalmente le han dado porque ahora estamos al frente de una cantidad de nuevas conductas que son calificadas como delitos. 

P. A 23 días de las elecciones, ¿qué es lo que más le preocupa a la Procuraduría del Caribe o del Atlántico?

R.

r  Hay precisamente un mapa electoral, lo que son las zonas rojas desde el  punto de vista de las alertas que se presentan y son zonas caracterizadas en el pasado, donde la compra y venta de votos ha sido tradicional porque ha habido trasteo de votos, porque las autoridades locales son muy débiles a la hora de perseguir ese tipo de conductas criminales electorales. Y lo que estamos haciendo es diciendo que estamos todos los organismos de control, todos a una, con el propósito de decirle a la ciudadanía: aquí estamos tratando de ponerle una armadura a la democracia contra la compra y venta de votos. Yo creo que esa armadura es una responsabilidad que tenemos todos los organismos de control para que se vuelva impenetrable a lo que eran prácticas comunes y muchos creían consuetudinarias, costumbres políticas que hicieron camino y resulta que son las que más daño le hacen a la posibilidad de que la democracia siga consolidándose en Colombia.

P. ¿Cuál es la mayor amenaza en Atlántico?

R.

La mayor amenaza siguen siendo las economías ilegales en todo el país, porque es evidente que para la compra de votos utilizan dinero mal habido, y es dinero de la contratación mal habida, es dinero de la corrupción. En otras zonas del país es dinero del narcotráfico y todo ese dinero por supuesto lo que busca es ganar elecciones para después seguir invirtiendo en la contratación y recuperar la inversión, tal cual.

P. Precisamente Soledad es uno de los municipios donde siempre está puesta la lupa. ¿Qué ha pasado con la investigación a 11 concejales?

R.

Nosotros cumplimos todo lo que es el trámite del proceso disciplinario, son unos concejales que autorizaron mediante un acuerdo vigencias futuras en diversos proyectos del municipio. En ese proceso estamos en la etapa probatoria, ahí se aceptaron unas pruebas y se negaron otras y lo que está claro es que se está cerrando el período probatorio y ahí va a haber una decisión. En el caso de otros procesos, por ejemplo los que llegan en período probatorio, es muy díficil poner el acelerador porque rompe el equilibrio y rompe seguramente el derecho a la defensa y al debido proceso en muchos casos. Entonces ahí lo que estamos es cerrando un proceso probatorio, eso después pasa a alegatos y después pasaría a decisión, pero yo diría que, por ejemplo, en ese caso no va a haber ninguna decisión antes del 27 de octubre.

P. ¿Digamos que aquí es la gente la que tiene que tomar las previsiones de por quién va a votar?

R.

Yo creo que eso siempre sigue siendo lo más importante. La gran conclusión después de dos años  y ocho meses al frente de la Procuraduría es que los controles sociales son mucho más efectivos que los controles de los propios organismos de control, y que la gente es, mediante el voto, la que rechaza ese tipo de prácticas. No hay mejor mecanismo de control y sanción social que el voto de la gente el día de las elecciones. Y obviamente veníamos era acostumbrados a que el voto se compraba, se vendía y distorsionaba por completo el resultado y la voluntad del elector. Yo creo que eso está llegando al fin, por fortuna, y estos casos que hemos comentado, en donde, por cierto, hay que acabar con la impunidad que era característica en Colombia, nos llevan a que la gente tenga una mayor capacidad de conciencia y de cultura política y comenzar a darle la vuelta a este tema político, a ver si tenemos un voto limpio, que es la gran obsesión de la Procuraduría.

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